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Proyectos en pausa, contratos suspendidos, cálculos apresurados y mucha incertidumbre. Esos son algunos de los efectos que ha causado en Colombia la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de frenar (por 90 días, inicialmente) el gasto de ayuda internacional.
La orden se conoció el viernes pasado, dos días antes de que se gestara la tensión diplomática entre Trump y el presidente Gustavo Petro, y no es exclusiva para nuestro país. Por el contrario, el apoyo de Estados Unidos fue congelado a nivel global (salvo algunas excepciones en países como Israel y Egipto).
¿La razón? Que el gobierno norteamericano, siguiendo la política proteccionista de Trump de ‘Estados Unidos primero’, quiere analizar al detalle los programas con los que coopera en todo el mundo para definir si se alinean con las banderas de la nueva administración.
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En el caso de Colombia, el coletazo de la decisión es profundo, especialmente en iniciativas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, biodiversidad, reforma agraria, desarrollo rural y migración.
Según el servicio de Seguimiento Financiero (FTS) de las Naciones Unidas, en 2024 Estados Unidos aportó el 70,6% de toda la financiación humanitaria en nuestro país, una suma que ronda los 330 millones de dólares. La mayoría de esos recursos llegan a Colombia a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
“El trabajo de USAID es supremamente estratégico para Colombia. El país es, de lejos, el aliado más importante de Estados Unidos en América del Sur en cuanto a temas de lucha contra el narcotráfico, seguridad, alianzas militares, intercambios, entre otros. Sería una tragedia, no solo para Colombia, sino también para Estados Unidos, si esos programas no vuelven a aparecer después del periodo de evaluación de 90 días”, asegura Elizabeth Dickinson, investigadora del International Crisis Group.
¿A quiénes impacta la suspensión de financiación?
La preocupación está en todos los niveles. Fuentes cercanas le afirmaron a Colombia+20 que el recorte incluye desde instituciones y entidades del orden nacional, hasta alcaldías, organizaciones no gubernamentales e incluso asociaciones barriales o veredales que, a través de programas apoyados por el gobierno norteamericano, reciben financiación.
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Entre las instituciones afectadas por el congelamiento de fondos está la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se estima que para temas relacionados con justicia transicional, el gobierno Trump habría frenado alrededor de 15.000 millones de pesos.
Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que “el gobierno nacional reemplazará con su presupuesto los fondos congelados a la JEP por el gobierno de los EE. UU.”. Sin embargo, hay dudas de la capacidad del Ejecutivo para cubrir el hueco de los fondos extranjeros, especialmente porque desde esa rama también se ha anunciado un plan de austeridad tras la no aprobación de la reforma tributaria y la caída de la ley de presupuesto.
Otra entidad afectada es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que esperaba firmar un convenio por más de $40.000 millones que sería clave para avanzar en las tareas de la reforma agraria.
También hay preocupación por la puesta en marcha del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, uno de los puntos más retrasados de la implementación y en el cual el país norteamericano juega un rol clave.
En contexto: ¿Por qué Estados Unidos respalda el capítulo étnico del Acuerdo de Paz?
No hay que olvidar que en octubre de 2022 Estados Unidos se convirtió en el primer acompañante internacional de ese capítulo. De hecho, el entonces Secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, se comprometió acompañar este tema.
El impacto de la medida también genera consecuencias en organizaciones sociales y centros de estudios. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ya anunciaron que deben pausar algunas iniciativas mientras se tiene certeza de lo que sucederá respecto a los recursos.
Aunque es posible que algunas ayudas se mantengan luego del periodo de evaluación del gobierno de Estados Unidos, hay inquietud sobre los criterios que la administración Trump exigirá para mantener su apoyo. En todo caso, el presupuesto total que manejará el Gobierno estadounidense y que dará luces sobre cuánto será el dinero para la ayuda internacional, lo aprobará antes de esos 90 días el Congreso de ese país.
Hasta donde ha explicado el secretario de Estado, Marco Rubio, el requisito para justificar la financiación es que el programa beneficiario garantice tres componentes: hacer a Estados Unidos más seguro, más fuerte y más próspero.
A esto se podría sumar la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, que se conocería en septiembre, pero que traería consecuencias económicas para los programas que se adelantan contra este flagelo.
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En caso de que Estados Unidos no entregue la certificación a Colombia, el Gobierno perdería gran parte de las herramientas y los recursos que son usados en este momento para combatir el narcotráfico.
Esto significa un problema para el país, teniendo en cuenta que el más reciente reporte entregado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito da cuenta de que la producción de cocaína se disparó en un 53 %, alcanzando el récord de 2.600 toneladas.
Un golpe al bolsillo de Colombia en momentos de inestabilidad
El eventual freno de la cooperación estadounidense ha creado alertas en los sectores que trabajan por la paz del país porque, justamente, ocurre en un año clave para la implementación del Acuerdo de 2016.
En 2024, el Gobierno de Gustavo Petro desplegó toda una estrategia de incidencia internacional para buscar aliados en su plan de choque para poner al día los puntos más rezagados del pacto firmado con la extinta guerrilla de las FARC.
A las billonarias inversiones que se necesitan para cumplir con temas como la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), los proyectos productivos de excombatientes, las medidas de protección y seguridad en los territorios, entre otros, se suman las recientes emergencias humanitarias que han surgido en el país.
La ola de violencia en la región del Catatumbo por cuenta de las acciones del ELN (que ha dejado casi 50.000 personas desplazados) o la crisis sostenida en el departamento del Cauca son ejemplos del complejo panorama que enfrenta el gobierno Petro, cuya respuesta, al menos en el discurso, ha sido la promesa de planes integrales de transformación que requieren altos niveles de inversión.
“El impacto (de la suspensión de financiación de Estados Unidos) todavía no está claro, porque hay muchas dudas, pero puede ser enorme. Lo que sí queda claro es que, cada vez más, le va a tocar financiar estas iniciativas al gobierno colombiano y, bajo la situación financiera del país va a ser complejo, porque ahora mismo tiene muchas inversiones extraordinarias en regiones como El Plateado (Cauca) y Catatumbo, a eso se suman los fondos para la JEP. Eso muestra un panorama grave, además porque no será fácil encontrar nuevos donantes, porque a nivel global las crisis humanitarias están en un punto máximo y no hay flexibilidad en la distribución de fondos”, explica la analista Dickinson.
Por ahora, las entidades y ONG afectadas por el congelamiento en los fondos están a la espera de que haya mayor claridad sobre el futuro de la cooperación estadounidense. Los próximos tres meses serán determinantes no solo para determinar su supervivencia , sino también la consolidación de las apuestas de paz y desarrollo del país.
El recorte a fondos para CIDH
Esta semana también se conoció que los recortes presupuestales ordenados por el Gobierno Trump también afectan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se congelaron los fondos para cubrir el salario de funcionarios.
Con esta medida, la nueva administración afecta directamente a los programas que trabajan con pueblos indígenas y grupos afrodescendientes, así como las denuncias recibidas por violaciones de derechos humanos.
Fuentes dentro de la CIDH han señalado que 40 funcionaros ya fueron despedidos de sus cargos y que se les quitó la visa estadounidense.
*El Espectador ha desarrollado proyectos periodísticos con apoyo de USAID.
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