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Las comunidades y organizaciones sociales de Chocó lanzaron una dura advertencia al Gobierno Nacional por la forma en que avanza la reanudación de los diálogos con el Clan del Golfo -autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
En un comunicado público fechado el 26 de febrero en Quibdó, pero dado a conocer hasta el pasado 2 de marzo, las organizaciones étnico-territoriales del departamento sostienen que el proceso no puede seguir adelante sin condiciones claras, participación efectiva y garantías reales para las comunidades.
El pronunciamiento pone el foco en la intención de establecer dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Belén de Bajirá, Chocó, -una de las tres que tendría ese grupo- como parte del proceso de diálogo. Según el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, esa decisión no ha sido concertada con autoridades locales ni con las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que habitan el territorio, pese a que serían las principales impactadas por la medida.
“Continuar los diálogos con el EGC es necesario, pero requiere condiciones claras, participación real y garantías para las comunidades”, dice el comunicado. Además, aunque las comunidades reconocen que “la continuidad del proceso es necesaria para reducir la violencia y abrir caminos hacia una paz territorial”, y advierten que su legitimidad depende de que se corrijan fallas de fondo.
Para las organizaciones, avanzar en la definición de una ZUT sin consulta previa ni mecanismos formales de participación no solo vulnera derechos territoriales, sino que arriesga la legitimidad del proceso.
El comunicado advierte que, en un departamento marcado por el control social armado, el confinamiento y las economías ilegales, cualquier figura de ubicación debe estar acompañada de reglas claras, monitoreo robusto y garantías de no fortalecimiento del poder del grupo en la zona.
El documento señala textualmente que la reanudación del diálogo “representa una oportunidad, pero también exige corregir los vacíos que han generado desconfianza en los territorios”.
El proceso estuvo parado por varios días -pero se reanudó el pasado 17 de febrero- en medio de la controversia por la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro a Donald Trump de capturar a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo y máximo comandante de esa estructura armada.
De acuerdo con las organizaciones hay “falta de transparencia sobre los alcances y compromisos del proceso” y una “ausencia de participación efectiva de comunidades étnicas y campesinas”. Además, afirman que hay una inexistencia de medidas inmediatas “para frenar las violencias en curso” en las regiones.
También se advierte sobre “los riesgos de fortalecimiento del control territorial del EGC en zonas priorizadas” y menciona “limitaciones en la participación territorial, así como debilidades metodológicas y de rigor en los mecanismos de monitoreo y verificación liderados por la MAPP/OEA”.
En el comunicado se insiste que la sostenibilidad del proceso depende de cumplir condiciones mínimas. Entre ellas, medidas humanitarias inmediatas frente a desplazamientos, reclutamiento y violencia sexual; estrategias verificables para desmantelar economías ilícitas; participación territorial en los mecanismos de monitoreo; y garantías de seguridad para líderes y comunidades.
“El diálogo no puede construirse sin las comunidades ni imponerse desde escenarios alejados de la realidad territorial”, señalan las organizaciones, que rechazan la idea de que sus cuestionamientos equivalgan a una oposición a la paz. Por el contrario, afirman que buscan evitar que el proceso reproduzca dinámicas de exclusión y consolide estructuras de control que han afectado históricamente a la población civil.
La continuación de los diálogos con el EGC es necesaria, pero requiere condiciones claras, participación real y garantías para las comunidades. pic.twitter.com/bwUA9sIcKI
— Foro Interétnico Solidaridad Chocó- FISCH (@FISCHETNICO) March 2, 2026
Clan del Golfo insiste en que no interferirá en elecciones
En paralelo, el Clan del Golfo difundió un comunicado en el que declara su compromiso con la democracia y promete no interferir en procesos electorales. En el documento asegura que no impondrá candidatos, no financiará campañas ni recurrirá a la violencia para incidir en resultados, y solicita acompañamiento nacional e internacional para verificar ese compromiso.
La coexistencia de ambos mensajes —el del grupo armado que busca mostrar voluntad política y el de las organizaciones territoriales que exigen garantías concretas— deja en evidencia la tensión dentro del proceso.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) informa a la opinión pública, autoridades electorales, partidos, sociedad civil y comunidad internacional que, en el marco de su compromiso con la paz y la reconciliación nacional, declara lo siguiente: pic.twitter.com/Xu48HalGxY
— Gaitanistas por el pueblo (@soygaitanista) March 3, 2026
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