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Continúan los episodios de tensión en la mesa de paz total del Gobierno de Gustavo Petro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) –al mando de Walter Mendoza–.
Este martes, la delegación del Ejecutivo emitió un comunicado en el que exige a la disidencia que aclare su responsabilidad en los hechos de violencia recientes ocurridos en el departamento de Nariño con una mina antipersonal y donde quedaron heridos cuatro menores de edad y un ataque con drones. Los delegados advirtieron que las negociaciones se encuentran en “estado altamente crítico”.
En el documento, la delegación condenó enfáticamente el ataque con drones cargados de explosivos en la zona rural del municipio de Ipiales, corregimiento La Victoria, vereda La Esfloria, en el que perdieron la vida tres soldados profesionales: Andrés Esteban Álvarez, Darwin Arnoldo Gómez y Brayan Steven Galindo.
“Esto constituye una grave violación a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y, de confirmarse la participación de Comandos de La Frontera, sería también una violación del compromiso hecho por el grupo armado, de no atacar a la fuerza pública”, se lee en el documento.
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También rechazó el accidente que tuvo lugar en la vereda La Laguna, en el municipio Olaya Herrera.
“En el municipio Olaya Herrera hace presencia el frente “Alfonso Cano” de la estructura Coordinadora Guerrillera del Pacífico, y la trágica afectación de los niños significa el incumplimiento del grupo al compromiso acordado en el 4º ciclo de negociaciones. El grupo armado tiene la obligación de garantizar que los territorios en los que hace presencia estén libres de minas y artefactos explosivos”, añade la delegación del Gobierno.
Según los negociadores del Ejecutivo, los hechos “son inadmisibles” y afectan los avances en el marco de la mesa de diálogos. “Las consecuencias se verán en la mesa: no podemos aceptar que en las negociaciones el grupo armado mantenga un discurso de paz, mientras sus unidades cometen acciones delictivas de extrema gravedad, que atropellan lo pactado y cobran vidas”, concluye el comunicado.
El delegado del Gobierno en esa mesa de paz, Armando Novoa, dijo que evaluará de “manera inmediata el curso y la suerte de esos diálogos” y que se “hará las consultas” con el presidente Gustavo Petro y el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.
La pausa del séptimo ciclo
La tensión en la mesa de paz viene desde hace semanas, en el contexto de las dos suspensiones del séptimo ciclo de diálogos con esa disidencia.
La primera fue el pasado de marzo, cuando la delegación de la CNEB pausó el ciclo por la muerte de uno de sus miembros en medio de un operativo del Ejército.
Colombia+20 conoció entonces que la decisión también se daba por las dudas sobre el ingreso de Geovany Andrés Rojas –conocido como Araña y jefe de los Comandos de Frontera– a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), otro de los temas sensibles del proceso que aún no termina de concretarse.
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La segunda pausa ocurrió hace una semana, dos días después de que las delegaciones se reunieran en Chimbuza, en el municipio de Roberto Payán, para verificar los avances de uno de los compromisos de la mesa, que además se ha convertido en uno de los temas más sensibles: la sustitución de 30.000 hectáreas de coca entre Nariño y Putumayo.
Como se anticipaba desde el territorio, hay un desacuerdo de fondo sobre quién debe pagar la sustitución de la coca.
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Según dio a conocer la delegación del Gobierno en el comunicado en el que anunciaron la nueva pausa, hay estructuras de la CNEB “que hacen presencia en otras regiones de Nariño no han asumido, ni asumieron durante la sesión, ningún compromiso encaminado a la erradicación de la coca”.
La estructura armada respondió al Gobierno en una carta que conoció este diario, dirigida al comisionado de paz, Patiño, a la delegación del Gobierno y a los países garantes. En el documento el grupo armado rechazó la decisión de la delegación del Ejecutivo y habló de un giro inexplicado del Gobierno que implicaría asumir por cuenta del grupo la erradicación “de una cifra aún desconocida de hectáreas de matas de hoja de coca en los territorios” y cubrir su costo.
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