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La semana pasada, las delegaciones del Gobierno y del Eln dieron a conocer la agenda definitiva de los diálogos de paz. Se trata de un documento de seis puntos que en esencia recoge la agenda que ya habían pactado el Gobierno de Juan Manuel Santos y esa guerrilla, y que la amplía con temas más concretos a desarrollar.
El punto que ha levantado más polémica es en el que se propone revisar el modelo económico del país. En la agenda quedó como el 2.2, y dice: “Examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”. Esto representa un cambio radical frente a lo que fueron las negociaciones con las antiguas Farc en La Habana, en las que para el Estado colombiano esa fue una línea roja: no negociar el modelo económico. En ese segundo punto, que de manera genérica se denomina Democracia para la paz, también se incluyó el tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social.
El documento también habla explícitamente de un cese al fuego y hostilidades de carácter bilateral para la superación del conflicto armado.
Lea aquí la agenda completa.
Tras conocerse la agenda, varios de los arquitectos de la negociación con las FARC criticaron el proceso que se está llevando con el Eln. Sergio Jaramillo, comisionado de Paz durante el Gobierno de Santos, quien dijo a La W Radio: “En esa agenda, el Eln le metió todos los goles al Gobierno”.
En esa entrevista, Jaramillo agregó: “El Gobierno Petro heredó una agenda general, ambigua, pero esas ambigüedades que había en la agenda me parece que se resolvieron todas a favor del ELN”, señaló el excomisionado de Paz.
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Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno Santos con las FARC en Cuba, también se pronunció a través de una carta enviada a José Félix Lafaurie, miembro de la delegación de Gobierno en las negociaciones con el Eln. En la misiva, De la Calle decía que le preocupa que en la agenda quedará consignado que los acuerdos parciales son de implementación inmediata. “Es inquietante porque puede suceder que el Eln busque mantener las armas durante un plazo posterior al acuerdo final, o incluso negarse a su dejación, cuando muchos de los acuerdos ya habrán sido convenidos”, decía en la misiva.
Este domingo, Lafaurie le respondió a Del Calle en la columna semanal que tiene en el portal Contexto Ganadero, donde afirmó que la agenda con el ELN es muy distinta. Según el líder gremia, esa guerrilla “exigió debatir primero la participación de la sociedad en la construcción de paz, porque, al parecer, quieren mostrar resultados tempranos en la vida de la gente en las regiones, porque toda la gente, no solo las víctimas, es objeto de la paz”.
Pero más allá del rifirrrafe entre el ‘petrismo‘ y ‘santismo’, ¿qué tantas diferencias y similitudes hay entre la agenda del ELN y la que tuvieron en su momento las FARC?
Dentro del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, resultado del encuentro exploratorio entre el Gobierno y las FARC en febrero de 2012, salió una agenda encabezada por el punto “Política de desarrollo agrario integral”.
Acá, entre el Estado y la extinta guerrilla comenzaron a esbozar la Reforma Rural Integral, tomando como pilares fundamentales el acceso y uso de la tierra, los programas de desarrollo con enfoque territorial (en minúscula, porque por ese entonces no estaban institucionalizados), la adecuación de tierras (que ahora se expresa como un brazo del Fondo de Tierras y su intención de titular y formalizar predios en el campo), el desarrollo social, el estímulo a la producción agropecuaria y las garantías de seguridad alimentaria. Lea también: Comisión de Paz del Congreso pidió a grupos armados que acaten el cese al fuego
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Todos estos puntos se trasladaron con éxito al primer punto del Acuerdo de Paz. Diametralmente se abordaron los problemas más estructurales que dejó la guerra en la ruralidad y por eso no es fortuita la altísima relevancia de esta parte del Acuerdo Final.
Si miramos su par en el Pacto de México, denominación para la agenda en conjunto con el ELN, vemos que su tercer punto llamado “transformaciones para la paz” aborda temas de desarrollo y política social similares a los de La Habana, pero incluyendo el componente urbano y el etnodesarrollo.
Aquí, los negociadores encabezados por Otty Patiño (gobierno) y Pablo Beltrán (ELN) acordaron “políticas, planes y programas que superen el conflicto agrario histórico, relativos al ordenamiento ambiental y territorial dirigidos a la recuperación sostenible y productiva de los territorios urbanos y rurales, la restauración y protección de la Madre Tierra”; políticas para superar índices de pobreza, exclusión social y degradación ambiental y planes de desarrollo alternativos que incidan en los planes de vida de las poblaciones. Lo que transversaliza esto es la idea de una altísima participación de sociedad civil (que además de ser el primer punto de la agenda, tiene incidencia en todo el documento).
Volvamos a La Habana. El segundo punto es el de “Participación política”, tal vez uno de los elementos que más despertó ampollas dentro de la oposición de
Santos, al darle estatus político a las Farc y permitir que tras el fin de la guerra pudieran participar en contiendas electorales y espacios populares de participación de forma legal.
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Aquí se propuso una apertura a los nuevos movimientos que surgieran después de la firma del Acuerdo de Paz (en este caso, el partido Comunes); mecanismos democráticos de participación y medidas de promoción para la participación en la política electoral.
La “Democracia para la Paz”, segundo punto de la agenda con el ELN, a pesar de que toca temas similares al de su par en La Habana, como la revisión de mecanismos de participación y la incidencia de los civiles en la construcción de poder ciudadano mediante la democracia, tiene puntos diametralmente diferentes que de hecho en las negociaciones con las Farc eran innegociables: la examinación al modelo económico y del régimen político.
El fin del conflicto para el Acuerdo de La Habana inició con un tema que aún no se ha pactado con el ELN: el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Este eje se toca en el Pacto de México apenas en el numeral 5.5, como una condición para la superación del conflicto armado. De hecho, queda opacado en el documento por otros pactos como el de “erradicar el paramilitarismo”, desarrollar acciones humanitarias, definir la situación sociojurídica del ELN y elaborar una ruta para garantizar la condición política de los miembros de esa guerrilla cuando haya un acuerdo de paz.
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En el apartado de “Víctimas” realizado en Cuba, las Farc y el Estado se comprometieron a resarcir a los más afectados por la guerra a la luz de sus derechos humanos y la verdad. Ese fue el primer paso, bastante rudimentario, de la elaboración del Sistema Integral para la Paz.
De hecho, en ambas agendas este punto es bastante similar. A lo largo del Pacto de México se habla de verdad y reparación; se hacen alusiones a la justicia y la memoria, pero con un detalle que no se discutió en Cuba: la asunción del ambiente como víctima.
Esto, a pesar de no estar presente en la agenda de paz de 2012 no es un tema novedoso. El Informe Final de la Comisión de la Verdad le dedicó páginas a la naturaleza como una víctima silenciosa de la guerra y voces autorizadas en el biodesarrollo colombiano Rodrigo Botero o el exministro Manuel Rodríguez Becerra han hecho llamados continuos para contemplar esta afectación del ELN a poblaciones petroleras y litorales.
El punto final de ambas agendas tiene que ver con los planes generales de ejecución y verificación de lo pactado. En el papel, el elaborado en el gobierno Santos es un poco más detallado al referirse al rol de acompañamiento de países garantes, al establecimiento de un cronograma, de presupuestos, herramientas de difusión y comunicación (como las emisoras de paz) y los mecanismos de refrendación.
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En el proceso con el ELN ya no hubo ni habrá fases exploratorias (secretas) como sucedió en La Habana. La confirmación de eso la da un numeral del último punto de la agenda en el que se establece por ambas partes que “el plan y los acuerdos que contiene serán objeto de validación democrática por medio de la participación de la sociedad en el proceso de paz, de principio a fin”.
Se espera que Santos, Petro y Rodrigo Londoño (líder de Comunes) se reúnan en las próximas semanas para hablar de los empalmes entre la Paz Total y la implementación del acuerdo con las Farc. Mientras eso sucede, los ánimos siguen caldeados y con la preocupación de los firmantes de paz sobre lo que ocurrirá con su pacto con el Estado mientras el gobierno negocia con otros grupos.
Esto, coyunturalmente asociado con el desplazamiento de más de 200 familias en Mesetas (Meta) por disidencias; hecho que a Londoño le hizo enviarle este mensaje al presidente Petro: “La acción de este grupo y de otros con los que usted pretende llegar a un acuerdo para la Paz Total han apropiado el deseo de hacer trizas el Acuerdo de Paz. Increíblemente, todo ello pasa y es del conocimiento de funcionarios de su gobierno”.
También, de acuerdo con Londoño, una “consolidación de paz con el ELN no debe ser algo que excluya los acuerdos que ya ha hecho el gobierno en el pasado”.