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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó este domingo su profunda preocupación por la crítica situación humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander, tras una visita realizada la semana pasada por su representante en Colombia, Scott Campbell.
Durante su recorrido por Tibú y Cúcuta, Campbell denunció el creciente reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales, una práctica que se estaría facilitando mediante el uso de redes sociales como TikTok y Facebook. “Compromete a una futura generación de colombianos y prolonga la crueldad del conflicto armado”, advirtió el alto funcionario de Naciones Unidas.
Entre enero y mayo de 2025, la ONU verificó en esta región el homicidio de cuatro personas defensoras de derechos humanos, cinco masacres con un total de 18 víctimas —cuatro de ellas ocurridas en Tibú— y el reclutamiento, uso y utilización de al menos 36 menores, de los cuales un 23% eran migrantes.
Esa región fue azotada a inicios de este año con un ataque del ELN y posteriores combates con la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente, lo que derivó en la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años en el país.
De acuerdo con otras fuentes citadas por la Oficina, esta cifra podría superar los 70 casos en lo corrido del año. Campbell calificó estos hechos como crímenes y urgió a los grupos armados a cesar esta práctica, al tiempo que hizo un llamado al Estado colombiano para tomar medidas urgentes que prevengan el reclutamiento forzado.
“El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años es un crime perpetrado por parte de los grupos armados no estatales. Nosotros condenamos este crimen y urgimos a que a estos grupos se abstengan de reclutar niños y niñas y a que liberen de inmediato aquellos que tengan en su poder. Las plataformas en redes sociales facilitan este reclutamiento en Colombia. Llamo también al Estado que tiene la obligación de proteger a las niñas y los niños a tomar todas las medidas para prevenir el reclutamiento”, declaró Scott Campbell.”
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La visita también permitió constatar una situación de vulnerabilidad extrema en las comunidades del Catatumbo. Desde el 16 de enero, el Puesto de Mando Unificado ha registrado 126 homicidios selectivos y el desplazamiento forzado de 66.080 personas, de las cuales unas 900 permanecen en refugios.
Además, 11.490 personas siguen confinadas por las restricciones impuestas por los actores armados. Las autoridades locales alertaron sobre las dificultades presupuestales para atender la emergencia humanitaria, agravadas por la suspensión de recursos de USAID, y enfatizaron la necesidad urgente de garantizar acceso humanitario.
“En mis reuniones con autoridades de la Gobernación de Norte de Santander y con las autoridades de Tibú recibí información sobre el manejo de la crisis desde el 16 de enero y sobre las dificultades presupuestales y los enormes retos para la atención humanitaria de las víctimas a corto, mediano y largo plazo. Las autoridades nos informaron sobre el grave impacto que tiene la decisión de suspender los recursos por parte de USAID para la atención humanitaria. Por otro lado, agencias humanitarias en la región nos hablaron de la necesidad de garantizar el acceso humanitario, por parte de las autoridades”, señaló Scott Campbell.
La situación de los pueblos indígenas, particularmente el Pueblo Barí, también fue motivo de alarma. Sus 26 comunidades enfrentan restricciones de movilidad, instalación de minas antipersonales en sus caminos ancestrales y vigilancia territorial, lo que afecta no solo su seguridad física, sino también sus prácticas espirituales y de medicina tradicional. Campbell informó que la Unidad Nacional de Tierras se comprometió a avanzar en el cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017, que reconoce derechos fundamentales del Pueblo Barí y del campesinado.
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Durante la visita, Campbell también se reunió con la Unidad de Restitución de Tierras, que destacó los avances logrados gracias a las medidas adoptadas bajo la declaratoria de conmoción interior, incluyendo la agilización de trámites para proteger jurídicamente los predios abandonados por víctimas del desplazamiento. No obstante, insistió en la necesidad de cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, en particular la creación de la Jurisdicción Agraria como mecanismo para garantizar el derecho a la tierra y otros derechos conexos.
En materia de violencia de género, Campbell respaldó el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, que documenta al menos 56 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, de los cuales el 64% afecta a migrantes. ONU Derechos Humanos verificó siete casos emblemáticos -aunque la Defensoría habla de 56- y alertó sobre el fenómeno creciente de estigmatización y señalamiento de mujeres acusadas de colaborar con grupos armados, lo que aumenta su exposición al riesgo de feminicidio y violencia sexual. Muchas de estas agresiones se perpetran mediante redes sociales y listas de datos personales difundidas por WhatsApp.
“Durante mi visita al Catatumbo, añadió, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un informe sólido sobre la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la región. Coincidimos desde ONU Derechos Humanos con su análisis y también con sus preocupaciones”, precisó Campbell.
El ambiente hostil para las y los defensores de derechos humanos es otro de los focos de preocupación. Solo entre enero y marzo de 2025 se registraron 50 casos de amenazas, cifra que ya supera los casos reportados en todo 2024. Algunos líderes han tenido que abandonar el territorio y solicitar medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), que, según la ONU, debe implementar de forma urgente el mecanismo extraordinario creado por el Decreto 137 de 2025.
La ONU reconoció los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales para responder a la crisis, pero subrayó la necesidad de que la Fuerza Pública actúe con apego estricto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
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