Candidato cercano a parapolíticos busca quedarse con una curul de paz en Caquetá

Será el Consejo Nacional Electoral quién decida el futuro de las candidaturas.

Foto: Prensa CNE

A Jhon Fredy Núñez lo conocen en Caquetá como “el ingeniero” porque ha sido contratista y porque él mismo se ha presentado con ese título en todas las campañas políticas en las que nunca obtuvo los votos necesarios. Núñez aspiró al Senado en 2009, a la alcaldía de Florencia en 2011 y a la Asamblea Departamental en 2015. Siempre se presentó por el Partido de Integración Nacional (PIN) que luego se convirtió en Partido Opción Ciudadana, colectividad de la cuál él mismo asegura ser miembro directivo.

Ninguna de esas aspiraciones lo inhabilitan de cara a lo que dice el Consejo Nacional Electoral (CNE) en una cláusula en la que estipula que no podrán lanzar candidaturas quienes se hayan presentando a elecciones de cargo de voto popular antes de cinco años de las próximas elecciones. Como la última aspiración de Núñez fue en 2015, esta no lo inhabilitaría.

Pero dos temas podrían inhabilitarlo para que sea candidato a una curul de paz: haber sido directivo local de un partido político que tuvo representación en el Congreso y por haber sido contratista con varias gobernaciones.

Núñez, además, ha sido cercano al Partido Liberal, particularmente afín con el exgobernador Germán Medina (quien fue asesinado por sicarios en Florencia el 30 de marzo del año pasado), y con el también exgobernador Álvaro Pacheco, actualmente condenado por sus vínculos con grupos paramilitares. Las relaciones del ingeniero Núñez y su militancia en el antiguo Partido PIN, reconocido por acoger a muchos señalados parapolíticos en sus filas, motivan prevenciones y repudio entre víctimas y líderes del departamento.

“Él viene de la mano de partidos relacionados con la parapolítica, el PIN, Opción Ciudadana, esos partidos lo avalaron a él. Además, fue muy cercano a las huestes liberales. Él es de ese grupo [político], pero es que el liberalismo aquí tiene fichas en todos los partidos”, asegura un líder social que prefiere no dar su nombre.

Su pasado como contratista propietario de la empresa Ingeo Nuñez Zomac, también como candidato y directivo de un partido que tuvo representación en el Congreso, es la otra inhabilidad para ocupar la curul de paz.

Justamente por esto llegaron dos solicitudes diferentes al Consejo Nacional Electoral (CNE). Una elevada por María Aleidy Garay y otra por Javier Hernando Guzmán, pidiendo que se revoque la candidatura de Núñez. También el personero municipal de Solano, Carlos Mario Carvajal, denunció en un oficio el 3 de febrero ante la Fiscalía General que el actual gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, podría incurrir en delitos como peculado por uso e intervención en política, pues realizó actos proselitistas acompañado de varios candidatos, entre ellos Jhon Fredy Núñez, quién presuntamente iba en su caravana por varios municipios del departamento el 26 de enero. Allí también se encontraba el candidato conservador a la cámara Mauricio Cuellar.

El acto legislativo del 25 de agosto de 2021 y que revivió las curules de paz deja muy claro que los aspirantes “no podrán realizar alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos o listas inscritas para las circunscripciones ordinarias”.

Lea: ´”Esposa de político uribista aspira a curul de paz en Sur de Bolívar”

Adicionalmente, Colombia+20 obtuvo un acta de la gobernación del Caquetá fechada el 8 de febrero del año anterior donde puede leerse textualmente que varios proyectos relacionados con dotación para instituciones educativas en donde aparece el nombre de Núñez. “La doctora Yovana Marcela Peña (... ) solicita información de los proyectos que tienen saldos de regalías, a lo que responde la doctora Bellaned Villanueva, que estos proyectos que tiene saldos fueron reportados a Presupuesto para liberar saldos, el único que está pendiente con saldo es el del señor Jhon Fredy Núñez”, dice el acta.

Este documento muestra que Núñez era contratista en la administración de Gasca en la Gobernación del Caquetá, el mismo funcionario con el que, según las demandas, realizó actos de proselitismo político.

Le puede interesar: “Falta de recursos y violencia son riesgos para las curules de paz”

Consciente de sus posibles inhabilidades, Núñez entabló una demanda el 7 de diciembre del 2021 ante el Consejo de Estado para tumbar algunas de las disposiciones del acto legislativo que creó las curules de paz, en concreto, que se decretara como medida cautelar la suspensión del artículo 13 que prohíbe a quienes hayan sido candidatos o directivos de partidos políticos aspirar a dichas curules. La pretensión fue desestimada por el magistrado Luis Alberto Álvarez, pero la demanda pasó a la Procuraduría y a la Presidencia, quienes aún no se han pronunciado.

Contactamos al señor Jhon Fredy Núñez para consultarlo sobre estos hechos, no obstante, al cierre de este artículo no había contestado al teléfono y tampoco a las preguntas que le enviamos por correo electrónico.

Mientras tanto, los líderes locales se preguntan qué ocurriría si la candidatura de Núñez continua en firme y eventualmente llega a ganar. Esa curul, dicen, quedaría en un limbo jurídico que al final podría resolverse en contra de Núñez, lo que implicaría que el departamento se quedaría sin el escaño para las víctimas.

Entre los requisitos para ser candidato a la circunscripción especial de paz es estar acredito como víctima. Núñez tiene esta acreditación pues su esposa Liliana Polanía fue asesinada por las Farc en Cartagena del Chairá en octubre de 2007, cuando hacía campaña para la Asamblea.

Vea: “Las denuncias a la campaña del hijo de Jorge 40″

Otro colado que antes fue candidato por el Partido Verde

Pero Núñez no es el único candidato a la curul de paz en Caquetá que ha sido señalado de haber pertenecido a maquinarias políticas. Yeniver Valderrama, quien aspira a ese escaño avalado por un comité de restitución de tierras en San Vicente del Caguán, fue candidato al concejo municipal de Solano en 2011 y al concejo de Milán en 2015, sin resultar elegido. En ambas oportunidades contó con el respaldo del Partido Alianza Verde.

Esa solicitud de revocatoria también la entabló María Aleidy Garay pidiendo que se anule la candidatura de Valderrama. Este caso es más difícil que prospere porque la última vez que Valderrama aspiró a un cargo popular fue hace siete años, lo que no viola el plazo de cinco años que ya precisó el Consejo Nacional Electoral. Además, a diferencia de Núñez, Valderrama no ha sido directivo del partido.

Lea también: “Candidata a curul de paz en Urabá habría falsificado su título”

Pero Valderrama tiene proximidades políticas. Públicamente ha manifestado su cercanía con el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina y también ha aparecido en fotos con el gobernador Arnulfo Gasca. Así mismo, participó del acto político en el que un sector del Partido Liberal, encabezado por Piedad Córdoba decidió sumarse al Pacto Histórico, evento llevado a cabo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en Bogotá el 23 de septiembre de 2021. Llamamos a Yeniver Valderrama a su teléfono y enviamos varias preguntas por correo electrónico, pero al cierre de este artículo aún no había contestado.

Otros dos casos en Catatumbo

El Consejo Nacional Electoral se pronunció en la resolución 1126 del 2 de febrero de 2022 en relación a una demanda similar contra Pedro Elías Quintero y Mayra Alejandra Gaona, dos candidatos a la curul de paz en el Catatumbo. La resolución indica que el CNE “se abstiene de iniciar el procedimiento de revocatoria de inscripción” de ambas candidaturas por “no encontrarse prueba alguna de que los ciudadanos hayan inscrito su candidatura para participar en elecciones a cargos públicos, en los últimos 5 años”.

Aunque ambos candidatos habían aspirado antes a cargos de elección popular por la Alianza Verde y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, respectivamente, el CNE estableció que aquellas candidaturas no ocurrieron en los cinco años anteriores a su inscripción como aspirantes a la curul de paz, por lo tanto, no se encuentran inhabilitados. Este plazo de cinco años está consignado en el decreto que revivió las circunscripciones especiales de paz.