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El complejo ajedrez que representa la apuesta de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro enfrenta un dilema espinoso que puede convertirse en un problema para el avance de los procesos de diálogo: las solicitudes de extradición contra delegados y miembros de grupos armados que están en conversaciones con el Gobierno.
El tema es una encrucijada jurídica, política e incluso ética que pone en una dura balanza la necesidad urgente de desescalar la violencia en los territorios, frente a los compromisos internacionales de Colombia, especialmente con Estados Unidos, un país con el que por ahora las relaciones están en una tensa calma.
Resolver el dilema no es sencillo y, por ahora, no hay una fórmula inmediata que no implique costos para el Ejecutivo, para la credibilidad de las promesas de paz y, al final, también para las víctimas.
El tema no es nuevo. Las extradiciones hace dos décadas de exjefes paramilitares que han terminado en cárceles de Estados Unidos suscitaron entonces un debate sobre si pesaba más el proceso en ese país a los compromisos adquiridos por el proceso de desmovilización y la verdad con las víctimas.
Los casos de “Araña” y “HH”
En las últimas semanas ese debate ha cobrado relevancia y urgencia, luego de una serie de capturas y decisiones judiciales en contra de delegados en los procesos de diálogo que han despertado preocupación en las mesas de negociación.
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La noticia más reciente fue el aval que le dio el lunes la Corte Suprema de Justicia a la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como “HH”, máximo comandante del grupo armado Comuneros del Sur, estructura que se separó del ELN y con la que el Gobierno lleva un proceso local muy adelantado en Nariño.
La solicitud de enviarlo a una prisión estadounidense llegó en un momento en el que el proceso presentaba su mayor avance e incluso el resultado más tangible de la paz total de Petro: la entrega de 585 explosivos como parte de la dejación de armas, entre otros acuerdos.
Sobre si el aval de la Corte ha tenido efectos en la mesa, Carlos Erazo, coordinador del Gobierno en ese diálogo de paz, le dijo a Colombia+20 que “no hay crisis”.
“Están tranquilos. Todos los compromisos pendientes siguen su curso (…) Hemos tenido contacto permanente con los delegados de Comuneros del Sur y no hay ningún problema. Por supuesto, no deja de ser molesto para ellos que periódicamente haya publicaciones adversas al proceso, pero eso es parte de la política de este país. La Corte Suprema está haciendo su labor normal, que es emitir ese tipo de conceptos”, señaló.
La decisión de la Corte dice que la existencia de un proceso de diálogo no suspende automáticamente el cumplimiento de los compromisos internacionales. Para Estados Unidos, su tratado de extradición con Colombia es un componente crucial del sistema de justicia penal. Actualmente las órdenes de captura contra Yepes a nivel nacional están suspendidas a razón de la resolución que lo tiene como delegado de la mesa.
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Para el gobierno Petro la interpretación estricta de la ley desconoce el delicado equilibrio que implica negociar con actores que aún están sumidos en economías ilegales, pero que han manifestado voluntad de cambio.
El propio presidente Gustavo Petro dijo hace un mes, en el único pronunciamiento que ha hecho sobre el tema, que la extradición sí podía detenerse. “Las normas de Colombia dicen que las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances de importancia. El avance se mide en el desmantelamiento de la economía ilícita y en el respeto a los derechos de la población”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
De acuerdo con el trámite regular que se hace en estos procedimientos, luego de que la información de la orden de extradición sea verificada por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema debe hacer una revisión y decidir si procede o no la extradición. Aun así, es el presidente quien tiene la decisión final.
“El Gobierno debe hacer esa valoración con ese carácter de primacía, que para este caso sería buscar la paz y evitar, como ha ocurrido en otras oportunidades, que se concede la extradición, y el efecto grave y directo recae en las víctimas”, señaló a este diario Kenneth Burbano Villamarín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá.
Y agrega que podría ser necesario expedir un decreto o norma transitoria que “proteja” a los negociadores acreditados de ser extraditados sin vulnerar el principio de colaboración judicial internacional. “Considero que no es necesario, pues la decisión final sobre conceder la extradición la tiene el presidente de la República, y lo concerniente a la suspensión de las órdenes de captura está regulado por la ley penal y la ley de paz total (Ley 2272 de 2022)”, explicó Burbano.
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Con todo ello, la sola existencia del aval de la Corte más la petición de Estados Unidos, puede tener un impacto en la mesa, en la estructura armada y enviar un mensaje de inestabilidad a otras organizaciones que están en los procesos de paz.
El caso de “HH” no fue un hecho aislado. Hace dos meses la Fiscalía General de la Nación capturó en pleno fin del tercer ciclo de diálogo en Bogotá a Giovanni Rojas, conocido como “Araña”, delegado de la mesa de paz que el Gobierno tiene con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
“Araña” también tenía una circular roja de la Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico.
El Gobierno intentó mediar en esa detención explicando que bajo la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, cobijaba todas las órdenes de captura, incluso las de extradición, pero tanto la Fiscalía como el Ministerio de Justicia indicaron entonces que Colombia debía cumplir con las tareas internacionales.
“Hemos insistido mucho en que nuestro marco de acción está fijado por la ley 2272 del 2022. Allí, en el artículo ocho, numeral tercero dice que cuando los procesos de paz que lleguen a un estado avanzado, el Gobierno Nacional y el señor Presidente de la República pueden decidir suspender orden de captura en los territorios de concentración o de agrupación de las fuerzas irregulares a efecto de dar garantías de seguridad y que ese tipo de medidas se extienden también a las órdenes de captura con fines de extradición”, afirmó en su momento sobre el tema de Araña, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en ese proceso.
Aunque la Ley 2272 sí dice que en ciertas zonas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición” en contra de “miembros del grupo armado organizado al margen de la ley”, una de las fallas en estos casos -según varios de abogados consultados por este diario-, está en la falta de reglamentación de dicha ley.
Burbano dice que el papel de la Corte Constitucional es fundamental. “Ha tenido un importante papel y un desarrollo jurisprudencial valioso, por ejemplo, en el proceso de negociación que condujo al Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP del 24 de noviembre de 2016, con constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017 que contiene la garantía de no extradición, desde luego que esto se dio para los miembros de esta organización guerrillera que se acogieron al Acuerdo de Paz. Pero ¿Qué hubiese pasado si a los integrantes del secretariado de las FARC en el proceso de negociación los extraditan? El proceso fracasa”, explicó.
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Pocos días después de lo de “Araña” también fue capturado Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “Mocho Olmedo”, segundo al mando del frente 33 de la disidencia de las FARC Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). El hombre fue detenido el pasado 13 de febrero con fines de extradición, apenas unos días después de ser nombrado delegado en la mesa.
Javier Alfonso Velosa García, “John Mechas”, jefe del frente 33 del Bloque Magdalena Medio del EMBF, que tiene su operación en Catatumbo, igual tiene circular roja y una orden de extradición de Estados Unidos, lo que hace su caso aún más espinoso. Para Washington, es un objetivo prioritario. Y ese es otro tema: la decisión del presidente sobre dar vía libre o no a las extradiciones agregaría, o quitaría, tensión a las relaciones de Colombia con Estados Unidos.
El factor Estados Unidos y Trump también entra en la balanza
La política de Paz Total de Petro ha entrado en colisión con el giro que ha tomado ese país con la administración de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero de este año con un discurso endurecido frente a América Latina y una postura crítica frente a los gobiernos de izquierda en la región.
La presión diplomática para que Colombia continúe colaborando activamente con las extradiciones se ha intensificado, lo que ha dejado poco margen de maniobra a un gobierno que intenta sostener simultáneamente varias mesas de negociación en todo el país.
En este contexto, el gobierno de Petro se encuentra atrapado entre dos fuegos. Por un lado, necesita ofrecer garantías reales a los grupos armados para que estos mantengan su compromiso con los diálogos y se alejen de la violencia.
Por otro, enfrenta la presión internacional y la exigencia interna de no ceder ante la impunidad. El dilema es complejo porque toca fibras profundas del sistema judicial y de la política exterior.
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La encrucijada
Es muy pronto para saber qué hará Petro. Algunos de los abogados consultados por este diario explicaron que otra opción es congelar temporalmente la orden de extradición y que la Fiscalía inicie una investigación por los delitos por los que son requeridos en otros países, pero eso puede tomar tiempo, lo que justamente no tiene ni el Gobierno ni los procesos de paz. Además, es poco probable que los grupos armados se sometan a la justicia ordinaria.
Fuentes cercanas a la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz le han dicho a este diario que se estudian alternativas legales y admiten que sin una reforma estructural del marco jurídico poco se puede hacer para blindar a los negociadores sin abrir la puerta a la impunidad.
Una de esas alternativas podría ser el polémico proyecto del senador Antonio Correa, del Partido de la U, para extender el período de la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de paramilitares y cuya vigencia termina este año. La iniciativa tiene todo para convertirse en el marco jurídico que el Gobierno necesita con urgencia para el sometimiento a la justicia de bandas y estructuras criminales. Pero eso también avanza lentamente, y por ahora está pendiente de discusión la ponencia para el primer debate.
El trasfondo de esta situación es la falta de una política clara y unificada frente a los escenarios judiciales de los actores armados en negociación. Mientras algunos sectores del gobierno defienden la idea de crear una jurisdicción especial para este tipo de casos, otros insisten en que no se puede flexibilizar el marco legal sin afectar el principio de legalidad. Esta ambigüedad ha generado incertidumbre tanto en las mesas como en los territorios.
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Al final, no es solo una cuestión de voluntad política o de capacidad logística, es un choque de realidades: la presión diplomática frente a la soberanía judicial y la urgencia de cerrar el conflicto frente al imperativo de no traicionar a las víctimas ni a los compromisos internacionales.
