Mientras estuvo en la guerra, Olga Velásquez no pensó nunca en la posibilidad de tener una casa propia. Cuando se lleva un arma al hombro, es difícil que esa sea una opción.
Pero la firma del Acuerdo de Paz lo cambió todo. “A partir de que se llegó el proceso de paz y se llegó a un acuerdo, sí lo soñaba. Yo dije: tenemos unos acuerdos con el Gobierno y yo sé que ellos nos van a cumplir. Poco a poco lo van haciendo y vean, acá estamos”, recuerda la excombatiente de las FARC.
Esta semana –casi 10 años después de la firma del pacto de La Habana–, Olga y otros 108 excombatientes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, en Acacías (Meta), recibieron vivienda.
La nueva ciudadela de paz, entregada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), tuvo una inversión cercana a los 17.000 millones de pesos. Las casas se levantaron en un sector del predio El Berlín, vereda Dinamarca, de 1.445 hectáreas, adjudicado en 2023 a los firmantes que hoy habitan ese territorio.
Se trata de los mismos excombatientes que en marzo de ese año enfrentaron un desplazamiento inminente tras las amenazas de la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco. El mensaje del grupo armado entonces fue claro: 30 días para abandonar la zona.
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“El Gobierno se comprometió con nosotros cuando nos desplazaron: dijeron que nos iban a dar tierra, vivienda y proyectos productivos. Hoy estamos recibiendo esta vivienda para estar ahí con nuestras familias. Esto nos llena de alegría, porque ahora vamos a estar en condiciones de dignidad y esto cambia nuestra vida”, afirmó Yulis María Cabana durante el acto de entrega realizado este miércoles por la ARN.
Así serán las viviendas
Parada frente a su nueva casa de 42 metros cuadrados, la firmante de paz Mayerly Sánchez habla de la felicidad de tener por fin lugar al que pueda llevar a sus padres. “El pensamiento mío es que ya que tengo esa casita y puedo traer a mis papitos que son de la tercera edad. Anteriormente siempre vivíamos en carpitas, mojándonos, el pantano siempre y tapando goteras. La diferencia entre nuestros ranchitos y esta casita es muy grande”, cuenta la firmante.
Cada vivienda tiene dos habitaciones, un espacio social, cocina, baño y zona de lavandería. Todas cuentan con instalaciones hidrosanitarias y eléctricas que tienen en cuenta las particularidades del territorio y las necesidades de cada firmante.
Seis de las casas incluyen adecuaciones para personas con discapacidad, como rampas y mayor amplitud en los accesos al baño, las habitaciones y la entrada principal.
“Aquí no hay favores, hay derechos. Queremos que estas viviendas sean hogares llenos de proyectos y que este proceso demuestre que el cambio que empezamos es irreversible”, señaló la directora programática de la ARN, Tania Rodríguez. Para ella, esta entrega materializa el Programa de Reincorporación Integral (PRI) y el enfoque de derechos y dignidad del Plan Nacional de Desarrollo.
La entrega de las casas no termina. Alejandra Miller, directora de la ARN, afirmó que la meta es entregar 1.500 viviendas, entre terminadas y en construcción, en al menos 13 ETCR. “Esto significa que más del 60 % de estos espacios avanzarán en tierras, vivienda y proyectos productivos: un salto significativo en la reincorporación y un legado del Gobierno del Cambio”, añadió.
Mariana Páez, el ETCR donde se asesinó al primer excombatiente de las FARC
Antes de que Mordisco expulsara en 2023 a los firmantes de paz de su territorio en Mesetas, el ETCR Mariana Páez estaba conformado por cerca de 200 familias: 86 mujeres —la mayoría madres cabeza de hogar—, alrededor de 80 niños y niñas (30 de ellos aún de brazos), personas mayores y población con discapacidad.
Los hostigamientos, sin embargo, comenzaron mucho antes, desde 2019. De hecho, el primer asesinato de un excombatiente dentro de un ETCR ocurrió allí, en octubre de ese año, cuando hombres armados ingresaron al lugar y asesinaron a Alexánder Parra, líder social y esposo de Luz Marina Giraldo, entonces candidata al Concejo por el partido FARC (hoy Comunes).
A los problemas de seguridad se sumaban denuncias reiteradas sobre las condiciones del predio, que no ofrecía garantías suficientes para desarrollar los proyectos productivos previstos en el Acurdo de Paz. La falta de estabilidad terminó por profundizar la incertidumbre de las familias que habitaban el lugar.
En agosto de 2023, cinco meses después de ser desplazados, la comunidad de firmantes se trasladó a un terreno propio en Acacías e inició la etapa de planeación, diseño y distribución de la tierra. La llegada al nuevo predio no solo implicó reorganizar la vida productiva, sino también abrir espacios de diálogo con la comunidad vecina para enfrentar tensiones y desconfianzas.
Entre 2023 y 2024, 104 personas en proceso de reincorporación y más de 450 habitantes del sector participaron en encuentros comunitarios orientados a fortalecer la convivencia. Las jornadas incluyeron círculos actividades simbólicas con las que se buscó recomponer relaciones y reducir la estigmatización en una zona marcada por años de conflicto.
En paralelo, avanzaron las iniciativas económicas. Hoy existen cuatro proyectos productivos colectivos que benefician a más de 220 personas en reincorporación; tres ya están en funcionamiento.
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