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Este lunes, el Gobierno de Gustavo Petro publicó tres resoluciones en las que oficializa la suspensión de diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), retira el reconocimiento de todos los delegados, entre ellos Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Nicolás Bautista, conocido como Gabino; y también retira a ocho gestores de paz. Aún quedan los promotores de paz.
El pasado viernes 17 de enero, el Gobierno volvió a suspender el proceso de paz que se sigue con esa guerrilla desde noviembre de 2022, tras los cruentos ataques que ese grupo armado perpetro en Catatumbo y que han dejado hasta el momento 80 muertos y 46 mil desplazados.
Esa fue la segunda suspensión del proceso de paz. La primera se dio en septiembre pasado por un atentado contra una base militar en Puerto Jordán, Arauca. Pese a ello, es la primera vez que el Gobierno publica una resolución en la que oficialmente suspende el proceso.
Resolución suspende oficialmente el proceso de paz
Según la resolución publicada en el diario oficial, a pesar de los avances en la mesa de diálogo, “diversos eventos han debilitado los diálogos de carácter político”.
En el documento, también se afirma que el Gobierno ha hecho varios esfuerzos para descongelar ese diálogo, como las reuniones que se dieron a finales de año pasado y que pese a ello no se ha rendido frutos. “Desde el 16 de enero, el Ejército de Liberación Nacional adelanta una agresiva ofensiva militar en distintos lugares del país, y más intensamente en la región de Catatumbo, atentando contra la vida, integridad y dignidad de la población civil, sin respeto de las normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En la resolución se afirma que se comunicará esta decisión a las autoridades competentes, por medio del Consejero Comisionado de Paz.
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Retiro del reconocimiento de miembros del ELN en la mesa de diálogos
La segunda resolución que se dio a conocer fue en la que se oficializa también el retiro de reconocimiento como parte de la mesa a 31 delegados de esa guerrilla en el proceso.
Entre ellos están los nombres de Pablo Beltrán, Antonio García, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Nicolás Rodríguez Bautista, entre otros.
Esta resolución se suma a las otras decisiones que han tomado las autoridades, como la de la Fiscalía de reactivar las órdenes de captura contra los mismos 31 delegados.
En la resolución, la fiscal Camargo Garzón argumentó que “el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del Presidente de la República”. Esta decisión se fundamenta en la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional.
La Fiscalía también anunció imputaciones y pedidos de extradición contra varios del ELN por la violencia en Catatumbo.
También se retiran gestores de paz
La tercera resolución retira la designación como gestores de paz a ocho personas, entre ellas Violeta Arango, quien estuvo detenida en 2017 por el atentado al centro comercial Andino en Bogotá. También se le retiró la designación a Jairo Arruigui Guenis, Claudia Patricia Rodríguez, Armando Ruiz, entre otros.
La figura de los gestores de paz, creada a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo al que pertenecen.
Esa norma fue recientemente modificada por la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, que en uno de sus artículos se refiere a las personas en prisión, una carta de la que podría echar mano el Ejecutivo en los casos de los detenidos en protestas. “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere, puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5.
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