La tensión en la frontera sur —marcada por operaciones militares en Ecuador, denuncias del presidente Gustavo Petro sobre el uso de bombas y la negativa del gobierno de Daniel Noboa de estos hechos— empieza a cruzarse con un frente sensible: la política de paz total.
No hay todavía una implicación directa entre ambos escenarios, pero sí señales de que lo que está ocurriendo en la frontera podría afectar, en distintos niveles, procesos con la mesa que se lleva con la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), hoy en pausa, y el diálogo con Comuneros del Sur.
La advertencia ya está sobre la mesa. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, fue directo y dijo a Colombia+20 que la situación en la frontera “impacta la seguridad y la paz total”, en una región donde estos procesos dependen de condiciones territoriales especialmente frágiles.
A partir de ese contexto, empiezan a perfilarse al menos cinco posibles efectos.
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1. Menos incentivos para desarmarse
El primer impacto tiene que ver con los incentivos de los grupos armados para avanzar en una negociación.
Jorge Mantilla, experto en crimen y conflicto, afirma que las operativos que adelanta la Fuerza Pública de Ecuador pueden generar desconfianza. “Las operaciones militares en la frontera generan un escenario de ruido y son amenazas para los grupos. La Coordinadora es una estructura que está presente a ambos lados de la frontera y si hay un escalamiento del conflicto en Ecuador, pues los incentivos que va a tener ese grupo para desarmarse y dejar las armas van a ser mucho menores”, dice.
En ese contexto, uno de los puntos más sensibles son las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), pensadas como espacios para la concentración y tránsito hacia la vida civil. La incertidumbre en la frontera puede terminar afectando su viabilidad: no solo por razones de seguridad, sino porque reduce la disposición real de los grupos a moverse hacia esos espacios.
De hecho, el propio Mantilla señala que las tensiones alrededor de decisiones como el traslado de mandos —clave para esas zonas— ya venían afectando la confianza. Con un escenario de mayor presión militar, ese tipo de compromisos se vuelve aún más difícil de concretar.
En ese escenario, procesos como el de la CNEB —que ya enfrentaban tropiezos para avanzar en la concentración de tropas— pueden volverse aún más inestables. De hecho, la mesa está en pausa mientras se hacen consultas sobre las órdenes de captura de los integrantes que entrarían en la ZUT, entre ellos algunos con fines de extradición como el de Geovanny Rojas, conocido como Araña.
2. Presión sobre decisiones clave: extradición Vs. negociación
Un segundo efecto aparece en el plano político. El contexto regional, con una mayor presión internacional para golpear estructuras del narcotráfico, puede tensionar decisiones del Gobierno colombiano. Casos como el de “Araña” reflejan ese dilema: avanzar en cooperación judicial, incluida la extradición, o preservar la confianza con los grupos en negociación.
Mantilla lo plantea como un punto crítico, especialmente en la frágil relación que tiene Colombia con Estados Unidos. “Hay un dilema entre mostrar una posición de cooperación con Estados Unidos en una lucha regional contra el crimen o preservar la conversación y la confianza (en las mesas)”, dice.
En un momento en que varios procesos están en puntos delicados, ese equilibrio se vuelve más difícil de sostener.
3. Riesgo de fragmentación de los grupos
El tercer elemento tiene que ver con la estabilidad interna de las organizaciones armadas. En contextos de presión militar y alta incertidumbre, las figuras de los comandantes de las estructuras pueden tender a debilitarse.
Si figuras clave son capturadas, abatidas o eventualmente extraditadas, pueden surgir divisiones dentro de los grupos. Eso ha pasado en otros procesos de paz, como el de las extintas FARC cuando figuras como Márquez, Santrich, Romaña o El Paisa decidieron abandonar las armas.
“En esos escenarios podrían surgir desacuerdos al interior del grupo y unos dirán que no se concentran y otros que probablemente sí”, explica Mantilla, lo que abre la puerta a nuevas fragmentaciones de grupos armados.
Para la paz total, esto implica un riesgo conocido con negociaciones cada vez más pequeñas y con menor impacto sobre la violencia. De hecho, la Coordinadora Nacional es una fragmentación de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia; mientras Comuneros del Sur es un frente que se separó del ELN.
4. Impacto humanitario como variable de presión
Un cuarto efecto se relaciona con las comunidades en la frontera. Aunque todavía no hay un panorama completo sobre las consecuencias de las operaciones recientes, el historial de la región sugiere que cualquier escalamiento puede traducirse en desplazamientos o confinamientos.
El gobernador Escobar, ha advertido justamente sobre ese riesgo, al señalar que la situación en la frontera puede agravar las condiciones de seguridad en los territorios y terminar afectando directamente a las comunidades, que ya viven en contextos de alta vulnerabilidad.
“Creo y hay que poner los datos como son. En Nariño, la situación de violencia se ha disminuido de una manera considerable gracias a algunos procesos de paz que tenemos, y eso hay que cuidarlo con mucho celo. Pero el foco y el reflector del Ecuador alrededor de la lucha contra el narcotráfico se ha puesto sobre Nariño, pero las evidencias muestran que la frontera con Ecuador tiene menos violencia que otras zonas de ese país
Eso significa que algo está pasando allí, pero el reflector está sobre Colombia. Para mí lo más importante no es poner el foco donde no está la violencia, sino sobre la economía del narcotráfico, porque el 80 % del tráfico de cocaína sale por puertos ecuatorianos. Ahí hay que centrar la discusión realmente”, dijo el mandatario local.
Pero, además, ese impacto puede convertirse en un factor dentro de la negociación. Mantilla advierte que, si hay presión territorial, “muy seguramente ellos intentarán generar un impacto humanitario (…) para imponer más presión política al gobierno colombiano”.
Un choque de estrategias que atraviesa los procesos
Todos estos elementos se conectan en un punto más amplio: el choque entre dos enfoques de seguridad en un mismo territorio.
Mientras Colombia intenta avanzar en negociaciones con actores como la CNEB y Comuneros del Sur, Ecuador ha optado por una estrategia de confrontación directa, con el apoyo internacional de Estados Unidos -que, por ejemplo, reactivarán la base militar de Manta- y un mayor uso de la fuerza.
Ese contraste es, en el fondo, lo que explica la advertencia del gobernador Escobar de que el impacto sobre la paz total no viene de un solo hecho, sino de la forma en que estas dinámicas externas empiezan a incidir sobre procesos que dependen de estabilidad territorial.
“Son decisiones que, desde el punto de vista militar se toman sin tener las en cuenta las condiciones que se están dando en la construcción de paz en el territorio y afecten la seguridad de un territorio como el departamento de Nariño. Por eso, nosotros instamos a nuestro gobierno y al gobierno del Ecuador a tener caminos de diálogos diplomáticos permanentemente abiertos. Esa es nuestra apuesta. No hay otra salida. Las naciones en las fronteras deben dialogar para construir en materia de seguridad y en materia de transformación territorial en las zonas de frontera”, dijo el mandatario local.
La paz total fue concebida como una política para gestionar un conflicto interno, pero se está implementando en regiones donde las dinámicas armadas, las economías ilegales y las decisiones de seguridad operan en clave transfronteriza.
Por ahora, los efectos de la crisis con Ecuador son incipientes y no determinan por sí solos el rumbo de los procesos, pero sí empiezan a abrir dudas sobre las condiciones que hacen posible la negociación, en un escenario donde esas variables ya no dependen únicamente de lo que ocurra dentro del país.
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