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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, revocó las suspensiones de las órdenes de captura de 31 miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes habían sido reconocidos por el Gobierno Nacional como voceros en el proceso de paz. La decisión se tomó tras las evidencias de graves actos criminales perpetrados por este grupo armado en la región del Catatumbo, los cuales contradicen su supuesto compromiso con los diálogos de paz.
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Entre los integrantes del ELN que vuelven a ser objeto de captura se encuentran Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, y otros líderes reconocidos del grupo armado. Además, la Fiscalía notificó a la Presidencia de la República, al consejero para la Paz y a las autoridades judiciales, quienes deberán actuar en consecuencia.
En la resolución, la fiscal Camargo Garzón argumentó que “el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del Presidente de la República”. Esta decisión se fundamenta en la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional.
Los hechos de violencia en el Catatumbo se han intensificado desde el pasado 16 de enero. La crisis humanitaria ha afectado gravemente a la población civil, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familias. Según el comunicado de la Fiscalía, los ataques fueron reivindicados por Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, y ratificados en tres comunicados posteriores por Gregorio Manuel Pérez Martínez, líder del Frente de Guerra Nororiental.
Además de los tres líderes ya mencionados, a partir de este 22 de enero también cobran vigencia las órdenes de captura contra Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa.
La suspensión del proceso de paz
El pasado 17 de septiembre, un ataque terrorista perpetrado por el ELN contra una unidad militar en Puerto Jordán (Arauca) dejó un saldo de tres uniformados fallecidos y más de 25 heridos. Dos días después, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió suspender temporalmente el proceso de paz con esta guerrilla. No obstante, pese a esa medida, la Fiscalía no había reactivado las órdenes de captura contra los principales negociadores del ELN.
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En un comunicado emitido tras el ataque, la delegación del presidente expresó que durante los meses previos el Gobierno había presentado múltiples propuestas al ELN. Señaló que el proceso de diálogos quedaba suspendido, con su viabilidad gravemente afectada, y que su continuidad dependía de una clara demostración de la voluntad de paz por parte de esa guerrilla.
Esta postura, que privilegiaba la suspensión del proceso en lugar de una ruptura definitiva, explicó por qué los líderes del ELN no habían perdido su estatus de negociadores ni enfrentado la reactivación de órdenes de captura. Sin embargo, la resolución emitida este 22 de enero de 2025 cambia radicalmente el panorama para los miembros de esta organización narcotraficante.
La directriz que había permitido el levantamiento de órdenes de captura contra líderes como Eliécer Herlinton Chamorro, alias “Antonio García”, inició durante la administración del exfiscal Francisco Barbosa en 2023. Esta política continuó bajo la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo, mientras las negociaciones con el grupo armado se extendieron durante 22 meses.
Los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN que llevaron a la suspensión de las órdenes de captura ya dejan al menos 30 personas muertas y 32.000 desplazadas, según la Defensoría del Pueblo. La región del Catatumbo continúa bajo fuego.
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