Extradición de H.H. y renuncia de ministra Buitrago ponen otra vez en jaque paz total de Petro

La exministra Buitrago dijo que su renuncia fue motivada por lo que denominó "constantes intentos de injerencia indebida" en el Ministerio de Justicia.

Foto: El Espectador - Presidencia - Archivo Particular

La salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia no solo representa un nuevo cambio en el gabinete del presidente Gustavo Petro —lleva 16 en 90 días—, sino que ha puesto al descubierto una nueva disputa que pone en entredicho nuevamente el respeto del Gobierno por la independencia de la rama Judicial en su afán por lograr avanzar en su política de paz total.

En los últimos días se han conocido las denuncias de la ahora exministra Buitrago sobre presiones políticas para frenar la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como H. H., comandante de Comuneros del Sur, frente que se separó del ELN, con el que el Gobierno tiene un diálogo regional.

Aunque en su comunicación formal no ahondó en detalles, en declaraciones posteriores dejó claro que su renuncia fue motivada por lo que denominó “constantes intentos de injerencia indebida” en el Ministerio por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez -algunas para frenar contratos-, aunque el mandatario dijo que él mismo le pidió la renuncia a Buitrago por “la falta de sintonía con ejes estructurantes” de su programa de gobierno “en el terreno de la paz”.

Fuera una renuncia pedida o no, las denuncias de Buitrago concuerdan con hechos relacionados con las negociaciones del Gobierno con varios de los grupos armados, especialmente con Comuneros del Sur.

El punto más sensible de las denuncias gira en torno al caso de H. H., quien enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según reveló Buitrago, hubo presión para frenar ese proceso, con el argumento de que H. H. -a quien el pasado 14 de abril la Corte Suprema le avaló su extradición- podría tener información relevante y que su traslado a Estados Unidos impediría seguir adelante con el diálogo de paz, uno de los más avanzados en la política de paz total de Petro.

Según la denuncia, cuando Buitrago regresó del viaje que hizo a Washington en compañía del ministro de Defensa, encontró en su despacho un documento redactado con un “concepto desfavorable” supuestamente dirigido a impedir la extradición de H. H. El texto fue elaborado por María Paz Lara, asesora de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y mano derecha de Otty Patiño y quien, de hecho, fue su reemplazo en ese cargo hasta el 7 de mayo por incapacidad médica de Patiño. La exministra fue enfática en afirmar que nunca accedió a frenar ni a intervenir indebidamente en ese procedimiento.

Colombia+20 intentó contactar a Lara, pero no respondió los mensajes.

Según conoció este diario, aunque el diálogo con Comuneros del Sur avanza en términos de los acuerdos que se han alcanzado —sustitución de cultivos de uso ilícitos y búsqueda de desaparecidos—, tiene sobre la mesa una petición de H. H., quien que dijo sin un marco jurídico no seguiría adelante con ese proceso.

Carlos Erazo, coordinador del Gobierno en el diálogo con Comuneros del Sur, le dijo a Colombia+20 que la decisión del presidente Petro sobre la extradición de Mejía estaría por conocerse. “Tengo entendido que estamos cerca de que haya un pronunciamiento del presidente de la República sobre el pedido de extradición de Gabriel Yepes. La Corte Suprema de Justicia emitió su concepto favorable en la extradición hace ya varias semanas y estamos ad portas de un pronunciamiento del señor presidente al respecto”, dijo.

Sobre las denuncias de Buitrago, el coordinador Erazo afirmó que no tiene información al respecto, pero afirmó que una posible extradición de Yepes Mejía frenaría ese diálogo con Comuneros. “Indudablemente, un Yepes Mejía extraditado pues mata el proceso”, afirmó a este diario.

El Gobierno de Petro ha sostenido que ningún miembro de un grupo armado en vías de paz será extraditado si muestra voluntad de someterse a la justicia. En febrero pasado, el presidente dijo en su cuenta de X: “Las normas de Colombia dicen que las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances de importancia. El avance se mide en el desmantelamiento de la economía ilícita y en el respeto a los derechos de la población”.

Para Buitrago, eso significa que no hay razón legal ni política para suspender la extradición. Pero en el Gobierno, en particular en el círculo de Petro, parece haber una interpretación más amplia sobre los tiempos y alcances de la “paz total”.

En el fondo, ese “concepto desfavorable” escrito por la Oficina del Consejero Comisionado no tiene ninguna razón jurídica.

De acuerdo con el trámite regular que se hace en los procedimientos de extradición, la solicitud debe presentarse por vía diplomática, a través del Departamento de Estado de EE. UU. a la Cancillería de Colombia. De allí pasa al Ministerio de Justicia, para que verifique la documentación.

El tercer paso es enviar la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, que debe hacer una revisión y decidir si procede o no la extradición. Aún si se avala, el presidente es quien tiene la decisión final porque, aunque la Corte puede decir que sí es favorable o sí procede la extradición, el Gobierno, en cabeza del mandatario, es el que tiene la opción de extraditar o no a alguien.

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Por ello, no se entiende de qué serviría o no un concepto de la ministra de Justicia, pero Buitrago aseguró que la negativa a firmar ese documento fue uno de los factores determinantes que sellaron su salida del gobierno.

“Dentro del trámite de la solicitud de extradición el Ministerio de Justicia realiza las siguientes funciones: examina la solicitud y la documentación presentada por la autoridad judicial (…) Si faltan piezas sustanciales lo devuelve al Ministerio de Relaciones Exteriores con indicación de lo faltante. Si encuentra perfeccionado el expediente lo envía a la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, no hace parte de las funciones del Ministro (a) de Justicia emitir ese concepto desfavorable, pues va en contravía del ordenamiento legal. Del mismo modo, considero que el presidente no puede delegar esa función”, explicó a Colombia+20 Kenneth Burbano Villamarín, decano Facultad de Derecho Universidad Libre.

La denuncia de Buitrago fue respondida por el presidente Petro, quien desestimó por completo la acusación. En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario escribió: “Es absolutamente falso que se hayan dado presiones para frenar la extradición de ‘HH’. Son mentiras de mentiras. Nunca ha habido una instrucción en ese sentido. La ley es clara: la extradición solo se suspende si el solicitado hace parte de un proceso de paz debidamente formalizado”.

Las extradiciones: el caso de H.H., Araña, John Mechas y Olmedo

No obstante, la controversia está lejos de disiparse. La extradición de H.H. no es un caso cualquiera. Se trata de uno de los mandos más visibles del frente Comuneros del Sur, un grupo que ha tenido fuerte presencia en Nariño y Cauca, y que ha sido señalado de mantener economías ilegales asociadas al narcotráfico, así como de continuar prácticas armadas contrarias al Derecho Internacional Humanitario.

Pero además, no es el único caso. En febrero, la Fiscalía General de la Nación capturó en pleno fin del tercer ciclo de diálogo en Bogotá a Giovanni Rojas, conocido como “Araña”, delegado de la mesa de paz que el Gobierno tiene con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Bajo la óptica del Gobierno, Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, cobija todas las órdenes de captura, incluso las de extradición, pero tanto la Fiscalía como la misma ministra Buitrago indicaron entonces que Colombia debía cumplir con las tareas internacionales.

Aunque la Ley 2272 sí dice que en ciertas zonas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición en contra de “miembros del grupo armado organizado al margen de la ley”, una de las fallas en estos casos -según varios de abogados consultados por este diario-, está en la falta de reglamentación de dicha ley.

Pocos días después de lo de “Araña” también fue capturado con fines de extradición Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “Mocho Olmedo”, segundo al mando del frente 33 de la disidencia de las FARC Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) y delegado en la mesa.

Javier Alfonso Velosa García, “John Mechas”, jefe de ese frente 33 también tiene circular roja y una orden de extradición de Estados Unidos por el atentado al expresidente Iván Duque y la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, además del ataque con explosivos, ocurrido en 2022, al CAI de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde fallecieron dos menores de edad.

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Estos dos últimos casos son espinosos para el Gobierno pues involucran a un Frente con el que adelanta un tránsito hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Catatumbo. La posible extradición de Olmedo o de Velosa -este último no ha sido capturado- podría no solo frenar ese traslado a esa zona de preconcentración, sino todo el proceso de paz con esa disidencia.

La salida de Buitrago, una funcionaria con credenciales técnicas sólidas y un perfil autónomo, se suma a una serie de cambios en el gabinete que han afectado áreas clave como Defensa, Cancillería y ahora Justicia.

Su renuncia revive la discusión sobre la fragilidad institucional del sector justicia frente a intereses políticos, y sobre la coherencia del gobierno a la hora de aplicar sus promesas de verdad, reparación y justicia para las víctimas.

De momento, el futuro de la extradición de H.H., de Araña y de Olmedo siguen su curso judicial y administrativo. Pero la controversia ya ha dejado su huella: un Ministerio de Justicia sin titular, una funcionaria de alto perfil que se despide denunciando presiones indebidas, y el aumento de la preocupación por la disputa entre la legalidad institucional y los cálculos políticos.

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