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El escándalo sobre los presuntos nexos entre disidencias de las FARC al mando de Calarcá Córdoba, el general Juan Miguel Huertas y con Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), no es el primero que envuelve a esta última entidad con ese grupo armado y con ese proceso de paz. .
En mayo pasado, se conoció que Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de esa la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), no estuvo recluido en la cárcel La Picota tras su captura el 12 de febrero pasado, sino que permaneció en un apartamento en Chapinero, en Bogotá, justamente custodiado por la Dirección Nacional de Inteligencia, que no tiene competencia formal de policía judicial.
El descubrimiento de este episodio lo hizo la Corte Suprema de Justicia.
La captura entonces de Olmedo no estuvo exenta de polémica pues se dio por una orden de extradición de Estados Unidos, que lo reclama por delitos relacionados con narcotráfico, y apenas unos días después de otra captura -la de Giovanny Andrés Rojas, Araña- que se dio en pleno fin del ciclo con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, a la que pertenece Araña.
Colombia+20 contó en ese momento que la detención del Mocho Olmedo había sembrado dudas pues apenas unos días antes, el 7 de febrero pasado, el Gobierno lo había nombrado negociador en la mesa que lleva con el EMBF.
Varios medios de comunicación aseguraron que Olmedo había muerto en los ataques que se venían dando entonces por la crisis en el Catatumbo y los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia. Otros más afirmaron que Olmedo se había entregado a las autoridades.
Sin embargo, ninguna de las informaciones fue exacta. Este diario contó entonces que el jefe disidente sí estaba en la mira de los ataques por parte del ELN, pero con la movida de incluir en una mesa de negociación, el Gobierno lo sacó en helicóptero de la zona y lo trasladó a Cúcuta y luego a Bogotá. Allí en reuniones de la mesa en la que entonces se dialogaba sobre la crisis de Catatumbo. Fue entonces donde se conoció que tenía la orden de extradición y agentes del CTI legalizaron su captura.
Pero fue justo ahí donde en lugar de ser recluido en el pabellón de extraditables de La Picota, el director del CTI, Fabio Ordóñez, lo entregó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) -entidad que lo custodió durante 55 días en el apartamento de Chapinero, en Bogotá, a donde había llegado desde Catatumbo-.
La propuesta tuvo el aval de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, otra funcionaria que está en el centro de la polémica por el escándalo de los nexos con la disidencia. Según las recientes revelaciones, esa entidad tenía esta investigación desde hace un año, sin mayores avances.
La Corte Suprema de Justicia envió una solicitud a Camargo para que respondiera por la forma en la que se llevó el proceso del disidente Olmedo. La Fiscal señaló que el proceso se dio así porque el comisionado de paz, Otty Patiño, “así lo había pedido para salvar el proceso con el Frente 33 de las disidencias”.
Solo hasta el pasado 8 de abril, Olmedo fue trasladado a la Picota.
La propuesta para crear una empresa de seguridad con disidencia de Calarcá
Los archivos que reveló Noticias Caracol este domingo ponen a la Dirección Nacional de Inteligencia nuevamente en una polémica.
Un funcionario de esa entidad, Wilmar Mejía, es mencionado en los documentos de Calarcá -junto al general (r) Juan Manuel Huertas- como uno de los implicados en la propuesta sobre montar una empresa de seguridad fachada que permitiría a esa disidencia movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permisos.
En contexto: Revelan presunto nexo entre disidencias de Calarcá, un general del Ejército y un funcionario de inteligencia
Algunos de los testimonios presentados por Noticias Caracol apuntan a que Mejía es el verdadero poder en la sombra en esa dirección.
Tras conocerse los archivos, Jorge Arturo Lemus, director de la DNI, se pronunció: “la verdad, hasta anoche me entero. Empecé a buscar trazabilidad de la misión, si es que existió, pero no encuentro trazabilidad en la misma. No tengo conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo, no sé si pasó, pero vamos a investigar la cuestión”, aseguró.
Lemus anunció que se abrirá una investigación que “no pretende ser exhaustiva, sino efectiva”.
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