Desde junio de 2019, un equipo de 12 estudiantes, periodistas y diseñadores de la Unidad de Investigación Periodística de la Universidad Politécnico Grancolombiano comenzó a revisar 14 años de archivos de prensa en búsqueda de los actos violentos cometidos por las Farc, antes de su desarme, en la localidad de Usme en Bogotá. De acuerdo con Juliana Castellanos, editora general de la Unidad de Investigación, su intención era documentar cómo el conflicto armado también se había desarrollado en ciudades como Bogotá, y que este iba mucho más allá de atentados tan mediáticos como el del Club El Nogal, sin restarle importancia.
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“Se ha focalizado desde los habitantes y los mismos medios de comunicación el impacto de las bombas o lo que ocurre en el centro de la ciudad, que afecta a ciertos grupos sociales de un estrato social más alto. Lo que queríamos era justamente reivindicar que es la población urbana y campesina, que vive en las zonas periféricas de la ciudad, la que también ha sufrido los impactos del conflicto en Bogotá y que muchos desconocían”, señala Castellanos.
“Usme, el rastro de la guerra” es el especial multimedia que nació de esta documentación. A través de entrevistas a víctimas de esta localidad, habitantes, líderes sociales y excombatientes de las Farc hallaron que entre 1990 y 2003 en esta zona de la capital ocurrieron dos masacres cometidas por el Bloque urbano Antonio Nariño, en las que murieron 20 personas, y una por la fuerza pública, en la que asesinaron a seis más.
En este especial también reconstruyen por qué esta localidad, la segunda más grande de Bogotá, fue un punto de interés clave para el crecimiento de esta guerrilla en la ciudad. El despliegue de las Farc hacia Usme se dio desde la década de 1990 a partir de dos hechos. El primero fue la VII Conferencia, en la que el grupo armado decidió crear frente guerrilleros en zonas urbanas para hacer trabajo político y tomar el control. Esta localidad les daba esa entrada a Bogotá por ser un punto estratégico en la cordillera oriental, pues conecta el páramo de Sumapaz (muy cerca de Usme) con Huila y Tolima, la cuna de la extinta guerrilla.
El segundo hecho fue el ataque del Ejército contra Casa Verde, más conocido como la Operación Colombia. En ese momento se convirtió en una blanco militar porque se creía que en dicho campamento, ubicado en las inmediaciones del Río Duda en Uribe (Meta), estaba todo el Secretariado de las Farc: Manuel Marulanda, Efraín Guzmán, Jacobo Arenas, Alfonso Cano, Jorge Briceño o el ‘Mono Jojoy’ y Raúl Reyes.
A partir de ese ataque, dice la investigación, las Farc decidieron realizar sus primeras acciones ofensivas en Bogotá. Así se conformó el Bloque Antonio Nariño, dirigido en ese entonces por Carlos Antonio Lozada, actual senador por el Partido Farc, el cual operó principalmente en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.
La primera masacre registrada en esa época fue contra un equipo de judicial en la vereda La Unión. Se conoce como la Masacre de Usme y ocurrió el 26 de noviembre de 1991. Un equipo de ocho personas del Cuerpo Técnico Judicial fue a levantar el cuerpo de César Naranjo, un campesino asesinado por las Farc.
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En el camino, los carros fueron emboscados y dinamitados. Guerrilleros remataron con disparos a varios de los funcionarios. Sola una mujer sobrevivió a este atentado: Nora Navarrete, quien a la fecha no ha sido reparada por el Estado -ya que se comprobó que no hubo la debida protección para que el equipo fuera a esa zona- ni por las Farc.
La segunda masacre fue contra 13 policías, el 28 de agosto de 1993, en la vereda Las Mercedes. Los policías fueron asesinados por las Farc mientras escoltaban a Mauricio Cárdenas, entonces gerente de la Empresa de Energía de Bogotá.
Y la tercera fue la Masacre de Mondoñedo, cometida entre el 6 y 7 de septiembre de 1996 por diez miembros de la Dijín, quienes torturaron y asesinaron a seis estudiantes señalados de hacer parte del Bloque Antonio Nariño. Sus cuerpos fueron hallados en el Alto de Mondoñedo en Mosquera, Cundinamarca.
Para la recolección de información, según la investigación, le pidieron ayuda a la Fiscalía General de la Nación y al Ejército Nacional sobre actos violentos perpetrados por las Farc en la localidad. El ente acusador respondió, pero “el Ejército alegó el derecho a la reserva de la información y no entregó nada de lo solicitado”.
El trabajo de memoria histórica fue entregado este 17 de septiembre a la Comisión de la Verdad. Allí participaron el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Carlos Alberto Carreño, rector del Politécnico Grancolombiano; Nora Navarrete, sobreviviente de la masacre de 1991; Camilo Gutiérrez, excombatiente de las Farc; Carlos Mayorga, director de la investigación; Gustavo Quintero, coordinador de la macro Bogotá, Soacha, Sumapaz de la Comisión y Juliana Castellanos; directora de la Unidad de Investigación.
“Lo que pasó en el entorno de Bogotá es central para la comprensión del conflicto y su origen. Es imposible saber lo que aconteció si uno no se sube al Páramo de Sumapaz y ve sus conexiones con el Llano y el Tolima. Así se entiende cómo se formaron los grupos campesinos, tildados de repúblicas independientes”, aseguró el padre Francisco de Roux.
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Destacó, además, que este informe haya sido realizado por jóvenes periodistas e invitó a que se haga un ejercicio de este oficio más crítico, que deje de ver al país “en blanco y negro” y propenda a mostrar la complejidad de la violencia.
Nora Navarrete, la sobreviviente, reconoció la importancia de dar a conocer lo que ocurrió en la Masacre de Usme y que estuvo oculta durante muchos años: “Creo que ya se han dado pasos para una reconciliación. Es una ejercicio memorable para llegar a la paz que es lo que tanto necesitamos. Pero para sentir paz en nuestro corazón es necesario que se reconozcan responsabilidades, la verdad y el compromiso de no repetición”.
Sobre este aspecto, el equipo dice que se opone al olvido y está convencido de que las “investigaciones como estas aportan a la construcción de la verdad sobre lo ocurrido en la guerra”. Este trabajo, cree, deja mayores interrogantes: “¿Esas verdes praderas, las casitas apeñuscadas de ladrillo y quienes allí viven están a salvo de la guerra? La reportería realizada indica que no. Incluso, mucha gente no habla por miedo, porque teme ser señalada después de conceder una entrevista. Pero hay una cosa clara en los habitantes de esta localidad: no quieren repetir la historia”.
Este informe hará parte de un museo de documentación que está preparando la Comisión de la Verdad para que cualquier persona, de cualquier parte del mundo, pueda conocer el enorme archivo del conflicto armado que ha recogido esta entidad en sus casi dos años de trabajo.