La lucha por consolidar la primera Zona de Reserva Campesina de Tumaco

La petición formalizaría 5.800 hectáreas de tierra de distintas poblaciones en Tumaco (Nariño).

Una de las primeras apuestas de la nueva administración del ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible es reconocer al campesinado colombiano como sujeto de especial protección constitucional, una figura similar a la que tienen los pueblos étnicos como los indígenas y los afrocolombianos. Su propuesta no es fortuita, de hecho, ese reconocimiento ha sido el reclamo del movimiento campesino en distintas regiones, como lo muestra precisamente la llegada a Bogotá el pasado 6 de agosto de una delegación de campesinos del corregimiento Llorente (Tumaco, Nariño) con una petición concreta al nuevo Gobierno: que consoliden la primera Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el Pacífico Nariñense.

Mario Oliveros, líder de la Asociación Porvenir Campesina de Tumaco (Asoporca), explicó que la petición que formalizarán ante la Agencia Nacional de Tierras pretende que 21 veredas de Tumaco en las que residen más de 6.000 campesinos y que cubren una extensión de unas 5.800 hectáreas aproximadamente se conviertan en una de estas zonas creadas para fomentar y estabilizar la economía rural. Las poblaciones que se beneficiarían son Pueblo Nuevo, Pandil, Espriella, 16 de agosto Candelilla, El Porvenir, Pulgande, Paraíso, La Variante, Gualtal, Kilómetro 58 La Chorrera, San José de Caunapí kilómetro 60, El Carmen kilómetro 63, Llorente, Baquerío kilómetro 70, El Pinde, La Viña, La Guayacana, Kilómetro 85, Kilómetro 88, Kilómetro 91 y Los Olivos.

Con el recrudecimiento del conflicto armado, la presencia de nuevos actores en los territorios tras la salida de las antiguas Farc y las victimizaciones que se han vivido en Nariño en los últimos dos años y medio, los líderes de Asoporca decidieron organizarse para crear estrategias de autoprotección a través de algunas cabezas visibles de las veredas. La preocupación por los ataques es latente. La Unidad Indígena del Pueblo Awá de Tumaco, por ejemplo, ha documentado 19 amenazas, 14 homicidios y siete desapariciones forzadas a la población que reside en esa zona.

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Una de sus prioridades para hacerle frente a la violencia es la consolidación de Guardias Campesinas con lo que pretenden elegir algunos líderes y lideresas que velen por la seguridad y los derechos humanos de esa región. En zonas como Nariño, Cauca, Meta, el Magdalena Medio y Catatumbo hay presencia de estas guardias que son quienes se encargan de la seguridad y el orden en los territorios. Esta labor es similar a la que cumplen las guardias indígenas o cimarronas. “Ahora no podemos tener las guardias porque no tenemos un respaldo institucional que nos permita ejercer esa autoridad en nuestras veredas. En Tumaco hay consejos comunitarios y resguardos indígenas, pero los campesinos somos excluidos”, cuenta Oliveros.

Ricardo Arboleda, presidente de Asoporca, explica que la importancia de la titulación colectiva como reserva campesina radica en que “esa sería una forma de blindarnos de victimizaciones que se dan y sobre las que no podemos hacer nada. Es una estrategia también para hacerle frente a la estigmatización que vivimos por ser campesinos”.

Asoporca es, por ahora, la única organización netamente campesina de Tumaco. Los últimos años se han dedicado a acompañar a las 4.298 personas titulares que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y a las que, según denuncia la organización, les han incumplido en la implementación de los proyectos productivos.

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Una de sus propuestas es que al consolidar las guardias campesinas puedan articularse con las guardias indígenas y las cimarronas que operan en la región. “Antes trabajábamos cada uno por su lado, pero desde el Paro Agrario de 2017 entendimos que teníamos que unirnos porque nuestros propósitos son comunes. La idea es tener comunicación constante y lograr garantías de seguridad en Tumaco y sus veredas”. Según ellos, aunque la guardia campesina tiene legitimidad en el territorio nunca ha podido ser una realidad porque “no hay garantías de seguridad” para consolidarla.

Por ahora, en Colombia hay 64 Zonas de Reserva Campesina que están funcionando de facto en el territorio sin ayuda estatal (13 ya reconocidas o en trámite, 12 que están proyectadas con delimitación de hectáreas y 39 proyectadas sin delimitación). Uno de los espíritus de estas ZRC es que funcionen como áreas protegidas y que las poblaciones beneficiadas controlen la frontera agropecuaria y los proyectos extractivistas del país.

Algunos de esos requerimientos fueron consignados en la nueva Agenda Nacional Campesina de Colombia, que más allá de pedir que se cumplan las históricas promesas incumplidas entre otros gobiernos y los campesinos, además de la implementación del Acuerdo de Paz, aseguran que necesitan otros espacios de participación política y representatividad en la nueva administración. Para ello, por ejemplo, plantean la importancia de crear una Política Pública del Campesinado “que inicia por consensuar una metodología donde al campesinado se le garantice su participación decisoria y representativa”.

Otra de las peticiones está relacionada con la creación de una jurisdicción rural intercultural e integral, en reemplazo de la jurisdicción agraria que existe en Colombia desde 1989 a través del Decreto 2303. Eliécer Morales, líder campesino de la Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro y quien estuvo al frente de la estructuración de la Agenda Nacional Campesina señaló que “a raíz de nuevos ordenamientos territoriales, se han generado un sinnúmero de problemas entre las comunidades que van más allá del tema agrario, relacionadas por ejemplo con lo que significa la vida en el campo o las tensiones que se generan ente comunidades afro e indígenas y los campesinos”. Explica también que la idea es que estos tribunales sean interculturales y que reconozcan como independientes a las autoridades de cada pueblo.

Solicitan protección colectiva a la UNP

Los campesinos de Tumaco (Nariño) radicarán en septiembre una solicitud ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para recibir protección colectiva para las 21 veredas. Su petición contempla que les entreguen vehículos blindados para el transporte de la comunidad. “La idea no es que allí se transporten los líderes, sino que los usemos con cualquier persona de la comunidad que lo requiera en los municipios que más estén en riesgo”, explica Mario Oliveros.

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Asoporca dice que se ha venido preparando para eso. Consolidaron comités al interior de su organización como el Juvenil y el Agrario con los que pretenden establecer alianzas con los grupos y autoridades étnicas de la región. “La idea es generar un mecanismo de comunicación segura y efectiva que nos permita emitir alertas cuando haya que trasladarse o hacer alguna gestión”.

Algunas de sus peticiones son similares a las que se lideran desde el Congreso de la República para darles legitimidad y reconocimiento a esta población. El Partido Comunes radicó el pasado 25 de julio un proyecto de ley que busca reglamentar las Guardias Campesinas y avanzar en la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz que pretende solucionar el problema de las drogas.

Mario Oliveros, líder campesino de Tumaco, es claro con la petición de su comunidad: “Hemos tenido que hacer manifestaciones campesinas para que se cumpla lo pactado en La Habana y para que a los campesinos nos tomen en serio, que todo vaya más allá de simplemente vernos como veedores y no como actores políticos. Ya llevamos cinco años cumpliendo el Acuerdo de Paz y todavía hay gente que no tiene seguridad alimentaria. Lo único que pedimos es que no se cierre la posibilidad de cambio con este Gobierno”.