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El proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro cada vez está más cerca de convertirse en uno de paz parcial. De la ambiciosa apuesta de abrir ocho tableros de negociación, apenas dos han despegado con fuerza: el que se adelanta con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el de la disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), los únicos grupos con los que hay mesas de diálogo instaladas y andando, cese al fuego y el compromiso de la suspensión de secuestro con fines extorsivos.
Muy lejos de ese escenario, en un letargo que completa casi un año, está el proceso con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), que no solo es la organización con más personas en armas y mayor presencia territorial, sino la que tiene más potencial de expandirse. En una inactividad similar está el proceso con las bandas urbanas y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que el lunes llevaron a cabo una reunión en Santa Marta para descongelar los diálogos, pero se quedaron esperando a su invitado principal: el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.
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Colombia+20 conoció que a finales de diciembre, en Chocó, hubo encuentro informal entre el abogado Ricardo Giraldo (vocero de las AGC), el comisionado Patiño y su antecesor, Danilo Rueda. Aunque se puso sobre la mesa la voluntad del grupo de reactivar los diálogos, los días pasaron sin ningún resultado.
¿Dejó de ser prioritario para el Gobierno Nacional buscar una salida negociada al conflicto con estructuras herederas del paramilitarismo, como las AGC y las ACSN? Colombia+20 le hizo esa pregunta formalmente al comisionado Otty Patiño, pero tras una espera de varias semanas por respuestas sobre ese y otros temas hasta la publicación de este artículo, el funcionario no contestó. No obstante, para varios investigadores que le siguen el pulso al tema, la respuesta se inclina hacia un sí.
Andrés Preciado, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advierte que “si bien es positivo que haya priorizaciones, como con el ELN y el EMC”, es preocupante la falta de claridad del Ejecutivo sobre el futuro de los acercamientos con las bandas urbanas (Valle de Aburrá, Chocó y Buenaventura) y grupos como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra.
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“Esto no parece tender a una decisión clara y explícita del Gobierno, sino más a un asunto de dejar morir ciertos procesos. Hacer esto, cuando ya había unas expectativas, puede resultar muy complejo y perjudicial para la seguridad”, explica el investigador.
Además de las eventuales implicaciones en la ruptura de treguas o el incremento de confrontaciones, la suspensión de estos procesos puede afectar las dos mesas de diálogo que sí están avanzando. Para Elizabeth Dickinson, analista sénior para Colombia del International Crisis Group, esas consecuencias podrían agravarse con grupos como el Clan del Golfo (o AGC).
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“El Gobierno ya tiene las manos llenas con el ELN y el EMC, pero eso le puede caer encima porque los Gaitanistas son el grupo más grande de Colombia tanto en tropa como en capacidad. Dejarlos por fuera los convierte en un problema más importante y, además, tiene la capacidad de socavar los demás procesos”, dice.
Según la Defensoría del Pueblo, las AGC son el grupo que más se ha expandido su presencia. Pasó de 253 municipios en el 2022 a 392 el año pasado. Un reciente informe de Indepaz indica que tendría entre 9.000 y 12.000 integrantes, lo que lo convierte en el grupo armado más numeroso en la actualidad.
Carlos Espitia, quien lideró la investigación de Indepaz, asegura que “es indiscutible la capacidad de las AGC para alterar el orden público, así como es indiscutible su control territorial y poblacional, y su expansión entre 2018 y 2023. Hoy, este grupo, junto con el ELN, las disidencias de las FARC y las bandas representan las mayores amenazas para la vida y la convivencia de los colombianos”.
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El factor ELN
En zonas como el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar y el departamento de Chocó, el Clan del Golfo ha sostenido una ardua confrontación con el ELN, que tendría debilitadas a varias estructuras de esa guerrilla.
Esa sería una de las razones por las que el ELN ha reiterado la urgencia de que el Gobierno tome “medidas para frenar el avance de los grupos con antecedentes paramilitares”. De hecho, ese fue uno de los seis acuerdos del quinto ciclo de diálogos: la creación de un observatorio que permita “adoptar medidas para la erradicación, superación y no repetición” de estos grupos armados.
Según explica el investigador en conflicto y crimen organizado Jorge Mantilla, desde finales de 2023 se empezó a ver una ofensiva de la Fuerza Pública para golpear al Clan del Golfo. “El ELN casi ha sugerido que el Gobierno debe defenderlo de las AGC, porque en términos militares, la confrontación la está perdiendo la guerrilla, y la única forma de contener eso ha sido a través de la intervención de la Fuerza Pública y los alivios humanitarios, cuya geografía parece centrarse en donde el ELN está perdiendo la guerra con las AGC”.
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Al margen de esta hipótesis, los expertos consultados aseguran que si la estrategia del Gobierno va a ser pasar del diálogo al debilitamiento militar de estas organizaciones ilegales, es clave comunicárselo al país.
“Si no se va a avanzar en un proceso de negociación con el Clan del Golfo o una oferta de sometimiento más real que la actual -que seguramente el grupo desecharía-, el Gobierno debe decirlo, y habría que concentrar la fuerza del Estado en perseguir a este grupo. El final de 2023 y el comienzo de 2024 marcan que esta va a ser la parada con el Clan”, señala Preciado, de la FIP.
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En regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta también hay confusión sobre si la ofensiva será la respuesta al accionar de las Autodefensas Conquistadoras. El martes pasado, un día después de la reunión a la que no asistió el comisionado de Paz, las comunidades alertaron un enfrentamiento entre militares del Batallón de Alta Montaña y miembros de las ACSN en la vereda Los Moros, del municipio de Ciénega.
¿Qué plantean las AGC y las ACSN?
De acuerdo con el abogado Ricardo Giraldo, vocero de las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo), desde el inicio del gobierno Petro se han desarrollado fases exploratorias, pero no han avanzado por dificultades de comunicación y la ausencia de claridades frente al marco jurídico de los diálogos. Después de la suspensión del cese al fuego bilateral por parte del Gobierno, en marzo de 2023, se retiraron las resoluciones de los facilitadores del proceso y los acercamientos se fueron diluyendo.
“Las AGC tienen disposición total de conversar, pero si el Gobierno no lo desea, seguirán en sus actividades. La única condición es que se hable de un proceso de paz y no de un sometimiento, y que se respete el nombre de la organización”, asegura Giraldo.
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El lunes, desde la zona rural de Santa Marta, el Estado Mayor de las Autodefensas de la Sierra expresó que mantenían su voluntad de sentarse a hablar con el Gobierno a pesar de su inasistencia a la reunión, en la que sí estuvieron presentes delegados de la Iglesia católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y más de 300 líderes campesinos, indígenas y afros de la región. El vocero de las ACSN, conocido como Camilo, pidió que a las ACSN se le dé el mismo estatus político que se les otorgó a las disidencias de la guerrilla de las FARC, lo que abriría la puerta a un proceso de paz.
Estatus político, un tema determinante para destrabar los diálogos
Uno de los principales retos para continuar con estos diálogos de paz es precisamente ese: que ambos grupos herederos del paramilitarismo ponen como condición que el Gobierno les conceda estatus político, como ya ocurrió con la guerrilla del ELN y el EMC.
Se trata de una discusión que marca por completo el rumbo de cada proceso, pues define, entre otros puntos, si el Gobierno inicia un proceso de paz con cada organización o crea un sistema de incentivos para que se someta a la justicia.
De hecho, en el caso del sometimiento, la Corte Constitucional ordenó que sea el Congreso el que defina en qué condiciones se llevaría a cabo. Aunque el alto tribunal dejó en claro que eso aplica para las llamadas estructuras criminales de alto impacto, no hizo calificación sobre qué grupos entrarían allí, lo que deja al estatus político como un tema determinante.
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El investigador de la FIP Andrés Preciado asegura que la discusión sobre este reconocimiento ha derivado en una larga controversia en la historia reciente del país, y de hecho ve con preocupación la decisión del Gobierno de habérselo concedido a las disidencias de las FARC.
“En el caso del Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra, por más que quieran reclamar ese estatus, el consenso es que no gozan de esas características por la tradición histórica. Sin embargo, los argumentos que el Gobierno ha esgrimido para darle estatus político a la Segunda Marquetalia y el EMC no son muy distintos de los que podría tener para dárselo al Clan del Golfo, pero acá parece haber una distancia más ideológica que técnica”, explica.
Sin embargo, para la investigadora Elizabeth Dickinson, si se llegara a reactivar cualquiera de estos dos tableros de negociación, antes de un debate sobre el carácter político o una preagenda el primer paso es establecer un canal de diálogo que permita avanzar: “Hay una falta de confianza enorme, una brecha extrema por muchos malentendidos en el último año y medio, por ambos lados. Falta construir un canal de confianza que permita tomar el pulso de si el grupo está dispuesto a dialogar.
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Por supuesto, plantear esos pasos dependerá de las claridades que ponga sobre la mesa el Gobierno frente al futuro de estos diálogos, un tema en el que el Ejecutivo parece no haber tomado una decisión, pero que marcará completamente los próximos meses y cuyo impacto humanitario podría afectar la vida de miles de pobladores en las zonas que se mantienen en disputa.
