Consejo de Seguridad de ONU sigue apoyando paz de Colombia, pero pide resultados más concretos

Este martes, en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU recibió el informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

Al menos tres elementos claves marcaron la presentación del documento ante el Consejo, que es el máximo órgano responsable de mantener la paz y la seguridad en el planeta y que en varias ocasiones ha manifestado su compromiso con nuestro país.

Por un lado, fue la primera vez que el documento hace un balance general de los casi nueve años del pacto firmado entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC. La segunda novedad fue que por primera vez durante el mandato de Donald Trump, un representante del presidente estadounidense recibe el informe y se pronuncia sobre la situación de Colombia. Por último, este fue el “debut” de la canciller Laura Sarabia como representante del Gobierno Petro frente a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Como es usual, el primero en hablar fue Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en el país.

Ruiz dijo que a pesar de los muchos desafíos que sigue encarando, Colombia es hoy un país diferente en comparación a los años anteriores de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, pero dijo que sigue siendo preocupante el tema de seguridad de los firmantes de paz.

“A partir de ahora, la prioridad tiene que ser abordar las dificultades persistentes que encaran, como el acceso a la tierra, la vivienda y la asistencia, para garantizar que los proyectos para conseguir medios de vida sean sostenibles a largo plazo. Nos preocupa especialmente la falta de seguridad. Fueron asesinados otros cuatro excombatientes desde que se publicara el informe, lo que hace que el número alcance los 23 este año. Condeno estos asesinatos y pido una protección reforzada para ellos”, dijo Ruiz Massieu.

El representante dijo que algunas zonas del país han notado cómo se ha degradado de manera progresiva la seguridad con la llegada de actores armados “nuevos o que ya existían aprovechándose de la presencia limitada del Estado y buscando el control de las economías ilícitas”.

Ruiz también afirmó que para lidiar con estas situaciones, en Colombia se cae a menudo en la “falsa dicotomía” de escoger entre políticas de paz o políticas de seguridad, pero dijo que “en las circunstancias de hoy resulta evidente que llevar bienestar a estos territorios requiere de la complementariedad entre ambas”.

Los “resultados limitados” de la paz total

Tal como lo decía el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU, entregado el pasado 7 de abril, aunque esa entidad apoya las iniciativas de paz del Gobierno Petro -que tiene al menos nueve tableros de negociación con guerrillas, grupos armados y bandas criminales-, dice que, por ahora, “los resultados de las iniciativas en marcha han sido limitados hasta la fecha”.

Por ello, Ruiz Massieu pidió priorizar aquellos procesos de diálogo con los actores que demuestren una real voluntad de paz y que pueda tener resultados tangibles para beneficiar a las comunidades.

“El respeto al derecho internacional humanitario es una obligación ineludible para todos. No se demuestra voluntad real de paz si se reclutan menores y asesinan liderazgos. No se demuestra voluntad real de paz si se extorsiona comunidades. No se demuestra voluntad real de paz si se priva de la libertad a la población”, dijo el representante ante el Consejo de Seguridad.

Y agregó que está convencido de que “si se hubiera implementado” el Acuerdo de Paz en los últimos ocho años, “no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en Catatumbo o Cauca”.

Como representante de la sociedad civil intervino Hilda Molano, de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico).

En su intervención dijo que la niñez y la adolescencia de Colombia está enfrentando una grave situación en el contexto del conflicto armado en el país.

“Es innegable la agudización de los impactos humanitarios y el incremento del registro de las graves violaciones contra la niñez y la adolescencia en Colombia durante los últimos años, en particular para el 2024 y lo corrido 2025 (...) El reclutamiento y utilización de niñas y niños por los grupos armados se ha convertido en una de las principales alertas desde los territorios. Un ejemplo crítico ocurrió en enero pasado en el departamento del Guaviare, donde al menos 21 integrantes de grupos armados murieron en enfrentamiento, de los cuales siete de ellos eran menores de edad, provenientes de distintos departamentos como el Cauca, Cundinamarca y Casanare”, dijo Molano.

La representante de Coalico también denunció el registro de casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, especialmente en regiones como el Cauca, el norte de Santander y el centro del país. “A pesar de los esfuerzos del Estado, la sociedad civil, la comunidad internacional y las propias comunidades, aún no se logran mecanismos efectivos que garanticen la reducción sostenida del reclutamiento, uso, utilización y la violencia sexual contra niñas y niños”, aseguró,

Además, se refirió a la falta de financiación de algunos programas, muchos de los cuales dependían de organizaciones como Usaid que fueron desmantelados por la administración de Donald Trump.

“Persisten serias dificultades en la atención local y en la respuesta a cada caso, lo que evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos. En este contexto preocupa la disminución de recursos públicos y de cooperación internacional, lo que ha limitado la capacidad de respuesta, especialmente en situaciones de emergencia en los territorios. Las organizaciones de la sociedad civil fundamentales en la atención directa a la niñez en riesgo víctima han visto afectado su trabajo por falta de financiación y en algunas ocasiones por el debilitamiento de la voluntad política en la agenda de niñez y conflicto armado”, indicó Molano.

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Luego habló el representante del Reino Unido, quien, en consonancia con lo que hizo Ruiz Massieu, dijo que se necesita un verdadera voluntad de paz de los grupos armados que están dialogando con el Gobierno Petro.

“Reino Unido y este Consejo han pedido sistemáticamente a estos grupos que hagan un verdadero compromiso con la paz y sobre todo respetando los derechos de las comunidades y sus intereses. Dicen tratar de materializar estas comunidades, no obstante, se ven afectadas por graves casos de violencia, graves violaciones de derechos humanos y un comportamiento coercitivo y predatorio a manos de los grupos armados. Si realmente el diálogo va a poder avanzar y hay esperanza para ello, en el periodo restante este Gobierno los grupos participantes deben mostrar que realmente están interesados”, indicó.

A su turno, el representante de Estados Unidos -sobre quien había expectativa acerca de su postura sobre el Acuerdo de Paz y la Paz Total por ser de la administración de Donald Trump-, se refirió a la producción de coca y a las economías ilícitas. Este es un punto importante para Colombia pues en los próximos meses, Estados Unidos debe anunciar si certifica o no al país en la lucha contra las drogas.

“Los grupos armados se están dividiendo y están utilizando las conversaciones y oportunidades para ampliar su control y aumentar la producción de coca. La limitada presencia del Estado en las zonas del norte sigue obstaculizando su capacidad de reducir la violencia y el comercio ilícito de drogas. La economía ilícita sigue alimentando la producción de la coca, está acervando los patrones delictivos”, dijo.

Y agregó que Estados Unidos sigue siendo cauteloso con respecto al enfoque del Gobierno Petro “en las negociaciones con terroristas extranjeros designados por Estados Unidos y organizaciones delictivas transnacionales”, dijo el representante.

Aunque el representante de Estados Unidos siguió expresando el apoyo de ese Gobierno al Acuerdo de Paz, sí hubo mayor dureza en las peticiones al Gobierno Petro.

“Es fundamental que estos grupos armados ilícitos muestren sus intenciones verdaderas y que adopten medidas concretas para alcanzar la paz. Los mecanismos de justicia transnacional son procesos importantes, pero también hay que avanzar en esto con mayor urgencia. Anteriores procesos de paz han dejado claro que tener una estrategia de seguridad es fundamental para presionar a los grupos armados legales para que negocien y evitar la impunidad por sus abusos”.

Y agregó: “Estados Unidos está decidido evitar la impunidad por los actos criminales cometidos por terroristas y otros grupos armados ilegales. Ocho años después de la implementación del acuerdo de paz, o del comienzo de la misma, queda claro que todavía hay mucho por hacer. Estados Unidos va a seguir vigilando de cerca el proceso y la eficacia de los acuerdos y va a trabajar con los miembros de este Consejo y la misión de verificación de Naciones Unidas para alcanzar una paz duradera y seguridad en Colombia”, explicó el representante de ese país.

El representante de China también extendió el apoyo al Gobierno colombiano “a la hora de fortalecer el despliegue y conseguir un control en las zonas afectadas por el conflicto y las zonas remotas, garantizando a los grupos vulnerables, incluidos los excombatientes, las minorías étnicas, la infancia y las mujeres, impidiendo que esta violencia se repita en el futuro”.

El representante de Francia también apoyó los esfuerzos de paz del Gobierno, pero dijo que estos “contactos” tienen que amplificarse para “permitir en los próximos meses una aceleración de los avances en beneficio de la población colombiana”.

El cierre de la sesión en el Consejo de Seguridad lo hizo la canciller de Colombia, Laura Sarabia, quien hizo un balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz y también sobre los avances de parte de las negociaciones de la política de paz total. Sobre la ejecución del pacto firmado con la extinta guerrilla de las FARC, dijo que no ha sido ni será una tarea fácil.

“Cumplir el acuerdo no ha sido ni será fácil. De hecho, la implementación del acuerdo fue ignorada durante cuatro años por decisiones políticas egoístas. Las consecuencias las estamos viviendo ahora. Una reforma rural que fue ignorada y que va a pasos lentos”, indicó.

Además, volvió a hacer énfasis en un tema del que ha hablado el mismo Petro en el Consejo de Seguridad sobre que no se ha dicho toda la verdad del conflicto armado. El mandatario ha afirmado en múltiples ocasiones que ni la Jurisdicción Especial para la Paz ni la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

“Un esclarecimiento de la verdad que se fragmentó y que ha dejado víctimas en el medio. Es un hecho. Hemos fallado en entregar la totalidad de la verdad. Y no menos importante, la transformación de los territorios más vulnerables no fue una prioridad (...) Hay un diagnóstico y una priorización de los 16 planes nacionales de reforma rural integral con un enfoque de género y un enfoque étnico. Segundo, hay una financiación territorial por 2.4 billones de dólares aprobados para los municipios PDET, esos programas de desarrollo con enfoque territorial. Estos son los municipios más afectados por el conflicto. Una construcción institucional y comunitaria de los pactos territoriales, el Pacto del Catatumbo, el Pacto Nariño y el Pacto del Cauca, que abarcan 77 municipios, 44 de ellos que son PDET. Hay una modernización catastral”, indicó.

Y agregó: “Hoy les pedimos que no nos suelten de la mano. Su ayuda continua puede hacer posible lo que muchos creían imposible, afianzar a Colombia en un verdadero laboratorio de paz para el mundo entero. Aún tenemos deudas pendientes y desafíos que muchos de ustedes han expuesto esta mañana”.

¿Qué dice el informe que recibe el Consejo de Seguridad?

En el documento, que abarca el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025, además del balance de la implementación del Acuerdo desde 2016, se aborda la crisis humanitaria de la región del Catatumbo y también los actuales diálogos de paz que el Gobierno lleva con al menos nueve estructuras ilegales entre guerrillas, disidencias de las antiguas FARC, grupos herederos del paramilitarismo y bandas criminales.

El presidente Petro abrió al menos nueve tableros de diálogos de paz.

Foto: El Espectador

Al respecto, el informe trimestral advierte que la dinámica del conflicto en Colombia se ha vuelto más compleja por la proliferación de actores armado. Y añade que el intento del Gobierno de combinar “los esfuerzos de implementación” del Acuerdo de Paz con la celebración simultánea de “procesos de diálogo con múltiples grupos armados” ha tenido un “éxito limitado”.

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De hecho, el documento afirma que la expansión de los grupos armados en zonas donde se esperaba una consolidación de la paz “es una realidad y una amenaza para el Acuerdo de Paz”.

Un ejemplo de esto es la región del Catatumbo, que entre enero y febrero enfrentó la peor crisis de violencia de las últimas décadas y también fue abordada en el informe.

El documento dice que lo ocurrido en Catatumbo puso “ha puesto de relieve la persistencia de desafíos y factores estructurales subyacentes a la violencia en curso en las regiones afectadas por el conflicto, que el Acuerdo Final pretende abordar, en particular la presencia limitada del Estado, la reforma de la tierra y las economías ilícitas”.

La falta de resultados del plan de choque

Otro de los temas que explora el informe de la Misión de Verificación de la ONU es el plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo de 2016, que el propio presidente Petro presentó ante el Consejo de Seguridad y que luego detalló en ese escenario el entonces canciller Luis Gilberto Murillo.

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Según el documento, la mayoría de los pactos aún no se han finalizado ni implementado. “En el marco de su plan, el Gobierno anunció en el segundo semestre de 2024 que establecería una serie de pactos con las comunidades y las autoridades locales para acelerar el proceso PDET. La mayoría de estos pactos aún no se han ultimado ni implementado”, explica el documento.

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