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Los representantes de las curules de paz, los escaños destinos a los territorios más golpeados por el conflicto armado, lanzaron una advertencia al Gobierno Nacional: si no hay cambios inmediatos y estructurales en la implementación del Acuerdo de Paz, la política de drogas y la apuesta de la “paz total”, dejarán de acompañar al Ejecutivo en su agenda.
“No estamos dispuestos a seguir acompañando al Gobierno Nacional si no cambia su pasividad frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la nueva política de drogas y la consecución real de la paz en nuestro país”, dice la carta pública que fue leída en el Congreso durante la rendición de cuentas de las curules de paz.
En el documento, los representantes afirmaron que “la retórica oficial ha reemplazado la acción concreta” y que el Comisionado para la Paz y las entidades responsables de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 han fallado en brindar respuestas efectivas a las crisis humanitarias registradas.
“No podemos ser cómplices del silencio institucional, cuando nuestras regiones viven una intensificación del conflicto armado. La centralidad de las victimas, piedra angular del Acuerdo, ha sido desdibujada por una desconexión institucional profunda y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, justicia, reparación y no repetición”, dice la misiva.
La carta llega unos días después de que por tercera vez se cancelara en el Congreso un debate de control política al comisionado de paz, Otty Patiño, sobre el tema de paz total. La razón de su inasistencia por licencia por incapacidad médica.
El miércoles se conoció un decreto quedó se conoció una nueva licencia por incapacidad médica para el consejero comisionado de paz Patiño, a partir del 16 de junio de 2025 hasta el próximo 1 de julio de 2025. El reemplazo del comisionado en su cargo durante su periodo de ausencia. En esta oportunidad será nuevamente María Paz Lara Camacho la encargada de asumir las funciones.
En el pronunciamiento, los firmantes denuncian que los compromisos del Estado con los territorios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), donde habitan históricamente comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, están siendo incumplidos de manera sistemática.
#esnoticia Desde las Curules de Paz hacemos un llamado al Gobierno Nacional: La paz se construye con hechos, no solo con palabras.
— James Mosquera Torres (@JamesMosqueraT) June 19, 2025
Las víctimas necesitan acciones reales, inversión y presencia.
@gustavopetrourrego Trabajemos juntos por una paz con justicia para los territorios. pic.twitter.com/H2PAzuxeSA
“Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial están desfinanciados. Los proyectos productivos, la inversión en infraestructura, el acceso a salud, educación, internet y la sustitución de cultivos de uso ilícito han sido abandonados”, afirmaron.
La misiva es también un grito de alerta sobre la intensificación del conflicto en zonas como Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Norte de Santander, Nariño, Caquetá, Putumayo y Chocó, donde, aseguran, las comunidades están expuestas a asesinatos selectivos, desplazamientos masivos, reclutamiento forzado de menores, confinamientos, ataques y minas antipersona.
“Mientras en Bogotá se repite el eslogan de la ‘Paz Total’, en los territorios se impone la ley del miedo”, se lee en la carta, que responsabiliza al Gobierno de una falta de articulación, financiamiento y ejecución que mantiene a millones de personas bajo el control de actores armados. Las curules denuncian también que los mecanismos institucionales de respuesta no tienen capacidad ni voluntad suficiente para responder con contundencia a la reconfiguración violenta de los territorios.
En un tono firme, el documento remata con una exigencia al Ejecutivo: “¡Exigimos efectividad e inversión YA!”.
Además: Por segunda vez, Otty Patiño presenta licencia por incapacidad médica
Este pronunciamiento marca un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno de Gustavo Petro y uno de los sectores que más ha respaldado su política de paz: las víctimas del conflicto y sus representantes directos. La carta no solo señala fallas institucionales, sino que refleja el creciente desencanto de las regiones con una política de paz que, según sus voces, aún no se materializa en hechos concretos.
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