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Catatumbo atraviesa una fase de degradación humanitaria que las organizaciones sociales no dudan en calificar como la peor en años. Así lo muestra el informe de la Comisión de Verificación Humanitaria, que visitó del 12 al 14 de noviembre cuatro de los puntos más críticos de esa región de Norte de Santander: Filogringo, Campo Seis, Bertrania y Versalles.
El documento, dado a conocer hace unos días, sostiene que la región aún enfrenta confrontaciones constantes entre el ELN, el Frente 33 del Estado Mayor de los bloques y Frente (la disidencia de Calarcá) y la fuerza pública, una dinámica que se ha trasladado progresivamente a las zonas pobladas y ha puesto a las comunidades en el centro del fuego cruzado.
Además de los testimonios y hallazgos en el terreno, el informe cuantifica la magnitud del deterioro. Según las cifras, la Comisión registró 123 infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellas ataques indiscriminados en zonas pobladas, afectaciones a bienes civiles, uso de artefactos explosivos improvisados y presencia de minas antipersonales en caminos, viviendas y espacios comunitarios. A esto se suman 73 violaciones a los derechos humanos, que incluyen desplazamientos forzados, confinamiento, afectaciones a la educación, restricciones a la movilidad, amenazas contra liderazgos comunitarios y riesgos específicos para mujeres, jóvenes y población migrante.
El conjunto de estas cifras confirma que la crisis no es solo territorial o militar: se trata de un patrón sostenido de violencia que está vaciando pueblos y veredas y acabando con la vida cotidiana de Catatumbo.
Casas y caminos minados
Uno de los elementos más alarmantes identificados por la Comisión es el uso recurrente de drones para ataques con explosivos. Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de Vivamos Humanos, organización participante de la misión, resume así lo que encontraron. “Tú vas a estos lugares y fácilmente encuentras las esquirlas o las casas destruidas por los drones”, dijo. Además, la coordinadora advierte que estos artefactos se emplean constantemente, tanto para vigilancia como para ataques, incluso “en pleno casco urbano en casas y colegios”.
La Comisión registró 41 reportes de explosivos en Campo Seis, 26 en Filogringo y 12 en Versalles, además de una presencia significativa de minas en Bertrania. En varios sectores esto incluye viviendas convertidas en trampas. “La presencia de minas antipersonales en los caminos principales, cerca de parcelas, de escuelas o de viviendas civiles, incluso muchos de estos minados, casas minadas, están dentro de los pueblos”, explica Mejía.
Según el informe, “han caído explosivos en casas cerca de colegios, en la entrada de los pueblos, incluso en cementerios”, dejando restos visibles en las calles.
Aunque la verificación para este informe se realizó en noviembre, la escalada comenzó antes. El punto de quiebre fue el 16 de enero de 2025, cuando los combates entre el ELN y el Frente 33 iniciaron la crisis humanitaria en Catatumbo, considerada la peor en Colombia de los últimos 20 años. Esa oleada dejó más de 65.000 personas desplazadas y cerca de 13.000 confinadas.
Los choques incluyeron enfrentamientos prolongados, ocupación de terrenos comunitarios, instalación de minas y múltiples reportes de drones cargados con explosivos, iniciando una fase de inestabilidad en esa región de Norte de Santander que hoy, casi un año después, ha alcanzado un nivel de degradación sin precedentes. Desde entonces, los pobladores han debido suspender ciclos agrícolas, abandonar sus casas y vivir encerrados durante semanas.
Desde entonces, las confrontaciones entre el ELN y el Frente 33 no solo continúan, sino que se dan cada vez más cerca de las viviendas. La delegación confirmó que escuchó combates durante su visita, a escasos kilómetros de distancia y que después de su salida del territorio recibieron alertas que confirmaban que la violencia seguía. “Incluso hace unos días había combates cerca de Campo Seis”, explicó Mejía.
En contexto: Se registran combates entre disidencias de las Farc y Eln en Catatumbo: esto se sabe
Veredas fantasmas y niños sin año escolar
La intensidad de las hostilidades ha provocado un vaciamiento progresivo de las veredas. Algunas parecen, en palabras de Mejía, “casi fantasmas”. El caso más dramático es Versalles: “Eran más de 300 núcleos familiares y en este momento tal vez solo hay 30”, explica la coordinadora.
El desplazamiento masivo, el miedo y la presencia de minas han fracturado la vida comunitaria. Las familias no solo abandonan sus casas, sino que dejan sus huertas, sus animales, los lazos que sostenían lo colectivo y las estructuras de participación que mantenían la cohesión del territorio. La ruptura de ese tejido social es una de las pérdidas más profundas identificadas por la Comisión.
La crisis educativa es otro de los impactos más graves. Más de 1.000 niños y adolescentes vieron afectado su acceso a la escuela. Las instituciones tuvieron que cerrar por detonaciones, drones volando sobre los patios, explosivos sin detonar en los alrededores o porque las rutas escolares están minadas.
La pérdida del año escolar es casi total en varias veredas, y el informe señala un aumento del riesgo de reclutamiento forzado, especialmente entre niñas y adolescentes. Muchas familias optan por desplazar a sus hijos para protegerlos; otras, por encerrarlos en casa durante semanas. En la mayoría de los casos, las mujeres asumen una sobrecarga de cuidado que dificulta aún más la posibilidad de trabajar, desplazarse o participar en actividades comunitarias.
El confinamiento afecta a numerosas veredas de Guachimán, Villas del Río, Campo Seis, Nazareth y otras zonas aledañas. La movilidad es tan limitada que los habitantes pueden pasar días sin salir. “Las familias en este momento no pueden salir a abastecerse”, explica Mejía, una situación que ha profundizado la crisis alimentaria en el territorio.
El impacto emocional también es severo. El informe documenta casos de ansiedad, depresión, insomnio, enuresis infantil, ruptura del tejido comunitario y afectaciones físicas derivadas del miedo. Mejía menciona haber encontrado personas con “parálisis facial y parálisis física” después de haber estado expuestas a explosiones cercanas o a la tensión prolongada de los combates.
El riesgo de las elecciones
La situación de los liderazgos comunitarios también es crítica. Más de 51 integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC) han sido desplazados, confinados o asesinados. Muchos presidentes de JAC han abandonado sus veredas y no han podido ejercer sus funciones, dejando a las comunidades sin representación en un momento de extrema vulnerabilidad.
El informe señala que esto debe ser un criterio central para evaluar la viabilidad de las elecciones comunales y locales de 2026, cuya realización está en riesgo debido al control armado y las amenazas directas a líderes.
El panorama electoral del Catatumbo se agrava con la situación de las curules de paz. Mejía advierte que quienes aspiran a estos escaños han sido de nuevo víctimas en medio de la crisis. “El riesgo no es solo para quienes votan, muchos de quienes están dispuestos a postularse han vuelto a ser víctimas a partir de esta crisis y también hay riesgo para esos aspirantes. Hay dudas sobre la manera en que harán la campaña”. La Comisión observa que la presencia de grupos armados dificulta que las personas puedan desplazarse a los puestos de votación y ejercer libremente su derecho al voto.
Recomendaciones urgentes y una “tregua navideña”
Ante lo registrado, las organizaciones que estuvieron detrás del informe plantean un conjunto de acciones urgente. La primera es garantizar el ingreso seguro de asistencia humanitaria, brigadas médicas y equipos estatales capaces de verificar casos, escuchar a las familias y activar rutas de apoyo. El documento subraya que, sin condiciones mínimas de seguridad, ni el Estado ni las organizaciones humanitarias pueden ingresar al territorio. Por ello, habilitar corredores seguros o ventanas humanitarias es imprescindible para evitar que la región siga en manos de la incertidumbre.
El restablecimiento de la educación también ocupa un lugar central en las recomendaciones. No se trata solo de reabrir aulas, sino de garantizar que los niños puedan llegar a la escuela sin exponerse a explosivos, drones ni combates cercanos.
A esto se suma la urgencia de retomar la movilidad en veredas hoy incomunicadas por minas y explosivos. El confinamiento prolongado deteriora el tejido social, limita la circulación de información y profundiza la sensación de abandono. Sin movilidad, ninguna intervención estatal puede tener continuidad.
Uno de los llamados más significativos surgió de las comunidades. Según relata Mejía, los habitantes están “exigiendo un cese al fuego inmediato” y, además, enviaron un mensaje específico ante el temor de una escalada en fin de año. “Se lanzó un mensaje también de una suerte de cese al fuego durante estas festividades”, explicó la coordinadora.
Una tregua navideña y de comienzo de año que permita evitar “una nueva arremetida contra la población civil” y reducir el riesgo de que continúe la espiral violenta en diciembre. Mejía advierte que ya existen alertas sobre un posible recrudecimiento y que las comunidades están “temerosas de que estas advertencias se materialicen”, pues el panorama actual “está suficientemente degradado como para anexarle un escenario aún peor”.
El informe concluye con una advertencia contundente: la crisis humanitaria del Catatumbo “continúa degradándose rápidamente” y requiere una respuesta inmediata, coordinada y sostenida para evitar que alcance un punto irreversible.
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