Después de siete meses de sesiones, la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN dio a conocer la forma en la que la sociedad civil participará en este proceso de paz.
Crear un mecanismo de participación de las comunidades en la agenda de cambios que discuten las partes ha sido una insistencia de esta guerrilla en sus múltiples intentos de diálogo con los anteriores cinco gobiernos.
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El pasado viernes 9 de junio, junto al acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, el Gobierno y el ELN dieron a conocer al acuerdo sobre participación que incluye la creación de un Comité Nacional de Participación que será el organismo encargado de recoger, sistematizar y presentar las propuestas de la sociedad civil que deben ser acogidas de manera automática y vinculante por la mesa de negociación.
Ese Comité debe ser instalado el próximo 25 de julio y tendrá que entregar los insumos a la mesa de negociación en mayo de 2025. De él harán parte cuatro delegados del Gobierno Nacional y cuatro delegados del ELN -que aún no se conocen- y estará conformado por 80 integrantes que representan a 30 organizaciones de pueblos étnicos, organizaciones, gremios e instituciones.
El mandato y reglamento de este comité debe ser elaborado por la mesa de negociación en las próximas semanas.
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Las fases del trabajo del Comité
El acuerdo presentado el pasado viernes contempla que el trabajo de este Comité se hará en varias fases.
En la primera se diseñará la forma de participación, se definirán los criterios y alcances de la misma, así como la metodología y los escenarios del que han definido como “un proceso nacional deliberante y propositivo”. Esta fase debe durar entre cuatro y seis meses y al final de la misma se debe realizar un encuentro nacional para presentar los resultados.
En la segunda fase, llamada de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz, se pretende “adelantar un diálogo entre los diversos actores sociales convocados e identificar y examinar los principales problemas que son causa del conflicto político, social, ambiental y armado para formular soluciones integrales”.
La fase final busca “pactar políticas y un plan integral de transformaciones con proyectos específicos de orden nacional y territorial” que hagan “viable una Colombia en paz”. La mesa validará ese proceso de sistematización de las propuestas y los resultados se incluirán en el Plan de Ejecución de los Acuerdos de Paz con el ELN que se refiere a las propuestas concretas sobre los puntos 1 (participación de la sociedad civil), 2 (democracia para la paz) y 3 (transformaciones para la paz) de la agenda pactada.
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El acuerdo prevé que se tendrán en cuenta en este proceso los diagnósticos e informes estatales, investigaciones académicas, estudios sociales y los acuerdos suscritos entre movimientos sociales y el Estado, como los adelantados con comunidades campesinas y cocaleras, con las organizaciones indígenas del Cauca o con las organizaciones sociales de Buenaventura.
En todas las fases, el Comité contará con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU y de la Conferencia Episcopal. La financiación de este trabajo correrá por cuenta de la comunidad internacional. En el acuerdo se contempla la realización de 8 encuentros territoriales, aunque no se precisan en qué regiones.
En el texto se dice de forma explícita que es este será un acuerdo para “construir una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve a un gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado”. En otro aparte del documento se asegura que este proceso está “destinado a fortalecer y desarrollar la democracia en todas sus formas”.
El acuerdo asegura que la participación es el primer punto de la agenda pues ambas partes la consideran “fundamental para construir las transformaciones y las bases de un acuerdo de paz” y por eso mismos aseguran que esta debe ser activa, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz. En el centro, asegura el documento “debe estar la voz de las comunidades, pueblos y territorios urbanos y rurales”.
Además de contemplar un enfoque de género, que involucra a la población diversa, también se tendrá en cuenta un enfoque étnico que “reconozca la diversidad étnica y cultural”. Establece también que la participación se desarrollará en varias fases hasta el mes de mayo de 2025, cuando se firmarán “los acuerdos correspondientes”.
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Un punto importante del acuerdo es que se habla de “pedagogía y comunicación” para motivar a que la sociedad participe en los diálogos, también establece que la mesa de diálogos “desarrollará interlocución con los medios de comunicación, para generar un ambiente propicio al proceso de paz y la participación”.
Las partes además se comprometieron “con la seguridad y la libre intervención de todas las personas, comunidades y colectividades en el proceso de participación”, que además va atado al acuerdo de cese bilateral al fuego.
Esto último es crucial, pues como había dicho Lina Mejía Torres, especialista en derecho internacional humanitario y coordinadora de derechos humanos de la Coordinadora Humanitaria, una de las perspectivas del cese bilateral al fuego es que “podrían incrementarse algunos riesgos que ya tienen las comunidades en los territorios, particularmente los liderazgos sociales que por tener algún nivel de veeduría o de monitoreo pues tengan algún señalamiento por parte de otros grupos armados, o que se incremente su inseguridad por estar haciendo algún tipo de seguimiento o por participar en el mecanismo de verificación”, aseguró Mejía, agregando que “debe haber unas garantías mínimas de seguridad, sin que esto sea un limitante para que las organizaciones sociales y la sociedad civil en general participen”.
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La cuarta ronda de negociaciones entre el Gobierno y el ELN empezará el 14 de agosto e irá hasta el 4 de septiembre, y tendrá como sede a Venezuela. Allí se evaluará el comienzo de todo este proceso.
Las organizaciones, entidades, gremios y movimientos sociales que integrarán el Comité Nacional de Participación son las siguientes:
Comando Nacional Unitario, FECODE, Unión Sindical Obrera, Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Dignidades Campesinas, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Coordinador Nacional Agrario, Asoganorte, Convención Nacional Campesina, Red Nacional de Representantes Estudiantiles y el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior.
Además, la Mesa Permanente de Concertación Indígena, Comisión Consultiva de Alto Nivel, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, Red de Mujeres del Caribe, representante del pueblo Rrom, Consejo Nacional de Juventud, Bogotá Primera Línea, Cali Primera Línea, Red Nacional de Mujeres, Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, Juntanza de Mujeres por la Paz, Colempresarias, Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, Colombia Diversa, RedPapaz, Movimiento Nacional Carcelario, Personas Privadas de la Libertad y Mesa Nacional por la participación de Víctimas
También estará el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Foro Internacional de Víctimas Europa, COLPAZ, MOSODIC, Coordinación Colombia Europa EEUU, Alianza de organizaciones sociales, Plataforma de DDHH Democracia y Desarrollo, Defendamos la Paz, Redepaz, Ciudadanos por la Paz, Coordinadora Nacional Humanitaria, Consejo Nacional Ambiental, Ríos Vivos Nacional, ACA, Ascun, Redunipaz, Confederación nacional de Acción Comunal, Agrosolidaria.
Así mismo, estará el Consejo Gremial Nacional, ACOPI, CEC, DIPAZ, CEDECOL, Mesa Interreligiosa, medios alternativos, Movimiento Nacional Viviendista, Congreso de los Pueblos, Asociación Colombiana de Petróleos, Asociación Colombiana de Minería, Federación Nacional de Mineros, Mesa Social Minero Energética por la Paz, Comisiones de paz de Senado y Cámara, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de Paz Convivencia y Reconciliación, ACORE.