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La estructura armada Comandos de la Frontera, señalada por las autoridades ecuatorianas como responsable del ataque que dejó 11 militares muertos en la provincia de Orellana, negó este sábado cualquier participación en los hechos.
En un comunicado, el grupo —adscrito a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) con quien el Gobierno de Gustavo Petro lleva un proceso de paz desde 2023— rechazó los señalamientos del Ejército ecuatoriano y aseguró que no realiza acciones militares fuera del territorio colombiano.
“La organización político-militar Comandos de la Frontera, no tiene ninguna responsabilidad en los lamentables hechos que han ocurrido en territorio ecuatoriano”, afirmaron, al tiempo que apuntaron a la posible participación de bandas criminales ecuatorianos como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, que han ganado fuerza en el país vecino en medio del auge del narcotráfico.
“Es de público conocimiento que el territorio del vecino país esta atravesando por una proliferación de grupos armados delicuenciales como los Choneros, los Lobos, los Tiguerones entre otros, y esta pude ser una acción de estas bandas criminales”, dice el documento.
Este pronunciamiento llega en medio de una creciente tensión diplomática entre Colombia y Ecuador, y amenaza con impactar uno de los procesos de diálogo más avanzados en el marco de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro.
La CNEB, de la cual hacen parte los Comandos de la Frontera, ha sostenido desde 2023 acercamientos formales con el Gobierno colombiano, en los que se ha discutido incluso una hoja de ruta hacia un acuerdo de paz definitivo.
Los Comandos de la Frontera operan en los departamentos de Putumayo, Amazonas, Caquetá y Nariño, zonas de alto interés estratégico por su conexión con rutas del narcotráfico y la minería ilegal.
En su comunicado, el grupo reiteró su “compromiso fundacional” de no realizar operaciones fuera del país y lamentó la muerte de los militares ecuatorianos. “Así como no desarrollamos acciones ofensivas contra las fuerzas militares colombianas, tampoco lo hacemos contra las de países vecinos”, sostuvieron.
Además, reafirmaron su compromiso con el proceso de paz y dijeron que ese diálogo lo vienen haciendo con “seriedad, responsabildad y compromiso” entre las partes. Y agregaron: “Estamos comprometidos con la paz en nuestros territorios y en especial en la franja fronteriza de nuestro país”.
La organización forma parte de un proceso de paz oficialmente reconocido por el Estado colombiano, y su posible implicación —confirmada o no— genera presión internacional sobre el Ejecutivo para mostrar resultados concretos en la contención de la violencia armada en las zonas limítrofes.
Aunque el proceso con la CNEB ha sido uno de los más estables entre los que adelanta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el ataque en Ecuador representa un giro que podría cambiar el tono y las condiciones de la mesa.
Colombia+20 logró establecer que la delegación de Gobierno en ese proceso de paz se encuentra “verificando” las informaciones alrededor de este hecho. Mientras tanto Ecuador exige explicaciones claras y resultados concretos. El futuro del proceso de paz con la CNEB, y la frágil relación bilateral con el país vecino, están hoy más en juego que nunca.
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