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La defensora del Pueblo, Iris Marín, planteó la necesidad de revisar y levantar la suspensión de las órdenes de captura contra comandantes de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba.
Entre las personas sobre las que hizo la petición están Javier Alfonso Velosa García, John Mechas, Andrey Avendaño y “Richard”, ante el incumplimiento de compromisos y el impacto directo sobre la población civil en regiones como el Catatumbo. La defensora también dijo que evalúa la misma petición contra Calarcá.
“Sí, lo hemos pedido, y particularmente, para los comandantes del Frente 33 de la disidencia en el Catatumbo. Creo que también hay que evaluarlo con Calarcá”, afirmó la defensora a Caracol Radio.
Mechas, Richard y Avendaño son parte de los mandos del Frente 33 que opera en esa región de Norte de Santander.
La defensora Marín explicó que, aunque respalda los procesos de diálogo, existe una brecha persistente entre los compromisos asumidos en las mesas y lo que ocurre en los territorios. “Yo estoy de acuerdo con los procesos de conversaciones, pero venimos diciendo desde hace meses que hay una brecha entre lo que dicen los grupos en las mesas y lo que se comprometen y lo que está pasando en la realidad”, señaló.
Según la defensora, esa distancia se hace especialmente evidente en el Catatumbo, donde —pese a la suspensión de órdenes de captura— se mantienen acciones armadas que afectan directamente a la población civil. “Esa brecha lleva a una pregunta central que creo que en el Catatumbo es muy evidente: esas personas que tienen las órdenes de captura suspendidas, ¿para qué se están usando esas órdenes de captura?”, cuestionó.
En su respuesta, advirtió que la Defensoría ha documentado “acciones coordinadas sostenidas de confrontación” por parte de estos grupos. “Lo que nosotros vemos es unas acciones coordinadas sostenidas de confrontación, que atacan directamente y no cuidan ni protegen a la población civil”, sostuvo.
Riesgos electorales en Catatumbo
La defensora también relacionó este escenario con los riesgos electorales en la región. Recordó que la entidad expidió una alerta temprana electoral en octubre del año pasado.
Más allá del día de las votaciones, Marín subrayó que el principal riesgo está en la libertad durante las campañas. “El punto es la libertad durante las campañas. Es decir, que los candidatos y candidatas puedan moverse por el territorio, que tengan libertad de hablar de cualquier tema”, dijo, y relató un caso justamente en Catatumbo en el que el ELN había suspendido las actividades de un candidato.
Este miércoles, la Misión de Observación Electoral (MOE) dio a conocer el mapa de riesgo para los comicios de este año y en su informe señalaba que la situación de Catatumbo era particular y que tiene riesgo extremo de fraude electoral y violencia.
“En este territorio, los municipios de Hacarí y El Tarra mantienen de manera persistente niveles de riesgo extremo, lo que evidencia la continuidad de condiciones estructurales de inseguridad. Si bien, en el ámbito estrictamente electoral, algunos indicadores han tendido a normalizarse, la situación humanitaria que ha marcado de forma constante el calendario electoral en la región ubica al Catatumbo como n territorio de especial preocupación", dice el informe.
Y agrega: “Las afectaciones a la población civil, las restricciones a la movilidad y la persistencia de dinámicas de control armado hacen indispensable la adopción de medidas especificas de atención y el fortalecimiento de las garantías para el desarrollo del proceso electoral, evitando que la aparente estabilidad de ciertos indicadores oculte riesgos sustantivos para la participación democrática”.
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