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El intento de asesinato contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, encendió una alerta importante en el contexto político colombiano. El hecho fue condenado por todos los sectores y ha sido interpretado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas como un recordatorio de que en un momento en que el país se prepara para nuevas elecciones se necesita un “trabajo por la paz” de parte de todos los colombianos.
Así se desprende del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia publicado este lunes y que cubre el periodo del 27 de marzo al 26 de junio de 2025. El documento presenta un panorama mixto sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz y los desafíos políticos, sociales y de seguridad que enfrenta el país. Aunque destaca avances importantes en varias áreas del Acuerdo, también subraya las limitaciones persistentes, la violencia contra excombatientes y líderes sociales, y las tensiones derivadas del contexto político preelectoral.
El documento, el último bajo el liderazgo de Carlos Ruiz Massieu que a finales de este mes dejará el país para irse a Haití, señala que las tensiones políticas han aumentado en el marco del calendario preelectoral y aunque afirma que, por ahora, no se trata de un patrón generalizado ni de una amenaza inminente a los comicios, sí revela la persistencia de riesgos que pueden afectar la participación política y la percepción de garantías democráticas en algunas regiones.
“Ahora que el país está entrando en un período en el que las próximas elecciones pueden contribuir a exacerbar las divisiones políticas, confío en que el trabajo por la paz en interés de todos los colombianos pueda seguir avanzando en un espíritu de cooperación en todo el espectro político”, pide el informe.
Además, se afirma que el secretario general de la ONU, António Gutérres, ha pedido una investigación a fondo para llevar a los responsables ante la justicia. “El incidente recordó la violencia política del pasado y suscitó preocupación por las garantías de seguridad en el próximo proceso electoral. Se pusieron en marcha iniciativas para promover compromisos interpartidistas de no violencia”, dice el informe que se presentará este viernes 18 de julio ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
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El documento trimestral también reconoce que se ha logrado la reducción de la violencia y señala que el Acuerdo de 2016 es la vía para consolidar la paz
“Se han logrado avances históricos en la reducción de la violencia, la ampliación del espacio político y el inicio de una labor pionera para establecer la verdad y hacer justicia. El Acuerdo Final sigue siendo una hoja de ruta vigente para consolidar la paz. El hecho de que problemas críticos sigan limitando los dividendos de la paz en regiones aún afectadas por el conflicto es un llamado a redoblar los esfuerzos para implementar el Acuerdo, particularmente las disposiciones que son de largo plazo y cuyo objetivo es superar los factores estructurales que han alimentado el conflicto”, dice el informe.
El atentado contra Miguel Uribe motivó la creación de iniciativas interinstitucionales como el “Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia”. El ejercicio, liderado por la Defensoría del Pueblo y respaldado por la Conferencia Episcopal, la Misión de la ONU, la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, fue celebrado por la Misión de la ONU así como que los partidos políticos hayan condenado el ataque.
“Celebro también que los líderes colombianos de todos los partidos se hayan unido para condenar enérgicamente la reciente violencia política. Eliminar la violencia de la política y promover la participación política inclusiva son objetivos centrales del Acuerdo”, dice el documento.
El informe señala que el proceso político en Colombia se ha visto tensionado por debates entre el Ejecutivo y el Congreso en torno a las reformas sociales y por la intención del presidente Petro de consultar a la ciudadanía sobre una posible asamblea nacional constituyente en 2026.
“Aumentaron las tensiones políticas vinculadas a la dinámica preelectoral, que se manifestaron en los debates entre el Ejecutivo y el Congreso sobre las reformas sociales propuestas. Las diferencias comenzaron a agudizarse en mayo, después de que el Presidente presentara una solicitud ante el Senado para celebrar una consulta popular”, dice el documento.
A nivel institucional, el informe destaca la reactivación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, así como el decreto que formalizó el Programa de Protección Integral para excombatientes. Sin embargo, también advierte que muchos de estos mecanismos que están relacionados con la participación política aún enfrentan limitaciones de cobertura, financiación y coordinación interinstitucional. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, por ejemplo, sigue inactiva desde hace casi un año.
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¿Cómo va el Acuerdo de Paz?
En materia de implementación del Acuerdo firmado en 2016, sigue aumentando la preocupación por la seguridad de los excombatientes de las antiguas FARC y por las crisis humanitarias en las distintas regiones.
La situación de seguridad continúa siendo crítica en varias regiones. Durante el trimestre se registraron 10 asesinatos de excombatientes, sumando 470 desde 2016. Se destacan hechos de violencia graves en el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) desplazaron a más de 65.000 personas. También se documentaron ataques del EMC y del Clan del Golfo contra la Fuerza Pública y la población civil en departamentos como Cauca, Antioquia, Córdoba, Chocó y Guaviare.
La ONU expresa preocupación por la falta de respuesta efectiva, las restricciones presupuestarias y la ausencia de una estrategia humanitaria integral. Entre enero y junio se reportaron más de 168.300 personas afectadas por emergencias humanitarias, incluidos 67.800 desplazados y 98.700 confinados.
Además, se afirma que los continuos cambios del Gobierno en distintos ministerios y otras entidades han dificultado hacer seguimiento a las garantías de seguridad.
“En los últimos meses, el Gobierno se ha esforzado por acelerar las políticas de implementación de las garantías de seguridad. Sin embargo, los recientes cambios en las carteras relacionadas con la seguridad obstaculizaron la continuidad y ralentizaron los avances, entre otras cosas en relación con algunas de las disposiciones más importantes sobre garantías de seguridad del Acuerdo. Entre las disposiciones de garantías de seguridad afectadas figuran el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, y el Programa de Protección Integral para excombatientes”, dice el texto.
Pese a ello, se ha logrado avances importantes en la reincorporación, con el 95% de los excombatientes activos habiendo completado sus planes individuales, y en la adquisición de tierras, con 577.000 hectáreas destinadas al Fondo de Tierras.
Sin embargo, el informe destaca que persisten retrasos en la formalización de propiedad, riesgos de seguridad en los territorios, y lentitud en la ejecución de proyectos productivos colectivos, particularmente los liderados por mujeres. La reforma rural avanza lentamente, con solo el 7% del objetivo de adjudicación de tierras cumplido (3 millones de hectáreas en total) y un 47% en la formalización. Además, se reportan avances en restitución, pero con obstáculos judiciales y de seguridad, y una baja ejecución presupuestal de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En cuanto a justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe celebra la convocatoria de las primeras audiencias de verificación, paso previo a la imposición de sanciones propias, uno de los tres tipos de sanciones que tiene ese tribunal de paz.
Se espera que estas sean dictadas en el segundo semestre de 2025. La Misión enfatiza la necesidad de que el Gobierno garantice condiciones para su implementación.
“Ante la proximidad de la emisión de las primeras sanciones propias, la Misión ha recalcado que es fundamental que el Gobierno garantice que se dan las condiciones para su implementación. Estas condiciones incluyen, entre otras, la financiación de proyectos restaurativos y el establecimiento de las condiciones de seguridad y de vida necesarias para que las personas sancionadas lleven a cabo los proyectos restaurativos. Ante las dificultades administrativas y fiscales, las entidades del Gobierno siguieron dando pasos en ese sentido”, dice le informe.
Y agrega que es “esencial” llegar a acuerdos interinstitucionales para garantizar que los pronunciamientos de la Jurisdicción Especial para la Paz “puedan beneficiar las víctimas sin demora”.
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En el marco del caso sobre violencia sexual (caso 11), la JEP convocó las primeras versiones voluntarias de miembros de la Fuerza Pública.
Sobre los procesos de paz total en curso, el informe reporta avances limitados. Con el la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), el Gobierno suspendió el cese al fuego en abril pero acordó una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33 en Tibú, Norte de Santander.
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Con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) se acordó la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos y el inicio de procesos de desminado y entrega de armas.
Los Comuneros del Sur, el frente que se dividió del ELN, entregaron más de 585 artefactos explosivos y firmaron compromisos relacionados con minería y sustitución. En las ciudades, el piloto de paz urbana en Medellín continúa, pero los diálogos están suspendidos en Buenaventura y Quibdó. Aún no existe un marco jurídico claro para este tipo de negociaciones.
Por último, el secretario general de la ONU nuevamente recomendó que el diálogo debe hacer con “actores armados que demuestren el compromiso necesario y debe centrarse en el bienestar de las poblaciones locales” y que debe ir junto a una estrategia de seguridad sólida.
“Hago un llamado a todos los implicados en los esfuerzos de diálogo para que mantengan la vista puesta en el objetivo último de resolver los conflictos en curso por el bien de las generaciones actuales y futuras de colombianos y colombianos”, dijo el informe.
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