La carta enviada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, al presidente Gustavo Petro no solo pide reactivar las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba, jefe de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). También muestra una serie de hechos violentos para sustentar que Calarcá habría incumplido las condiciones que le permitían seguir como vocero en un proceso de paz.
El argumento central es jurídico. La Fiscalía sostiene que la suspensión de órdenes de captura —permitida por la Ley 2272 de 2022 y avalada por la Corte Constitucional— es un beneficio excepcional, condicionado a dos requisitos: participación real en el proceso y no comisión de nuevos delitos. Si esas condiciones se rompen, el beneficio debe revocarse.
Sin embargo, la propia carta deja ver una tensión institucional de fondo. Según la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz han planteado que el ente acusador no tiene la competencia para levantar o reactivar órdenes de captura en estos casos, sino que esa facultad recaería en el presidente. En ese escenario, el ente acusador opta por pedirle al Gobierno que retire la designación de “Calarcá” como representante en los diálogos, lo que abriría la puerta para reactivar las capturas.
La Consejería Comisionada de Paz hasta el momento no se ha pronunciado frente al tema.
En esa misma carta, la Fiscalía dice que tiene evidencia de al menos cuatro hechos violentos en los que estaría involucrado “de manera personal” Calarcá y que ocurrieron después de la suspensión de las órdenes.
Carmelina Yule, el crimen que rompió al Estado Mayor Central
El primer hecho que menciona la Fiscalía es el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule, ocurrido el 16 de marzo de 2024 en Toribío, Cauca. En la carta, este crimen se presenta como una prueba temprana de que Calarcá habría incumplido su compromiso de no delinquir, apenas dos meses después de haber recibido el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y de haber sido delegado como parte de la mesa.
Desde el momento en que ocurrió el ataque, las versiones en terreno y reportes periodísticos e incluso la misma Procuraduría atribuyeron la responsabilidad del frente Dagoberto Ramos.
Esa estructura, que opera en Cauca, hacía parte del grupo armado conocido como Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, y que también agrupaba hasta entonces al Bloque Amazonas, el Bloque Central Isaías Pardo, el Comando Conjunto del Oriente y el Bloque Occidental Jacobo Arenas. Además al Bloque Jorge Suárez Briceño, el Bloque Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes.
El propio presidente Petro ha responsabilizado a Mordisco de ese hecho.
Ese ataque tuvo un efecto político inmediato porque el presidente Gustavo Petro suspendió el cese bilateral al fuego en tres departamentos: Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Eso hizo que Mordisco se retirara de la mesa fracturando el grupo, que hasta hoy sigue dividido en dos disidencias. Por un lado, el Estado Mayor Central, de Mordisco, y por el otro, el Estado Mayor de los Bloques y Frente, donde está Calarcá y quien quedó al mando del Bloque Jorge Suárez Briceño, el Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes.
Esa división se evidenciaba desde el cuarto ciclo de diálogos en Guaviare. El Espectador en su momento constató esa ruptura.
Sobre la autoría, hay poco margen de duda en los análisis en terreno. “El crimen ha sido atribuido al Bloque occidental del Estado Mayor Central, donde Calarcá no tenía injerencia”, dijo a Colombia+20 el investigador Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses (CORE)
Y agrega: “No solamente porque él no tenía influencia en ese bloque, sino porque tampoco fue una decisión ordenada desde arriba, sino una dinámica interna de esa estructura”. Dice, además, que tras el hecho Calarcá participó en reuniones para exigir que ese Bloque Occidental reconociera la violación del cese al fuego y el asesinato, lo que refuerza la idea de que no estaba detrás de la acción”.
El caso ilustra una de las principales dificultades de las negociaciones y es que hoy las disidencias no funcionan como una estructura unificada, y atribuir hechos por cadena de mando es mucho más complejo que en las antiguas FARC.
Valdivia: una atribución que estira la cadena de mando
El ataque en Valdivia, Antioquia, en julio de 2024 —donde murieron seis soldados por minas antipersonal— también aparece en la carta como responsabilidad de Calarcá.
El ataque ocurrió en una zona donde operan estructuras como los frentes 18 y 36, que están dentro del Bloque Magdalena Medio bajo el mando directo de John Mechas, otro disidente al que la Fiscal pidió este martes reactivar sus órdenes de captura.
Tanto el Bloque Magdalena Medio como el Jorge Briceño hacen parte del EMBF -la disidencia que aún dialoga con Petro-. En ese grupo armado hay cierto grado de coordinación de sus acciones, pero cada estructura tiene autonomía en sus decisiones, lo que evidencia la fragmentación de la responsabilidad de sus mandos.
De hecho, recientemente se supo que el Frente 18 le responde ahora a Mordisco.
Johnson advierte que incluir este caso “es atribuirle demasiado mando interno a Calarcá como individuo”. En eso coincide Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). “No estamos hablando de las mismas FARC (…) hoy no es tan fácil decir que cualquier hecho se le puede endilgar al mando superior, porque las estructuras están fragmentadas y operan con niveles altos de autonomía”.
Guaviare, el caso que sí lo compromete
El caso de Guaviare es distinto. La Fiscalía menciona en su carta una “masacre de veintiséis (26) personas en Miravalle, Guaviare, ejecutada los días 18 y 19 de enero de 2026 donde, además, resultaron víctimas siete (7) menores de edad, hechos que según se ha podido constatar no correspondieron a un enfrentamiento armado”.
Sin embargo, al contrastar los registros disponibles, surgen diferencias en la identificación puntual del hecho. En la vereda de Miravalle, en zona rural de Calamar, Guaviare, ocurrió un combate entre disidencias en enero de 2025.
El hecho dejó al menos 20 muertos. Según alertó entonces la Defensoría, sí hubo una confrontación entre las estructuras del Bloque Amazonas bajo el mando de Iván Mordisco, y la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Briceño Suárez, bajo el mando de Calarcá.
En enero de este año se presentó otro hecho violento en Guaviare y que apunta a que fue una masacre ocurrida en la vereda Kuwait, del municipio de El Retorno. “Hay una imprecisión en lugar y fecha, pero igual el caso sigue siendo relacionado con Calarcá”, explica Johnson.
En ese sentido, aunque existen diferencias en la precisión del hecho citado, los elementos disponibles coinciden en señalar que la estructura de “Calarcá” estaría detrás del episodio más reciente.
Meta, el área de control de Calarcá
El cuarto elemento es la serie de ataques con explosivos en el Meta entre 2024 y 2025. Aquí la Fiscalía no apunta a un solo hecho, sino a la “continuidad de la campaña de terrorismo en el Meta”, dice la carta que agrega que, “aunque la investigación inició en 2023, la actividad operativa y judicial certifica la perpetración de actos materiales específicos de terrorismo con explosivos contra el sector comercio ejecutados de manera sostenida a lo largo de 2024 y 2025, corroborando la reincidencia post-suspensión, con 19 eventos registrados, así: 10 en Granada, 5 en Acacias, 2 en Villavicencio, 1 en Mesetas y 1 en Guamal”.
Se trata de territorios donde el Bloque Jorge Briceño, bajo el mando de Calarcá, tiene presencia activa, con dinámicas asociadas a extorsión y control territorial.
De hecho, Johnson señala que hay otros hechos incluso más claros que podrían haberse incluido, como los casos sistemáticos de extorsión documentados en la región.
Tanto autoridades del Caquetá y del Meta como organizaciones que estudian el conflicto en esa región han documentado graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por las estructuras bajo el mando de Calarcá.
La decisión que tome el Gobierno no solo definirá la situación jurídica del jefe disidente y de los tres del Frente 33 Andrey Avendaño, Richard y Jhon Mechas -para quienes la Fiscalía también pidió reactivar las órdenes de captura-.
La decisión se sustenta en que, pese a su rol como delegados en procesos de paz, estos comandantes habrían seguido dirigiendo estructuras armadas y ordenando acciones violentas en regiones como Catatumbo. En esa región de Norte de Santander se desató una crisis de seguridad sin precedentes en enero pasado que dejó cerca de 100 mil personas afectadas.
Todo esto también pondrá a prueba cómo se interpreta el cumplimiento en la política de paz total en un escenario donde los grupos armados ya no son estructuras cohesionadas, sino redes fragmentadas.
Como advierte Bonilla, esa división también deja en evidencia otro problema: “Esto muestra que el Gobierno no tiene claro con quién está sentado hablando ni para qué. Las fracturas internas y las desobediencias hacen que sea más difícil no solo negociar, sino también establecer responsabilidades claras sobre los hechos en terreno”, dice Bonilla.
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