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Jaime Luis Díaz Ricardo y Cenober Aguiar Mayor son las dos víctimas más recientes de la violencia contra excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla en 2016.
Con sus asesinatos, que se dieron en pleno fin de semana de elecciones, se alcanzaron los 401 homicidios contra esta población.
El viernes 27 de octubre fue asesinado con arma de fuego Jaime Luis Díaz, en el corregimiento de Verela, en Chalán (Sucre), donde adelantaba su reincorporación. Era candidato al concejo de ese municipio por el partido Alianza Social Independiente (ASI). Se trata del firmante 400 asesinado, según Indepaz.
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Para este domingo 29 de octubre, día de las elecciones territoriales, había alcanzado 78 votos, según el reporte de la Registraduría.
El día de hoy fue asesinado el #FirmanteDePaz🕊️ en Proceso de #Reincorporación JAIME LUIS DIAZ RICARDO en la vereda Vareta del municipio de Chalan departamento de #Sucre, él era candidato al concejo de este municipio😡#Exigimos garantías de vida para todos y todas✊ pic.twitter.com/3G23x56YHt
— Reincorporación Comunes (@CNRCOMUNES) October 28, 2023
Y en esta jornada electoral también fue asesinado Cenober Aguiar Mayor. Hombres armados que llegaron hasta la vereda El Diamante, en San Antonio (Tolima), le propinaron varios disparos que le causaron la muerte mientras departía con otras dos personas, según el reporte del instituto de estudios para la paz. Con Aguiar ya son 37 los firmantes del Acuerdo asesinados este año. Y según registros de Reincorporación Comunes, son 405 ex-FARC asesinados desde noviembre de 2016.
Medidas urgentes para proteger a excombatientes de FARC
El pasado 20 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para proteger la vida de los exintegrantes de las antiguas FARC y sus familias, emitidas en diciembre del 2021.
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En dicha diligencia judicial, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, el último máximo comandante de esa guerrilla, señaló que el 8 de septiembre de este año había radicado ante la JEP un informe detallado en el que pedía tres acciones contundentes del Estado para ver en detalle la crisis de seguridad de los firmantes.
El primero es un informe del presupuesto y gasto del funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía; el segundo, un documento con los modelos de investigación de esta unidad para conocer sus resultados en esclarecimiento y desmantelamiento de las estructuras; y el tercero, un informe sobre los procesos adelantados en relación con hechos victimizantes contra firmantes de paz.
“Hay ausencia de investigación en más de 90 municipios donde se han presentado homicidios de personas en proceso de reincorporación”, dijo Londoño.
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Reportes de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) dan cuenta de 1.594 hechos de riesgo y amenaza. El 33,12% se han remitido a la Fiscalía y el 58,85% a la Policía Nacional.