Elecciones 2023: ex-FARC llegan con 144 candidatos y un futuro político por definir

El Partido Comunes (inicialmente llamado Partido FARC) ha intentado posicionarse dentro del electorado desde 2017.

Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Las elecciones de este domingo 29 de octubre ponen en la balanza el éxito o fracaso de la reincorporación política de los exguerrilleros de las antiguas FARC que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 .

La promesa de ese pacto era, entre muchas otras cosas, que los combatientes de ese grupo armado hicieran la dejación de armas con la garantía de que pudieran hacer el tránsito hacia la participación en política. En resumen, que cambiaran las armas por la posibilidad de medirse en votos.

La primera acción para que se convirtieran en una fuerza política fue aprobar que por dos períodos legislativos, el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) -que luego cambió de nombre a Comunes-, y que nació justamente de esa firma, tuviera por dos períodos cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara. El último período empezó en 2022 y terminará en 2026.

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Este domingo, por tercera vez y tras casi siete años de la firma, los ex-FARC volverán a calibrar su hasta ahora escaso poder en las urnas en unos comicios que también serán decisivos para la continuidad de ese partido político.

Para estas elecciones regionales, 144 firmantes del Acuerdo de Paz aspiran a un cargo de elección popular, según la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). La cifra muestra dos cosas: por un lado, un leve aumento con respecto a las votaciones regionales de 2019 si solo se mira la cifra de reincorporados que son candidatos. Ese año, que marcó el debut electoral de la antigua guerrilla, se presentaron 101 excombatientes.

Los resultados fueron muy desfavorables: de las 16 alcaldías que se disputaban solo Julián Conrado (quien no se postuló por el Partido Comunes) obtuvo el triunfo en la Alcaldía de Turbaco, Bolívar, y en coalición con otros partidos ganaron la Alcaldía de Guapi, Cauca. También obtuvieron algunos puestos ediles a nombre propio en Bogotá.

Por el otro lado, esos números evidencian una disminución, pero en el total de aspirantes del Partido Comunes (es decir, excombatientes y no excombatientes). Mientras en 2019 ese dato era de 308 aspirantes, este año son 296, según cifras de esa colectividad.

De acuerdo con Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), se debe resaltar justamente que haya un incremento en el número de excombatientes aspirantes, así haya bajado el del total de Comunes, porque esto refleja que el ejercicio de la política entre los ex-FARC no depende necesariamente de un partido político.

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“En un primer momento, las FARC sí querían tener una presencia política mayor a la que tienen ahora por vía del Acuerdo de Paz, pero fueron muy conscientes de que no lo iban a lograr por vía electoral, ni pueden mantener las curules en el Congreso. Por eso la reincorporación, al haber estado focalizada en los espacios territoriales (también conocidos como ETCR), empezaron a formar liderazgos comunitarios y políticos, algunos de los cuales van a participar vía Comunes u otros partidos en estas elecciones. Con eso se fortaleció esa reincorporación política y seguramente se puede seguir y consolidar su proceso político comunitario”, explica Bonilla.

La mayoría de los actuales candidatos se presentaron para el cargo de concejales (114), 12 a las juntas administradoras locales (JAL), 11 a las asambleas municipales y siete a alcaldías. De esta última, la que más se destaca es la aspiración de Pastor Alape, exjefe del bloque del Magdalena Medio y quien es el primer miembro del secretariado de las antiguas FARC en medirse en las urnas. Alape busca ser alcalde de Puerto Berrío, su tierra natal.

Las candidaturas se concentran especialmente en Tolima, donde suman 19 aspirantes, Antioquia (12), Cauca (12), Putumayo (11) y La Guajira (10). De acuerdo con Federico Montes, representante de Comunes en el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), en los espacios territoriales de estos departamentos se han generado condiciones más favorables para los reincorporados, especialmente por el acogimiento de comunidades, y esa sería la razón por la que hay más aspiraciones en esas zonas.

La investigadora Bonilla apoya esa tesis. “En el caso de Tolima, el espacio territorial Antonio Nariño de Icononzo tiene uno de los procesos de reincorporación mejor organizados. Desde sus proyectos productivos -solo para citar una, la cerveza La Roja o Manifiesta- se ha promovido empleo y lograron integrar a la comunidad excombatiente y no combatiente. Lo mismo ocurrió en Llano Grande, que es el de Dabeiba, Antioquia. En el caso de Cauca, a pesar de que hay una violencia fuerte contra los firmantes, en Caldono lograron una integración muy poderosa con el resguardo indígena. Entonces son buenos procesos que consolidan liderazgos”, aseguró.

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Y agrega que otro punto que pudo haber favorecido la aparición de figuras que quisieran medirse en las urnas es que a nivel local, y especialmente rural, sí favoreció que algunos reincorporados volvieron a sus lugares de origen, porque ello provocó un fuerte arraigo territorial.

Según la ARN, por los menos 23 partidos y movimientos políticos tienen en sus candidaturas a firmantes de paz. Comunes dio al menos 67 avales, Colombia Humana 10 y Colombia Renaciente seis.

La inseguridad, la primera barrera

Sin embargo, no todo el panorama es favorable. Las dificultades que han enfrentado los excombatientes que se han lanzado al ruedo político incluyen varios factores. El más importante tiene que ver con las pocas garantías de seguridad. Según Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz, 399 firmantes han sido asesinados. De ese total, 35 han ocurrido en lo que va de 2023.

En varias visitas de los congresistas de la Comisión de Paz a algunos territorios -cuya información fue recogida por la Fundación Ideas para la Paz en el reciente informe “Del Capitolio al territorio”-, se conoció de al menos dos denuncias en Caquetá y Catatumbo, en las que reincorporados debieron retirar sus candidaturas por amenazas.

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“Fue un caso en la Unión Peneya (Montañita, Caquetá). Llegaron hasta la casa del papá y preguntaron al candidato, allí maltrataron al papá. Al final renunció a su postulación por Comunes. Era precandidato al Concejo de Montañita y al final decidió no inscribir su candidatura”, dice el testimonio recogido en la visita.

De acuerdo con Montes, un caso que ilustra cómo la violencia y el desplazamiento acabaron con procesos organizativos que ya llevaban varios años ocurrió en Mesetas. En marzo de este año el espacio territorial Mariana Páez, ubicado en esa zona de Meta, fue amenazado por las disidencias de las antiguas FARC. Tras una negociación con el Gobierno, en junio, las 200 familias fueron trasladadas a otro lugar en Acacías.

“Allá se habían consolidado unos procesos de candidaturas al Concejo, unas alianzas a la Alcaldía y a la Asamblea, y al darse ese desarraigo -porque no fue solamente el fenómeno de desplazamiento- se dio la frustración de un proceso político, se rompió el tejido organizativo que es clave en el escenario electoral”, explicó.

En el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), sobre la violencia en el contexto electoral, a corte del pasado 29 de septiembre, se registran cuatro hechos violentos en contra del Partido Comunes, entre ellos tres amenazas y un atentado.

Eso se une a la enorme estigmatización que hay alrededor de las personas que firmaron el Acuerdo de Paz. “Sabemos que parte de la reincorporación es que ellos tengan un goce efectivo de sus derechos políticos, lo que se traduce en elegir y ser elegidos. La estigmatización sobre esta población no contribuye a esto ni crea tejido social y marca la dignidad de los que siguen apostándole al Acuerdo”, afirmó Alejandra Miller, directora de la ARN.

Las mujeres excombatientes también enfrentan barreras para hacer política

De los 144 firmantes de paz que son candidatos en estas elecciones, 108 son hombres y apenas 36 mujeres, lo que evidencia los obstáculos y brechas de género que siguen enfrentando las que quieren lanzarse al ruedo político.

“Los señalamientos hacia la población, que aumentan en períodos electorales, también tienen particularidades hacia las mujeres que estuvieron en la guerra y que quieren llevar a cabo procesos de participación política”, explicó a este diario Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

De ese total, 27 son candidatas al concejo, seis a juntas administradoras locales y tres a la asamblea. Ninguna se presentó a alcaldías ni a gobernaciones.

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Según las cifras de ARN, la mayor cantidad de candidatas en relación con candidatos se da en Cundinamarca, que tiene siete mujeres en la lista contra cuatro hombres. Le sigue Tolima, con seis mujeres y cinco hombres.

¿Cómo se están financiando las campañas?

Otro tema, que afecta a hombres y mujeres, es la financiación. Algunos firmantes de paz le han contado a este diario que han tenido que recurrir a recolectas, rifas o incluso a préstamos a nombre propio para poder financiar publicidad o eventos de campaña.

El Partido Comunes obtiene recursos públicos como cualquier otra colectividad, incluido dinero por reposición de votos. Pero dado su origen y la enorme estigmatización que tiene alrededor le es difícil tener otras fuentes de ingresos como contribuciones o donaciones de particulares.

“Los recursos de la reposición de votos el partido los coge y direcciona para cubrir los gastos, pero sí debemos reconocer que dadas las particularidades y en el escenario en el que nosotros nos hemos tenido que mover para la participación electoral, tenemos una limitación muy grande en materia de acceso a recursos”, explicó Montes, de la CSIVI.

La ARN ha tratado de impulsar la participación política con varias acciones, como el lanzamiento de un curso virtual, en asocio con la Universidad Nacional, acerca del funcionamiento del Estado, el sistema electoral, estrategias de comunicación y marketing política, la incidencia de planes de desarrollo territorial, entre otras. La capacitación empezó el pasado 17 de octubre, donde están participando 301 personas. “Este espacio tiene como objetivo dar herramientas y elementos a las personas que firmaron el Acuerdo de Paz, pero particularmente a aquellas que decidieron lanzarse a la arena política en este período para las elecciones de octubre. Este curso les brindará insumos de distintos temas que son necesarios para el ejercicio de este proceso de participación política”, afirmó Miller.

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Además, lanzaron una serie de cuñas radiales que se están distribuyendo a través de las radios comunitarias, entre las cuales hay varias con mensajes para apoyar la participación política de los excombatientes, pero también para prevenir y superar la estigmatización de los excombatientes de las FARC.

¿Qué le espera al Partido Comunes?

El fin de la representación en el Congreso que tendrá esta colectividad en 2026, cuando ya no tendrán garantizadas las 10 curules que hoy tienen entre Senado y Cámara, va a significar sin lugar a duda un reto para la supervivencia de Comunes, el partido que nació tras la firma del Acuerdo de Paz.

Y estas elecciones regionales también volverán a ser un pulso para ese partido político, que sumado a la falta de apoyo en las urnas, tiene una división interna desde hace varios años.

Además, se ha planteado por parte de varios sectores la posibilidad de que pierda la personería jurídica por cuenta de que no llegue a tener el umbral de votos necesarios.

“No veo viable esa posibilidad de que perdamos la personería jurídica, pero eso sí debería darnos un espacio para poner sobre la mesa cómo hacemos para dar garantías reales de participación política, dados los retrasos en la implementación”, explica Federico Montes, representante de Comunes en la CSIVI.

Por ahora, a partir de este domingo 22 de octubre quedan apenas siete días para que se abran las urnas y los y las candidatas terminen de conquistar los votos de los ciudadanos. La participación de los firmantes de paz será clave para medir la implementación de la participación política, que estuvo en el corazón del Acuerdo de Paz de 2016, pero además estas elecciones también son claves para consolidar ese pacto en las regiones a partir de los programas de gobierno de las nuevas autoridades locales.