Esta semana el expresidente Iván Duque volvió a ser noticia por unas declaraciones en redes sociales en las que acusaba al gobierno cubano de patrocinar terroristas, afirmando que “los ha patrocinado siempre”.
“Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros. Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos. Desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander; la justicia colombiana procesó a los cabecillas que dieron la orden. Defender la Legalidad no es ideología, como tampoco lo fue extraditar a los narcoterroristas del ELN requeridos por los EE. UU”, aseguró el exmandantario.
El presidente Gustavo Petro no tardó en responderle, también a través de las redes sociales, afirmando que “la consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba”.
Este rifirrafe entre ambos tiene un trasfondo más amplio que vale la pena profundizar, pues el contexto de lo aseverado por Duque tiene una historia de desconocimiento de los protocolos pactados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en medio de los diálogos que esa guerrilla había entablado con el gobierno de Juan Manuel Santos.
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La mesa de conversaciones de paz con el ELN había sido instalada formalmente en Quito, Ecuador, desde el año 2017, pero no tuvo avances significativos durante la presidencia de Santos más allá de un cese bilateral al fuego de 101 días pactado entre 2017 y 2018, y el acuerdo de una agenda que marcaría los temas a tratar en los diálogos.
No obstante, en abril de 2018, Lenin Moreno, el recién electo presidente de Ecuador, anunció que su país dejaría de ser sede para aquellos diálogos. Cuba se ofreció como nueva sede y ultimó los detalles para recibir a ambas delegaciones negociadoras en mayo de 2018. Todo aquello ocurría cuando se desarrollaba en Colombia una virulenta campaña electoral al final del segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, marcado por un fuerte desgaste político en medio de una campaña opositora liderada por el partido Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe, quienes prometieron “hacer trizas la paz”.
Fue bajo dicho escenario que Iván Duque ganó las elecciones y asumió la presidencia el 7 de agosto de 2018. Su gobierno empezó con un Acuerdo de Paz con las FARC cuya implementación arrancaba en medio de enormes tropiezos institucionales, y recibió una mesa de diálogos con el ELN ya instalada en Cuba sin mayores avances.
Duque se negó a sentarse en esa mesa de conversaciones, colocando como condición para reanudar los diálogos dos premisas que en la práctica eran imposibles de concretarse: que el ELN abandonara sus actividades ilícitas y que dejara de secuestrar. La guerrilla respondió que aquello debía discutirse precisamente en la mesa de diálogos.
El 1 de diciembre de 2018, cuando Duque cumplía cuatro meses en el cargo, durante su visita a la posesión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el Ejército de Liberación Nacional le hizo llegar un mensaje escrito a través de un emisario, invitándolo a reanudar las conversaciones.
Aquello lo reveló Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de la guerrilla, en una extensa entrevista con Colombia+20 a finales del 2021. Un año más tarde el expresidente Iván Duque confirmó el hecho a la Revista Semana.
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Aquellas fueron las circunstancias que rodearon el criminal atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, el 17 de enero de 2019, cometido por un comando del Frente de Guerra Oriental del ELN, cuya base es Arauca y el oriente del país. Dicha acción terrorista, que dejó un saldo de 22 jóvenes policías muertos, fue la que motivó publicamente la ruptura oficial de la mesa de diálogos por parte del entonces presidente Iván Duque, diálogos que él se había negado a reanudar.
¿Cómo entró Cuba a la lista de países que apoyan el terrorismo?
Duque acusó a los negociadores del ELN de haber ordenado aquel atentado y la Fiscalía colombiana expidió nuevas órdenes de captura contra ellos, solicitando formalmente al gobierno cubano la extradición de los jefes guerrilleros a nuestro país.
No obstante, aquello violaba los protocolos que habían sido acordados con Juan Manuel Santos, según los cuales si la negociación se rompía los países garantes, la guerrilla y el gobierno colombiano tendrían 15 días para concretar el regreso de los miembros del ELN al país, quienes debían ser insertados en zonas con presencia guerrillera en donde se suspenderían las operaciones militares por 72 horas. La cancillería cubana solicitó a Colombia a finales de enero de 2019 que se cumpliera con este acuerdo, para que los miembros del ELN pudieran salir de aquel país, como se había pactado con Juan Manuel Santos.
Duque nunca quiso aplicar los protocolos y la delegación negociadora del ELN quedó varada en la isla de forma indefinida, lo que dio pie a que el 11 de enero de 2021, bajo la presidencia de Donald Trump y con un fuerte lobby de la diplomacia colombiana, los Estados Unidos incluyeran a Cuba en su lista de países financiadores del terrorismo.
De acuerdo con el comunicado de prensa de entonces, la decisión se tomaba “por brindar reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas”. Cuba había salido de dicha lista en 2015, durante la apertura que el entonces presidente Barak Obama tuvo hacia la isla.
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“Alegando protocolos de negociación de paz, Cuba ha rechazado los pedidos de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana luego de que el grupo se atribuyera responsabilidad por el atentado con explosivos perpetrado en enero de 2019 en una escuela de cadetes de policía en Bogotá, en el que murieron 22 personas y más de 87 resultaron heridas”, prosigue el comunicado del Departamento de Estado, que además reseña los vínculos del gobierno cubano con el régimen de Nicolás Maduro y la presencia de algunos fugitivos de nacionalidad norteamericana que se encontraban en la isla, como la activista afroamericana Jhoanne Chesimard.
De acuerdo con Mariakarla Nodarse Venancio y Alex Barela, miembros de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA), la nueva designación de Cuba como un país patrocinador del terrorismo le ha traído a la isla un enorme costo humano que “va mucho más allá de aislar al ejército cubano y tachar al país de adversario. Las consecuencias más atroces se derivan del mayor riesgo asociado a cualquier tipo de ayuda humanitaria, negocio, inversión y comercio que implique a Cuba y, por extensión, a los ciudadanos cubanos”.
Ahora, desde el 2022 el gobierno de Gustavo Petro nuevamente hace lobby pero esta vez en un sentido exactamente opuesto al del 2019: pidiendo a los Estados Unidos que Cuba salga de la lista de países que financian el terrorismo