Justo en medio de un momento de tensión en el tablero de la paz total con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) —el grupo que se separó de Iván Márquez y que recientemente declaró en pausa el proceso—, la Segunda Marquetalia volvió a quedar en el centro del debate por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con esa estructura al mando de Wálter Mendoza, se pronunció este 23 de marzo y rechazó cualquier vínculo entre ese proceso con la Coordinadora Nacional y el crimen, que, según el testimonio recogido por la revista Semana, habría sido ordenado por José Aldinever Sierra Sabogal, conocido como “Zarco Aldinever”.
“La delegación gubernamental de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano rechaza enfáticamente la asociación que de manera irresponsable se ha pretendido adelantar entre nuestra mesa de diálogos y el crimen cometido contra el senador Miguel Uribe Turbay. La Coordinadora Nacional, grupo con el cual adelantamos conversaciones actualmente, se separó de la Segunda Marquetalia en noviembre de 2024 y, anteriormente, aunque la Segunda Marquetalia había llegado a nuestra mesa de diálogos de paz después de ese primer evento, nunca volvió a acompañar estos esfuerzos”, dijo Novoa en un video difundido en redes sociales.
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El jefe negociador agregó que, tras el homicidio, ambas delegaciones —la del Gobierno y la de la Coordinadora— emitieron un comunicado en el que rechazaron el hecho y pidieron la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación.
Esa entidad dio a conocer este martes que se emitieron siete órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia por el asesinato del senador.
Las personas buscadas por el crimen son Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”; Géner García Molina, conocido “John 40″; José Manuel Sierra, conocido “Zarco Aldinever”; “Rumba”; Alberto Cruz Lobo, conocido como “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, conocido como “Gonzalo” o “Chalo”; y Kendric Téllez Álvarez, conocido como “Yako”.
Sobre “el Zarco Aldinever”, la Fiscalía afirmó que emitió la orden de captura porque está vivo y descartó que hubiera muerto en Venezuela en agosto pasado tras un ataque del ELN.
Sin embargo, el 11 de agosto de 2025 el mismo Ministerio de Defensa había confirmado su muerte.
El debate electoral
Otro punto al que se refirió Novoa fue al uso de este caso en el terreno electoral. En plena campaña presidencial, la candidata Paloma Valencia cuestionó a su rival Iván Cepeda y lo señaló de haber “facilitado fugas” e “impedido extradiciones” de miembros de la Segunda Marquetalia.
Cepeda respondió que se trata de ataques políticos y habló de una “campaña sucia” en su contra y contra el Gobierno, en medio de una contienda marcada por la confrontación entre el petrismo y el uribismo. Ante estos debates, Novoa insistió en que el caso no debe ser utilizado con fines políticos.
“El debate electoral que hay en curso en la actualidad no habilita a nadie para, en forma irresponsable, tergiversar la realidad de los hechos y tratar de desinformar a la opinión pública en medio de mentiras, montajes y falsas informaciones, que es lo que estamos viendo con la publicación de la revista Semana del pasado fin de semana”, añadió el miembro de la delegación del Gobierno.
¿En qué va el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano?
La semana pasada, ambas delegaciones tuvieron una reunión en la Casa de Nariño para conversar sobre algunos puntos que han generado tensión en el tablero de paz, que –según dio a conocer la delegación de la disidencia– quedó en pausa el pasado 16 de marzo.
Aunque, según el comunicado del grupo, la decisión respondería a la muerte en medio de un operativo del Ejército de Alexander Rondón, conocido como “Machaco” y miembro de esa estructura, Colombia+20 conoció que también tendría que ver con el proceso que se adelanta sobre la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y a compromisos presuntamente adquiridos por el Gobierno.
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De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el Gobierno se había comprometido a trasladar a Geovanny Andrés Rojas, conocido como “Araña”, una vez arrancara la ZUT, pero en los últimos días habría afirmado que no está en condiciones de cumplir con ese acuerdo.
Ese tema fue uno de los que abordaron en el encuentro de la Casa de Nariño, pero sigue sin resolverse. Las partes continúan en consultas sobre las condiciones jurídicas para permitir el ingreso de integrantes de la disidencia a la ZUT, una figura central en la arquitectura de estos diálogos.
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