El candidato a la curul de paz en Chocó señalado de ser cercano a parapolítico

Las maquinarias tradicionales son fuertes en el Chocó y controlan el panorama electoral del departamento.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El abogado James Hermenegildo Mosquera asegura que fue amenazado por un grupo guerrillero en Istmina, Chocó, el pasado 27 de octubre. Al menos así consta en la declaración de la Unidad de Víctimas efectuada en Bogotá apenas cuatro días hábiles más tarde, el 2 de noviembre del 2021. La supuesta amenaza ocurrió justo cuando el nombre de James Hermenegildo Mosquera comenzó a sonar como posible candidato a la curul de paz del Chocó.

Gracias a esa declaración, James Mosquera obtuvo reconocimiento como víctima del conflicto armado el 22 de noviembre de 2021, tras validarse su admisión en el Registro Único de Víctimas. No había transcurrido siquiera un mes desde el presunto hecho victimizante y aquello levantó las sospechas de la Mesa Departamental de Participación Efectiva para las Víctimas en el Chocó. El vocero de la mesa, Blasney Mosquera, sostiene que el proceso de inclusión de nuevas víctimas en el Registro suele tardar varios meses y asegura que es llamativo que en el caso de James Mosquera se haya realizado de forma “express”. Lo mismo dijo otro candidato a la curul de paz de ese departamento que prefiere no ser citado.

Blasney Mosquera, el denunciante, es igualmente candidato a la curul de víctimas del Chocó y había aspirado al consejo de Istmina por el Partido Verde en 2015, aunque no se encuentra inhabilitado porque dicha campaña política ocurrió en un plazo anterior a los cinco años de límite que estableció el Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Mesa Departamental de Víctimas, la celeridad con la que fue tomada y aceptada la declaración del señor James Mosquera en el Registro Único de Víctimas podría obedecer a una razón concreta: figurar en el Registro es uno de los requisitos para aspirar a la curul de paz. Para cuando el hoy candidato denunció la presunta amenaza y gestionó su inscripción a ese registro ya las curules habían revivido en la Corte Constitucional y se había emitido el acto legislativo que las creó, en agosto de 2021.

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Pocos días después de obtener su certificación como víctima, el abogado James Mosquera inscribió la candidatura a la curul de paz del Chocó. El 16 de diciembre Mosquera publicó en su página de Facebook la fotografía del momento de la inscripción. Fue avalado por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (COCOMAN), del cuál no consta que haya sido miembro o haya vivido recientemente en su jurisdicción, que abarca principalmente la cuenca del río Tamaná.

Tulio Hurtado, presidente del Consejo que dio el aval, dice que la decisión de otorgarlo se debió a que Mosquera nació en Nóvita: “vimos una oportunidad para nosotros, tener una persona que nos represente en el Congreso, eso es un orgullo, un honor para nosotros”, aunque admite que James no ha vivido en la zona, pues él y sus hermanos se criaron en Istmina y luego varios salieron del Chocó: “eso es cierto, ellos unos se fueron a vivir a Quibdó y otros a Bogotá, pero nunca se han desprendido de sus raíces, es una realidad que no se puede esconder, es algo cierto”.

Las 16 curules de paz, o “curules de víctimas”, como también se las conoce, son producto del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Su propósito original era “garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Pero lo que denuncia la Mesa de Participación Efectiva para las Víctimas es justamente lo opuesto a ese espíritu. Según ellos, el señor James Mosquera lleva años viviendo por fuera del Chocó, no tiene arraigo en el territorio y además lo señalan de estar respaldado por el clan Sánchez, una casa política tradicional involucrada en múltiples hechos de corrupción y con vínculos de algunos de sus miembros con grupos paramilitares. Tales fueron los casos del exgobernador Patrocinio Sánchez, quien ya tuvo una condena por peculado, y de su hermano excongresista Odín Sánchez, condenado por su relación con el Bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares. Odín además fue obligado a pagar una indemnización a las víctimas de 5.885 millones de pesos.

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Por ello, la Mesa Departamental solicitó a la Procuraduría delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz que investigue la candidatura del señor James Mosquera “en razón que esta persona no vive en el municipio de Istmina desde hace muchos años, su lugar actual de residencia es Bogotá hace más de 15 años, desde donde ha trabajado como abogado litigante y comerciante de alimentos [...] al día de hoy es un candidato a las curules de paz del departamento de la mano del doctor Patrocinio Sánchez Montes”. La Procuraduría ya remitió un oficio a Emilio Archila, consejero para la Estabilización, y a Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, para que remitan la información correspondiente a la inclusión de Mosquera en el Registro Único de Víctimas

Con una indagación de fuentes abiertas Colombia+20 encontró indicios de que el señor James Mosquera ha tenido como residencia la ciudad de Bogotá y figuraba hasta 2020 como propietario de un apartamento en un conjunto al occidente de la capital, donde incluso se lo menciona en las tablas de cobros de administración y saldos morosos. Además, se esclareció que adquirió un restaurante de comida del Pacífico ubicado en el centro de Bogotá.

Si el Consejo Nacional Electoral comprueba que Mosquera no ha vivido en los últimos años en el Chocó, su inhabilidad para aspirar a la curul de paz sería evidente. Uno de los requisitos establecidos para estas curules de paz es que los candidatos deben habitar y demostrar arraigo en la circunscripción a la cual aspiran representar.

Dos fuentes consultadas para este reportaje aseguraron que la cercanía de Mosquera con el clan Sánchez Montes de Oca viene de vieja data. Señalan que Mosquera brindó apoyo jurídico como abogado a Patrocinio Sánchez y ambas coinciden en que la maquinaria política de los Sánchez y sus líderes en los caseríos están desarrollando en llave la campaña de James Mosquera junto a la de Astrid Sánchez, hermana de Patrocinio y Odín, quien actualmente es representante a la Cámara por el Partido de la U y busca reelegirse.

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No obstante, desde el Consejo Comunitario que dio el aval no ratifican esta versión: “no podría decir sí o decir no [sobre los vínculos con los Sánchez]”, explica Tulio Hurtado, “no tengo conocimiento, como Consejo nosotros no tenemos buenas relaciones con Patrocinio, a Nóvita no ha llegado ningún candidato político a hacerle la campaña a James, la campaña acá la hemos hecho comunitariamente”.

Si se demuestra que James Mosquera ha sido apoyado por los Sánchez, aquella sería otra causal de inhabilidad porque la ley establece que los candidatos a curules de paz “no podrán realizar alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos o listas inscritas para las circunscripciones ordinarias para la Cámara de Representantes. La violación de esta norma generará la pérdida de la curul en caso de resultar electos a la circunscripción transitoria especial de Paz”.

Este diario se comunicó con la asistente del abogado James Mosquera para conocer su versión sobre las acusaciones. Ella respondió que Mosquera se encontraba en una gira de campaña en territorios donde no hay buena señal para la comunicación. También se envió un cuestionario al correo electrónico de Mosquera. Hasta el momento de publicación de este artículo, las respuestas a ese cuestionario no fueron remitidas por el candidato.

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La respuesta de la Unidad de Víctimas

Fuentes de la Unidad para las Víctimas reconocieron que James Mosquera fue admitido en el Registro Único de Víctimas en un plazo rápido pero aseguraron que esto no es anormal ni obedece a ningún tipo de presión interna, pues los términos de ley plantean lapsos de entre 0 a 60 días hábiles a partir de que se toma la declaración, por ello, aseguran que no habría ninguna irregularidad. Además, aclararon que quienes valoran los testimonios son funcionarios centrados en Bogotá y no en los territorios. La Unidad declinó compartir con este medio los soportes y documentos que respaldan la declaratoria como víctima del señor James Mosquera argumentando que se trata de información confidencial.

Emilio Hernández, director de Registro de la Unidad, aportó estadísticas de su gestión en 2021 indicando que una cuarta parte de las solicitudes se tramitaron en un plazo menor a los 15 días hábiles, esto como prueba de que no es anormal la celeridad en el caso del señor Mosquera.

No obstante, una fuente de la Unidad reconoció que se “parte de la buena fe” al confiar en los testimonios de las víctimas, aunque luego pueda demostrarse que sean falsos y por ende haya colados en el Registro, que deben ser excluidos. Esta fuente no descartó que el caso de James Mosquera pueda ser evaluado luego a raíz de estas denuncias.