Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El viernes la decisión del presidente Gustavo Petro de frenar la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como “H.H.” y comandante de Comuneros del Sur, se convirtió en el primer caso en que el mandatario suspende la entrega a autoridades de Estados Unidos en el marco de la paz total.
De hecho, expertos en el tema afirman que también podría ser el primero en el marco de los procesos de paz que ha llevado Colombia en su historia. En el caso de los integrantes de las antiguas FARC muchos de sus procesos no llegaron a la Corte Suprema para que diera el aval y, por tanto, el presidente Juan Manuel Santos entonces no tuvo que pronunciarse.
Según la Resolución ejecutiva número 158, se “suspenderá la entrega” de Yepes a las autoridades de Estados Unidos que lo requieren por delitos de narcotráfico “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total”.
Yepes es comandante de Comuneros del Sur, el frente que se separó del ELN yes delegado de esa grupo armado en el proceso de paz que se lleva con el que el Gobierno.
En el documento, firmado por el jefe de Estado y Augusto Ocampo, secretario jurídico del Dapre y ministro encargado de Justicia, también se explica que, en caso de que a juicio del Gobierno Nacional, “se interrumpa su participación o cesen sus aportes al proceso de paz total” se procederá a hacer efectiva la entrega de Yepes Mejía.
E proceso de paz con Comuneros del Sur, a pesar de ser local, es el más avanzado de la paz total de Petro. El pasado 5 de abril se convirtió en el primero en el que un grupo armado hacía la entrega de material de guerra como minas antipersonal, morteros, cilindros bomba y granadas, como parte del proceso de dejación de armas de esta estructura, que opera en la región de Abades, en el departamento de Nariño, y estaría conformado por unos 100 integrantes.
En total, Comuneros del Sur hizo entrega de 585 artefactos, que fueron destruidos por el grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte) del Ejército Nacional. El resto del material de guerra debe entregarse en los próximos tres meses.
Además: Así es el entramado criminal que se mueve en Barranquilla con el que Petro quiere dialogar
Los efectos sobre la relación Petro- Trump
Este freno podría marcar un punto de tensión en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en materia de cooperación judicial y lucha contra el narcotráfico.
Yepes Mejía es requerido por una corte del Distrito Este de Texas por cargos relacionados con la producción y tráfico de cocaína, y su extradición ya había sido avalada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 14 de abril.
Ante ese tribunal norteamericano es que debe rendir cuentas y responder por varios delitos. Según la Corte, “es responsable de la producción de cocaína, la coordinación de envíos de cargamentos de cocaína y la supervisión y dirección del despacho de cargamentos de cocaína desde la costa de Colombia con destino a lugares predeterminados en las inmediaciones de Centroamérica y México”.
Al frenar este proceso con base en su papel como negociador en el diálogo de paz con el grupo disidente Comuneros del Sur, el Gobierno colombiano envía un mensaje claro: en el marco de la Paz Total, las prioridades políticas internas —como garantizar la continuidad de los procesos de diálogo— pueden estar por encima de compromisos judiciales internacionales.
Este giro podría generar inquietud en Washington, donde la extradición ha sido históricamente uno de los pilares de la cooperación bilateral.
Lea también: Extradición de cabecillas: ¿qué hay detrás del dilema que presiona a la paz de Petro?
Aunque la figura legal que permite al presidente colombiano suspender extradiciones está contemplada en el ordenamiento jurídico nacional, el uso de esta prerrogativa con fines de política de paz plantea interrogantes sobre la continuidad de la colaboración en materia de justicia transnacional -y aumentar tensión entre Petro y Donald Trump-.
Además, sienta un precedente que podría ser replicado en futuros casos, lo que aumentaría las tensiones diplomáticas si se percibe que Colombia prioriza acuerdos políticos internos por encima del cumplimiento de tratados internacionales y del combate al crimen organizado a escala global.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) aseguró, sin embargo, que no cree que sean negativos los efectos con Estados Unidos.
“No creo que se vea de mala manera. Petro puede estar buscando fortalecer la idea de que Colombia puede ser un socio confiable. El documento concede la extradición, es decir, al presidente no le tiembla la mano para firmarla. Lo que dice es que por ahora no van a entregar a Yepes. Es un gana-gana”, aseveró.
Además, afirma que la decisión de Petro muestra que el presidente está muy al tanto del proceso, está escuchando a los militares, pero además está tomando esta oportunidad como una salvaguardia del proceso.
“El proceso con Comuneros del Sur es la manzanita de oro del Gobierno, y en ese sentido el presidente Petro está muy pendiente del proceso, pero no lo está haciendo, al parecer, sin estrategia, la suspensión de la entrega a Estados Unidos funciona aquí como un salvaguardia por si sale algo mal. De alguna manera, amarra mucho más a los hombres de Comuneros”, afirmó.
En otras noticias: Esta es la resolución que oficializa Zona de Ubicación Temporal para Frente 33 en Catatumbo
Sobre si hay tiempo definido para esta suspensión de la orden, Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos que se siguen con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y quien también ha acompañado el proceso con Comuneros del Sur, señaló que era “indeterminado”. “Usted entenderá que los avances en un proceso de paz no tienen unas fechas fijas, sino que están sujetos a una serie de variables que no se pueden determinar, como la satisfacción de los derechos de las víctimas”, explicó.
Las denuncias de la ministra Buitrago
La decisión del presidente se da en la misma semana en la que la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, denunció presiones para frenar la extradición de “H.H.”. Según reveló Buitrago, hubo presión para frenar ese proceso, con el argumento de que “H.H.” podría tener información relevante y que su traslado a Estados Unidos impediría seguir adelante con el diálogo de paz, uno de los más avanzados en la política de paz total de Petro.
Según la denuncia, cuando Buitrago regresó del viaje que hizo a Washington en compañía del ministro de Defensa, encontró en su despacho un documento redactado con un “concepto desfavorable” supuestamente dirigido a impedir la extradición de “H.H.”.
Buitrago aseguró que la negativa a firmar ese documento fue uno de los factores determinantes que sellaron su salida del Gobierno.
El miércoles durante la inauguración de los cabildos abiertos en Barranquilla, el presidente se refirió a la salida de la exministra y dijo que buscaba “sabotear” los diálogos.
“Tengo que decirlo: una ministra de mi gobierno quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. Aquí hay políticos que hablan con bandidos, pero a asociarse a las escondidas. Nosotros hablamos de frente porque queremos darles una segunda oportunidad”, señaló el presidente Petro.
Este domingo, en entrevista con El Espectador, la exministra Buitrago respondió y dijo que lo que hacía era insistirle al mandatario en que hay requisitos para adelantar esas mesas de paz.
“Mi posición sobre la política de paz siempre ha sido clara: soy su partidaria. Acompaño los propósitos de paz aunque también entiendo que hay unas obligaciones para que sea una realidad. Estas obligaciones, que se encuentran en la Ley 2272 del 2022 y en la sentencia constitucional 523 del 2023, fueron las razones que me llevaron a insistir, desde el año pasado, en que se deben cumplir unos requisitos para adelantar las mesas de diálogo, para poder verificar las acciones y para tomar las decisiones sobre con quién se negocia y con quién no”, explicó.
La exministra también afirmó que habló con el presidente sobre el marco jurídico que aún falta en las negociaciones de paz total.
En contexto: “Para pelear se necesitan dos y yo no estoy en eso”: exministra de Justicia
“Le dije que el camino es la justicia ordinaria con algunas ventajas y con algunas disminuciones punitivas. Él me discutió algunos aspectos que yo entendí claramente: él quería explorar si era factible otro modelo jurídico. Yo le expuse mis posiciones, le hablé de las órdenes internacionales, de las órdenes internas de los procedimientos, etc., y nunca me dijo no diga, no hable, no mencione. Si bien es cierto hoy el presidente dice que había unos puntos en los que no coincidíamos lo cual respeto, también lo es que él conoció esos puntos desde el principio", aseguró Buitrago.
Y agregó que no se trataba de estar o no de acuerdo con el presidente sino de respetar la reglamentación. “El marco legal para las negociaciones exige una reglamentación que no existe. Y esa reglamentación es obligatoria para el sometimiento de los grupos armados y para su desmantelamiento. Considero que era mi obligación advertírselo y entregarle el borrador del proyecto de ley, tal como lo hice en marzo”, señaló.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com;jrios@elespectador.com;pmesa@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.
