“En el 96,8 % de municipios donde se votará por curules de paz hay un actor armado”: MOE

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Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), analiza el panorama de las curules de paz en medio de un escenario marcado por la presencia de actores armados, riesgos de fraude, debilidades en la implementación del Acuerdo de Paz y dificultades en la financiación de las campañas.

A partir del más reciente informe de la MOE, advierte que en el 96,8 % de los municipios donde se votará por estas circunscripciones hay presencia de al menos un actor armado, señala la coincidencia entre economías ilegales y riesgo electoral extremo, y cuestiona las condiciones reales de competencia para candidaturas que solo recibieron recursos públicos semanas antes de la elección.

Su balance para Colombia+20 también examina el tema climático que será un factor el próximo 8 de marzo, el desempeño legislativo de esta bancada y los retos que enfrenta en su recta final.

Será la última vez que se vote por las curules de paz.

El informe de la MOE dice que el 96,8 de los 168 municipios donde se votará por las curules de paz tiene algún tipo de riesgo electoral. ¿Por qué se da esto y qué nos revela este panorama?

Sí, son municipios que tiene algo riesgo por niveles de violencia. Lo que estamos señalando allí es que parte de lo que se está concentrando en estos 168 municipios es la presencia, injerencia y capacidad militar de actores armados en estos territorios. Ese 96,8 % del que estamos hablando es del que al menos en esa cantidad de municipios hay un actor armado presente en estos territorios y esto pues obviamente muestra cuál es hoy la magnitud y dimensión del conflicto en estos territorios del país.

Se hizo un Acuerdo de Paz justamente para lo contrario, para disminuir los niveles de violencia en esos municipios. ¿Falló la implementación? ¿Esto muestra lo que se ha llamado la fragmentación de los actuales grupos armados?

Sí. Es poco de uno y de lo otro. Tenemos unos retrasos importantes en la implementación del Acuerdo de Paz. Obviamente la reincorporación política es parte fundamental a través de lo que ocurrió en su momento con el partido Farc, hoy Comunes y con lo que están viviendo en este proceso de campaña electoral, pero eso no era lo único que se debía implementar.

El Acuerdo de Paz decía que también teníamos que llegar con procesos de desarrollo rural, con intercambio o sustitución de cultivos ilícitos a los territorios y muchas de estas situaciones desafortunadamente no se dieron o no se están dando.

Ante el vacío de poder que deja la desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, lamentablemente lo que encontramos es una fragmentación de distintos actores armados en territorio. Es decir, ya no hablamos de una sola disidencia, sino que tenemos menos cuatro estructuras disidentes en este momento (Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estado Mayor de los Bloques y Frente, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, estas dos últimas no están en un proceso de paz con el Gobierno Petro).

Eso sumado a lo que ocurre con las estructuras asociadas al Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), al ELN, entre otras tantas estructuras que estamos nosotros haciéndole monitoreo.

Entonces, esta situación de fragmentación es al mismo tiempo una coincidencia de varios actores armados, de economías ilegales en los territorios lo que obviamente ha generado una nueva capacidad y un nuevo ciclo de conflicto en estos territorios.

¿Hay más riesgo por el tema de violencia electoral o el tema de violencia o presencia armada en los territorios?

Es más difícil que eso porque encontramos que de los 168 municipios, en 103 hay factores indicativos tanto de fraude electoral como factores de violencia.

Cuando hablamos de esos riesgos en términos de factores indicativos de fraude, lo que encontramos es una situación bastante lamentable en términos de participación electoral y de un alto nivel de votos nulos. Es decir, en estos 168 municipios, además de contar con factores estructurales en torno al conflicto armado colombiano, hay una precariedad importante en acceso a puestos de votación, en pedagogía electoral y por eso esos niveles que estamos viendo.

Hallamos municipios en donde, por ejemplo, el promedio de votos nulos es cerca de 10 puntos porcentuales por encima de lo que ocurre a nivel nacional.

O sea, la gente no supo cómo votar o votó mal para ser más claros. Tenemos un mal uso del tarjetón, bajos niveles de participación y, algo que no es menor, una confluencia de factores de desconocimiento respecto del acceso a la circunscripción transitoria de paz.

Recordemos que las personas que están en esos municipios pueden votar por la Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, el nombre jurídico de las curules de paz), también por la circunscripción ordinaria (es decir Cámara y Senado).

Además, ¿tienen más tarjetones en esas zonas?

Sí, podrían tener entre seis y siete tarjetones para el próximo 8 de marzo. Se puede votar por el Senado Nacional, por la Cámara Nacional, por la circunscripción especial indígena, por las curules de paz, pueden solicitar su tarjetón por la Cámara departamental ordinaria, y tendremos también a la mano un proceso de consultas interpartidistas que se podrá también solicitar en estos territorios.

Entonces el pool de opciones realmente resulta un poco complejo, pero pues es importante que tengan en cuenta que pueden votar Senado, pueden votar Cámara Ordinaria, pueden votar Citrep en sus territorios correspondientes y adicionalmente solicitar el tarjetón para las consultas y este tipo de elementos tan detallados a veces del proceso electoral no se conocieron en estas comunidades y esto llevó a ciertos errores en el desarrollo del proceso.

¿Qué acciones están haciendo puntualmente los grupos armados en estos lugares? ¿Cómo se ve la influencia en las elecciones?

Es un escenario muy variopinto y depende de cada región del país. Centrémonos, por ejemplo, en Catatumbo. Allí tenemos una confluencia de dos actores armados grandes, con la posible entrada de un tercero que son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo, de acuerdo a como se quiera denominar.

Esa zona es un panorama de conflictividad muy acelerado entre estos tres actores buscando un control territorial y el control de la economía ilegal, en este caso asociada a los cultivos ilícitos y a la economía del narcotráfico.

Esto lleva básicamente a dos escenarios. Uno, de altísimo control social, en el que se determina, por ejemplo, la vida en comunidad, los ciclos de cultivos asociados a la economía del narcotráfico, obviamente los ejercicios comerciales y la entrada y salida de personas. Esto obviamente pone en jaque el proceso electoral. Estamos hablando básicamente de que si se controla quién entre y sale puede no haber la posibilidad de trasladar puestos de votación o de que llegue el material electoral el día de la votación.

También imposibilitan el libre tránsito de las personas que están haciendo campaña y actos de proselitismo en este territorio. Y eso es absolutamente complejo, y sobre todo a menos de una semana de la elección, en donde los momentos de campaña suelen ser mucho más efervescente y los candidatos están buscando votos en estos territorios.

¿Y las acciones en el tema de fraude electoral cómo se ven?

Más difícil, pero igual latente. Puede haber una injerencia o captura de las organizaciones sociales, de las estructuras de Juntas de Acción Comunal, que pueden ser base para muchos movimientos y candidaturas en estos territorios. Y esto absolutamente puede restringir la capacidad de voto libre de las personas y comunidades rurales que ejercen el voto por la Citrep en estos territorios.

Entre todos los 168 municipios que hay y las regiones que componen las curules de paz, ¿cuáles son los que tienen más riesgo y de qué tipo?

Si quisiéramos englobarlas de manera general, básicamente lo que encontramos es unos riesgos muy altos en circunscripciones como la número 3, que corresponde al Bajo Cauca antioqueño. Allí se encuentran 18 municipios en riesgo extremo.

La circunscripción número 1, que comprende desde el departamento de Nariño hasta el sur del Valle del Cauca, particularmente concentrado en los municipios de Sierra del departamento del Cauca.

Y, en tercer lugar, la circunscripción número 2, que corresponde al occidente del departamento de Arauca. Los municipios de Fortul, Tame, Saravena y Arauquita concentran un riesgo electoral extremo también en este caso.

Una cosa muy importante es que durante los últimos meses varios grupos armados que están dentro de la política de paz total han firmado acuerdos con el gobierno para no interferir en las elecciones. ¿Se ha cumplido alguno de esos acuerdos?

En términos formales tenemos cuatro acuerdos firmados. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (la disidencia de Walter Mendoza) en el sur del país, Comuneros del Sur, que Nariño; el Estado Mayor de Bloques y Frente (la disidencia de Calarcá Córdoba) y un acuerdo un poco etéreo de pronto con el Clan del Golfo. Y esta semana despertamos con la noticia de la paz electoral propuesta por el ELN también.

Hemos notado que son pactos absolutamente etéreos en los que se dice “vamos a garantizar que no haya desplazamientos”, “no vamos a atacar a la población civil”, y que se comprometen que se pueda ejercer el voto libre por parte de las comunidades y a no interferir, pero no tenemos mecanismo de verificación de este estos acuerdos. Y estoy dejando por fuera puntos cruciales de financiación.

En algunos casos misiones internacionales, como por ejemplo la Mapp-OEA está haciendo alguna suerte de seguimiento. De manera formal en la MOE no tenemos un reporte que nos indique realmente que hay una restricción a la movilidad de algunos candidatos. Sin embargo, en las comunidades hemos tenido algún acercamiento que nos indica que están exigiendo cobros para traslados en algunas regiones, por ejemplo, del departamento del Cauca, sobre las cuales hemos alertado a las autoridades, pero desafortunadamente no tenemos ningún tipo de confirmación.

Realmente no hay datos que permitan sustentar si estos grupos están cumpliendo estos acuerdos, si realmente están permitiendo libre tránsito a movilidad de candidaturas para tener un proceso electoral tranquilo y transparente.

En contexto: Las dudas que rodean los acuerdos electorales de los grupos armados ilegales con el Gobierno

Otro factor en estas elecciones y el tema climático. Córdoba ha sido el departamento más afectado. ¿Cómo incidirá esto en las votaciones del próximo domingo?

Es un factor, sin duda. Estamos haciendo un análisis semanal de las alertas provistas por el IDEAM. Básicamente tenemos en alerta máxima tres territorios de circunscripciones de paz, la circunscripción de Chocó, la circunscripción del sur de Bolívar y la circunscripción del sur de Córdoba. En ellas tenemos el 100% de los puestos de votación para las curules de paz están afectados.

Estamos hablando de la afectación completa del censo electoral y esto puede generar unas repercusiones absolutamente complejas para el día de la elección, en tanto que necesitarán traslado de puestos de votación, la apertura va a ser compleja, la llegada del material y obviamente lo que implica en los costos de transporte para los votantes. Esto sin nombrar obviamente todas las crisis humanitarias que esto genera en términos de desplazamiento de enseres, costos de vida y demás.

¿Se podría suspender la elección en esas tres circunscripciones y hacer en otro momento?

Nosotros tenemos una figura que es la suspensión de la elección, que particularmente para las circunscripciones de paz tiene un régimen muy especial y es que se tiene que poner de acuerdo la Registraduría, la Defensoría del pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y las autoridades territoriales. Esto exigiría un acuerdo de varias entidades para poder certificar esa suspensión y hacer la elección exclusivamente de Citrep en otro momento, pero sería igual perjudicar esa circunscripción, las elecciones atípicas en Colombia no tienen una alta tasa de participación, entonces moverlas en una fecha distinta a la ordinaria también tendría un costo bastante alto.

El informe de riesgo electoral para las curules de paz habla de una sobreposición de riesgo con municipios con alta concentración de cultivos de coca, pero también alerta sobre la facilidad que hay para fraudes electorales con otras economías ilegales. ¿Qué es lo que se encontró?

Efectivamente el Acuerdo de Paz requería de una implementación integral para el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que no tuvo el éxito esperado, y también la llegada de bienes y servicios públicos a estos territorios de circunscripción de paz tampoco tuvo el alcance que se estaba pensando. Eso llevó a crecimiento no tan exponencial pero sí importante en las economías ilegales en estos territorios.

La coca obviamente es una cosa que tenemos leída hace muchos años en Colombia, sabemos que tenemos cultivos de uso ilícito, sabemos cómo son las rutas y la cadena económica asociada al narcotráfico, pero desafortunadamente no es la única economía ilegal.

Tenemos una correlación casi que uno a uno de los municipios más afectados por cultivos ilícitos con territorios de riesgo extremo detectado por la MOE en circunscripciones de paz como Guaviare y Meta, pero hoy ya tenemos que hablar de economías atadas a la extracción de minerales, no solamente oro, el tráfico de migrantes, el robo o contrabando de combustibles cuando estamos hablando de zonas de oleoducto, de zonas de frontera.

Como el oro en algún momento se vuelve legal, un anillo, una cadena por decirlo de manera muy coloquial es más fácil pasarlo como legal, lo que no pasa con la coca que sigue siendo ilegal desde su producción hasta su puesta en mercado en Europa o en Estados Unidos.

No es casual por ejemplo que la situación del sur de Bolívar esté tan compleja y con la confluencia de hasta cuatro actores armados de alcance nacional buscando controlar un sector como la Serranía de San Lucas que básicamente es una montaña de oro.

En el Acuerdo de Paz quedó estipulado que no podían llegar a estos cargos ni personas que hayan hecho político o tenido un cargo y tampoco podían ser apoyados por partidos políticos tradicionales. ¿Qué tan blindadas hoy están las curules de paz frente a las maquinarias políticas?

Estamos hablando de un ejercicio de participación política para personas que no hubieran estado en ese círculo. Ni directivos de partidos, ni candidatos en procesos anteriores, ni personas vinculadas a estructuras políticas ordinarias podrían hacer parte de estas circunscripciones de paz, pero pues esto se convirtió en una moneda de cambio a partir de un requisito absolutamente fácil, si se quiere, de obtener en un país como Colombia, y es el Registro Único de Víctimas.

Básicamente fue, es un requisito de entrada y a través de una organización social determinada que fuera capaz de avalar la candidatura en estos territorios.

¿Qué es lo que tenemos? Algunas candidaturas que en principio pueden ser cuestionadas por su origen político o por los apoyos de estructuras políticas que tengan. No corresponde a la MOE determinar este tipo de vinculación, pero sí hay otros escenarios que podrían decirnos cómo ha impactado esa influencia y es particularmente lo que nosotros hemos notado a partir de la inscripción de cédulas en puestos rurales.

Circunscripciones como la del Pacífico nariñense, circunscripciones como la del sur de Meta y Guaviare registraron una altísima inscripción de personas movilizándose a puestos rurales. ¿Por qué es atípico? Porque los movimientos poblacionales son absolutamente ilógicos en términos generales.

Vamos a plantearlo con un ejemplo y es el caso del municipio de Tumaco. Tumaco en 2022, en sus municipios de zona rural, que es circunscripción de paz, tuvo una inscripción de alrededor de 7 mil personas. En esta oportunidad, cuatro años después, el mismo Tumaco, con los mismos puestos de votación, tuvo una inscripción de 16 mil personas, más o menos el 107 % adicional de lo que pasó hace cuatro años. Eso nos deja ver cómo sí hubo un traslado de personas que viven seguramente en cabecera municipal, asociado a la inscripción y a intentar jugar un papel importante en la circunscripción de paz.

¿Ha pasado lo mismo en Catatumbo o ahí se siente más el tema del desplazamiento por la crisis humanitaria?

Catatumbo funcionó casi que al contrario. Desafortunadamente la crisis humanitaria que generó el desplazamiento en estos municipios del Catatumbo llevó a las personas a zonas que no son Citrep, Entonces, durante todo el proceso de inscripción de cédulas, municipios como Ocaña, municipios como Cúcuta, Villa del Rosario tuvieron una inscripción alta, particularmente asociada a recepción de población desplazada, sobre todo el caso de Ocaña.

¿Y eso hace que sea más pocos los votos que necesita alguien para hacerse con la curul de paz?

Claro. Al reducir los censos electorales, la posibilidad y la competencia de una circunscripción que ya en sí misma es de una baja votación —porque estamos hablando de representantes que se escogen con menos votos incluso que en una circunscripción especial indígena o afrodescendiente— tenga, digamos, la posibilidad de ser mucho más fácil manipular.

¿Cómo está el tema de la financiación para las curules de paz? Hace cuatro años había muchos obstáculos incluidos una póliza absurda que nadie podía pagar

Las curules de paz venían con un requisito absolutamente claro y era la financiación de las campañas preponderantemente estatal y a través de la figura del anticipo, distinta a las circunscripciones ordinarias, donde hay un juego de financiación mucho más claro de origen mixto.

Y esto puso en jaque el desarrollo de la elección en 2022 porque fue muy atropellado su proceso y, en 2026, lamentablemente no se tomaron ningunas medidas al respecto. La resolución del Consejo Nacional Electoral autoriza el giro de los recursos para estas candidaturas que están en campaña salió apenas la semana pasada.

Es decir, ellos en tiempo real tuvieron recursos de campaña solamente dos semanas, -tres si somos generosos-, antes de la elección. En una campaña de tres meses estamos hablando de que básicamente solo tuvieron recursos de campaña el 10% del periodo. Y esto obviamente pone en jaque las posibilidades reales de una persona lideresa o líder de víctimas campesino en estos territorios, que además los costos de campaña son altísimos, altos costos de transporte.

Para terminar ya se termina pronto el periodo legislativo de quienes fueron elegidos en 2022, algunos de ellos, siete de ellos para ser específico buscan la reelección, ¿cuál es para usted el balance de tener las curules de paz en el Congreso? ¿Qué se puede mejorar? Los que están saliendo quisieron actuar como bancada y no se logró…

Bueno, es que realmente es una bancada bastante atractiva. Hablamos de que, en términos de censo electoral, más o menos el 3.5 del censo electoral del país está escogiendo una bancada que significa casi el 6% de todo el Congreso, y esto resulta bastante llamativo.

¿Qué encontramos allí? Una promesa muy clara respecto de las posibilidades de alargar esta circunscripción de paz y seguramente será una de las banderas que algunas de las personas electas busquen también esa oportunidad.

Esto puede sonar, digamos, a un beneficio personal de quienes ocupen estas curules, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Recordemos que ya se tramitó una extensión a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) por 10 años; esos son dos periodos constitucionales en términos de Cámara de Representantes y esto, pues, podría ser un juego también de la mano para buscar ese ejercicio de control.

Sin embargo, realmente el ejercicio legislativo de algunas curules sí nos deja bastantes dudas al aire, particularmente sobre la firma o autoría de algunos representantes que participaron, por ejemplo, en decisiones como el transfuguismo político, cuando en teoría no son de origen político.

En otros sí se notó un trabajo legislativo, por ejemplo, en términos de las asociaciones público-populares, que fue un tema muy sonado al inicio del gobierno de Gustavo Petro, o por ejemplo también lo que tiene que ver con el control y desarrollo de los mismos PDET.

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