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El jueves, a través de una carta, 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, que fueron nombrados por el presidente Gustavo Petro como gestores de paz renunciaron a ese rol por diferencias con el comisionado de paz, Otty Patiño.
De acuerdo con la carta, la decisión obedece al “reiterado incumplimiento de los compromisos por parte de la OCCP (Oficina del Consejero Comisionado de Paz)" y a que no hubo una "intención ni compromiso real" de esa entidad, sino una serie de “incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas, la lesiva falta de transparencia, y la abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas”.
En noviembre, Petro había nombrado a 18 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz -dos se fueron en mayo- coom parte de una mesa de cierre del proceso de Ralito, que llevó a la desmovilización de las Autodefensas hace dos décadas. La idea, dijo entonces el presidente, era terminar el proceso no ha terminado y entregar los bienes a las víctimas que la justicia no les ha dado. "Propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Uribe con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, dijo Petro entonces.
Colombia+20 habló con Juan Carlos Villamizar, apoderado de los excomandantes de las AUC, quien afirmó que hay sustento de todos los frenos que ha puesto el comisionado Patiño, así como dos de sus más cercanos alfiles, María Paz Lara su mano derecha, y Álvaro Jiménez, quien además es el jefe negociador en el proceso con el Clan del Golfo.
Este diario consultó a la Oficina del Consejero Comisionado sobre si había respuesta acerca de la carta de los exparamilitares, pero aún no ha habido pronunciamiento.
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¿Qué motiva la carta de los exjefes paramilitares en la que anuncian esta suspensión en su rol como gestores de paz?
A los exjefes paramilitares no los han dejado actuar como gestores de paz. Pero no es por ellos, sino por la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz. Ellos han presentado planes de trabajo concretos. Por ejemplo, Salvatore Mancuso fue solicitado como facilitador por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) en el proceso de diálogo en la Sierra Nevada. Yo estuve allá, fui testigo presencial de la fase exploratoria y de las reuniones.
Todo comenzó a deteriorarse meses después, cuando surgieron diferencias entre Mancuso, el comisionado Otty Patiño y, especialmente con Álvaro Jiménez y Mauricio Silva, jefe negociador en ese proceso. El presidente había hecho un acuerdo público para que 18 exparamilitares ayudaran en la búsqueda de bienes, de personas desaparecidas, y en la facilitación del desarme de grupos rearmados. Todo el mundo estaba comprometido con esa idea. Se suscribió un acto de compromiso con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
A pesar de que los exjefes han ofrecido colaboración reiteradamente, todo ha sido un “no”. Le han dicho al comisionado: “Podemos ayudar en esto, podemos aportar en lo otro”. Pero no hay apertura.
¿Cuál cree que es la razón de la negativa del comisionado Patiño en este proceso de cierre?
Hay un prejuicio profundo hacia los exparamilitares. Hay una actitud de desdén, un prejuicio dogmático. No hay otra explicación, porque estas personas —que jugaron un papel en el conflicto— ahora están del lado de la legalidad y quieren aportar a la paz. ¿Por qué no dejarlos actuar? No hay daño. Es una acción sin daño.
Nosotros tenemos correos, grabaciones que se hicieron consensuadamente en las reuniones con el comisionado Patiño y documentos que respaldan todo lo dicho en la carta. Ha habido faltas graves por parte del comisionado y las tenemos probadas y documentadas. Tenemos grabaciones donde el comisionado Patiño dice una cosa y luego hace otra.
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¿La cita con el presidente es para eso?
No. la comunicación que se cita con el presidente de la República es para abordar la situación y explorar las posibilidades de continuar o no colaborando con la agenda de paz.
¿Cuál es el interés de Álvaro Jiménez en frenar, como ustedes dicen, esta mesa? Él finalmente es quien maneja desde el Gobierno la mesa con el Clan del Golfo, que justamente es un grupo heredero del paramilitarismo
Pregúntele a Álvaro Jiménez, él puede responderle esa pregunta. Lo cierto es que él y María Paz Lara han sido pieza fundamental en el deterioro de esa relación entre los excomandantes de las AUC y la Oficina del Consejero Comisionado.
¿Cree que esta renuncia, la carta, tenga repercusiones en otras mesas?
Yo creería que sí, por ejemplo en el caso de Itagüí, por ejemplo en el caso de Diego Murillo, don Berna, que fue solicitado por los voceros de las estructuras para acompañar esa mesa. En consecuencia, supongo, que alguna repercusión tendrá.
Pero en general, el impacto tiene que ver con la confianza y la credibilidad de la Oficina del Comisionado por un hecho elemental: si no son capaces de llevar a buen puerto un diálogo con persona ya desmovilizadas y ya reincorporadas, ¿qué capacidad tienen para llevarlo con organizaciones armadas?
En la carta se dice que la fecha límite para instalar la mesa era el 20 de mayo, pero de 2024. ¿Fue así? ¿Pasó un año?
Sí es correcto, pasó un año desde que se fijó ese plazo hasta que se instaló efectivamente la mesa.
Pero pese a ello, la mesa de cierre se instaló finalmente el pasado 30 de abril, ¿Por qué ahora suspender las gestorías de paz?
Sí, hace un mes se instaló formalmente, pero fue a punta de codazos. La Oficina del Comisionado participó a regañadientes. Esta semana iba a haber un encuentro físico de todos los exjefes paramilitares en Bogotá. Iban a llegar Jorge 40, Mario Jiménez, conocido como Macaco; Hernán Giraldo, José Buitrago Rodríguez, y Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como Martín Llanos. Todo estaba listo. Pero el INPEC revocó las resoluciones de traslado, por orden de Álvaro Jiménez y, además quien se negó a firmar las autorizaciones de traslado fue María Paz Paz Lara. En la resolución no se dan razones claras. Simplemente se dijo que “no era una coyuntura propicia” y que podría generar ruido en otras mesas. Eran argucias de todo tipo para decir que no se podía hacer, que tocaba parar. La misma estrategia de siempre: dilatar, dilatar, dilatar y obstaculizar.
Renovaron las gestorías solo por dos meses. Es un chantaje constante, un tire y afloje. Por eso ahora se toma la decisión de suspender y pedir un diálogo directo con el presidente Petro.
¿Ha habido alguna respuesta de Presidencia o de Petro sobre esa solicitud?
No. Aún no.
¿Qué han hecho los gestores de paz exparamilitares hasta ahora?
Han hecho algunas cosas con base en plan de trabajo diseñado para seis meses, pero luego solo renovaron por dos meses la resolución de gestoría.
Esta es la carta completa:
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