La historia de reconciliación de las víctimas de falsos positivos de Toluviejo con el coronel Borja

Al encuentro también asistieron como invitadas especiales las mujeres de Mafapo, que reúne a las familias de los falsos positivos de Soacha.

Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

El 9 de julio de 2007 empezó la tragedia para 11 humildes familias en Toluviejo, Sucre. Ese día, Carlos Alberto Valeta y Luis Alberto Pérez fueron los primeros en salir de sus casas con la promesa de un empleo que solucionaría los problemas económicos de sus familias. Tres días después se fueron John Jairo Colón, Déiner José de Hoyos y Frank Arley Padilla Bandera. El 22 de julio lo hicieron Julio Rafael Julio y Juan Bernardo Patrón Viloria. El 2 de agosto desaparecieron Miguel Enrique Jiménez Chamorro, Cristian Javier Vergara y Luis Fernando Mejía Vides, y el 7 de agosto el turno fue para Evin David Paternina, un niño de 16 años que tenía problemas de retardo mental. Él fue el último en abandonar su hogar. Aún no aparece.

Todos los jóvenes se conocían. Eran amigos, vecinos o habían estudiado juntos. Y fueron Róbinson Barbosa y Andrés Pacheco, otros amigos y vecinos, los que les ofrecieron trabajo en una finca a cambio de un sueldo de $650.000, un salario jugoso en aquella época para estos muchachos que no tenían oportunidades laborales y apenas lograban unos pesos picando piedra o haciendo trabajos varios.

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Cuando la noticia apareció en los medios, el coronel Luis Fernando Borja, quien por entonces era comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre, con sede en Sincé, sintió que no podía soportar más. La culpa lo carcomía por dentro. Esas y otras muertes de jóvenes que eran sacados de sus hogares con falsas promesas de trabajo para ser luego asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate, eran su responsabilidad. Él les había dado la orden a sus hombres de cometer esos asesinatos para cumplir con los resultados que exigían sus superiores y así obtener permisos, condecoraciones y ascensos.

Pero ya era tarde para arrepentirse. Los 11 jóvenes fueron asesinados algunas horas después de su desaparición y en la lista había más muchachos de los otros 14 municipios donde operaba la Fuerza de Tarea Sucre que correrían la misma suerte.

“Ese caso me impactó, porque todas las víctimas eran como de una misma familia, eran muy amigos... ahí toqué fondo, me di cuenta de que estábamos asesinando mucha gente inocente. Me dije: esto no puede seguir, pero era muy tarde; los hechos siguieron sucediendo porque yo los ordené y no pude pararlos”, recuerda el coronel.

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El 2 de septiembre, unos amigos de las familias vieron en el periódico en Montería una noticia que cambiaría el rumbo de la historia: “Asesinados 11 extorsionistas”, se titulaba. En las fotografías estaban los rostros de los jóvenes, quienes aparecían reseñados como guerrilleros abatidos en combate. Las familias empezaron la búsqueda no solo de los cuerpos de sus seres queridos, sino de la verdad de lo ocurrido. Se enfrentaron a las autoridades que les pedían callar, a los vecinos que los señalaron de locos y a quienes los amenazaron de muerte por haber denunciado a los que creyeron eran sus amigos y los habían “reclutado” para entregárselos al Ejército.

Tres años más tarde, en 2010, el coronel Borja se entregó a las autoridades. Vencido por la culpa reunió a su familia y les dijo que él no era el héroe que ellos creían, sino que era un asesino. Empezó a entregarle a la Fiscalía los detalles de cada uno de los 77 casos de “falsos positivos” que había ordenado desde marzo de 2007 cuando llegó como comandante de esa unidad.

La justicia investigó 62 y por ello lo condenó a 60 años de prisión. Pero para él la cárcel no fue suficiente, por eso, cuando se crearon la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad –en virtud del Acuerdo de Paz–, solicitó someterse a la primera y acudir a la segunda para contar su versión y contactar a las familias de Toluviejo.

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“El día que tenía que llenar el formulario en la JEP solo había dos renglones para describir los hechos. Le dije al funcionario que tenía 62 y no tenía donde ponerlos. Me respondió: ‘haga un anexo, igual no creo que usted sea admitido, son muchos hechos’. Sin embargo, obtuve la libertad condicionada en 2018”, relata.

El encuentro con las víctimas

María Margarita Flores Pineda tenía cuatro meses de embarazo cuando su pareja, Carlos Alberto Valeta, fue desaparecido por órdenes del coronel Borja. Se fue ilusionado con la promesa de un trabajo bien remunerado que le permitiría darle lo mejor a ese hijo que venía en camino. Había pertenecido al Ejército, amaba y respetaba a la institución.

“Casi me muero cuando fuimos a Medicina Legal a buscar los cuerpos y allá el comandante dijo: ‘se destapó la olla’. Ellos no pensaron que los familiares iríamos a buscarlos. Gracias a mi denuncia capturaron a la persona que se los llevó cuando se iba a volar para España. Me sentía muy defraudada. Yo vi las fotos de él con la ropa que llevaba el día que desapareció y luego vi las fotos del levantamiento cuando lo habían vestido de guerrillero”.

Ella ha liderado, desde ese momento, a las 11 familias que se juntaron y se convirtieron en una sola bajo la Asociación de Víctimas de Falsos Positivos de Toluviejo. Y fue a ella a la que contactaron cuando Borja le pidió a la Comisión de la Verdad ayuda para reunirse con las familias. “Yo acepté el encuentro con Luis Fernando porque mi hijo tenía 14 años y me hacía muchas preguntas que no podía responder. Yo evitaba que estuviera en internet. Cuando me preguntaba por qué los militares le habían hecho eso a su papá si ellos eran los buenos, yo solo le decía que eran errores. No quería que odiara a la institución”, recuerda.

Ella es psicóloga social y empezó a preparar a su hijo y a las otras familias para el encuentro con Borja. “Yo trabajo con víctimas y estoy acostumbrada a esto, pero eso no me sirvió, porque cuando lo vi me dio mucha rabia. Estar ahí con mi hijo que no pudo conocer a su papá, que fue víctima desde el vientre, me llenó de rabia. Pero me la guardé porque tenía que darles fuerza a mis compañeros. Luis Fernando empezó a contar esa verdad generosa que nos entregó de la manera más humana. No fue una verdad egoísta, contestó desde la primera hasta la última pregunta. Ahí empezamos a sentirnos en confianza, fueron momentos muy doloroso y relatos que nadie quisiera escuchar de cómo ellos fueron sacados de sus casas, de cómo murieron. Yo le pregunté: ‘¿por qué Carlos, por qué él?’. Me dijo que él estaba en la lista y si no era el 9 de julio, era el 10, pero iba a ser asesinado porque estaba en la lista”, relata.

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Y recuerda lo impactado que quedó su hijo al ver a Luis Fernando fuera del recinto repitiendo que era un asesino: “Me dijo que sentía tristeza de ver que el coronel decía eso. ‘Mami, él ya dijo la verdad, mira que tiene mucho dolor, tenemos que perdonarlo’. Yo no había tomado esa decisión, pero no podía decirle a mi hijo que no, así que lo abracé y le dije que lo iba a perdonar. Y decidimos seguir adelante”.

Borja reconoce que ese día sintió miedo y tristeza. “Tenía miedo de enfrentarme a esa realidad de ver el daño que yo había hecho a 11 familias. Cuando entré al recinto recuerdo que hubo mucha tensión. Cinco minutos después se tuvo que parar porque las personas no soportaron el choque del tener ahí al perpetrador. Yo respondí las preguntas con el corazón, hay cosas que aún hoy no puedo responder porque no estuve en el lugar de los hechos. Margarita me dijo que no me diera tan duro porque yo no era el único responsable. Todos me dieron la mano y me dijeron que haríamos un encuentro público”.

Ese evento se realizó en octubre de 2021. “El tiempo me dio la razón, no solo yo era el asesino, desde el general (Fredy) Padilla (comandante general de las Fuerzas Militares de entonces) todos sabíamos. La JEP le imputó cargos al general (Mario) Montoya y le puedo decir que él sí es responsable. De ahí para abajo todos los generales son responsables y la justicia tendrá que llegar hasta allá”, repite hoy.

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A partir de ese encuentro, Borja y la fundación vienen trabajando en un proyecto productivo y de memoria. Ya tienen una casa que donó la Confraternidad Carcelaria y con recursos de la embajada de Noruega que ejecuta el PNUD van a montar una cafetería con repostería y un lugar que dignifique a sus familias y a las víctimas.

Se suman víctimas de exFARC

Borja ya había recorrido un largo trecho de este proyecto de justicia restaurativa con las familias de Toluviejo cuando conoció a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, máximo jefe de las extintas FARC. Invitó a quien había sido su enemigo durante la guerra a sumarse a su iniciativa. Londoño ya venía atendiendo audiencias en la JEP y había enfrentado como Borja uno de los momentos más dolorosos en julio de 2022, cuando tuvo que reconocer y pedir perdón por la aberrante práctica del secuestro.

Aceptó sin dudarlo. Él y varios de los máximos responsables de las exFARC también venían desarrollando un proceso de justicia restaurativa con un grupo de víctimas que decidió crear la Fundación Renacer para Vivir en Paz (Revipaz), tras la audiencia de la JEP. Él hace parte de la junta directiva y hoy trabajan juntos en varios proyectos productivos.

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“La audiencia del caso 01 fue muy dura. Confrontar esa realidad frente a lo que uno soñaba y creía que estaba haciendo me hizo sentir un dolor muy grande. Yo le dediqué 40 años a esa lucha y fue duro ver los efectos de esa lucha en colombianos humildes. La intención no era esa, pero ese fue el resultado”, recuerda Londoño.

Dice que aceptó estar en este tipo de encuentros porque está empeñado en llevar el mensaje de que la guerra no es el camino. “Yo me fui de 17 años a la guerrilla, con un fusil en la mano, convencido de que lograríamos los cambios... y de 57 años firmé el acuerdo con ese mismo sueño, convencido de que no podíamos seguir por ahí”, reflexiona.

Y recuerda que en La Habana fueron las víctimas las que los convencieron de firmar el Acuerdo Final. Se dieron cuenta de que unos a nombre de la patria y otros a nombre de una revolución habían cometido los peores delitos. Y por eso, insiste, se crearon la JEP y la Comisión de la Verdad, convencidos de que la verdad restaura. “Qué habría pasado si Luis Fernando se va con 60 años de cárcel, ahí habría quedado todo y las víctimas no hubieran conocido la verdad”.

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En ese mismo sentido se pronunció Diva Cristina Díaz Aponte, una mujer huilense que sufrió el secuestro y posterior asesinato de su papá, Juan Antonio Díaz Calderón, el secuestro de dos familiares más y un atentado del que se salvó de milagro. Ella entró a Revipaz convencida de que así no solo lograba sanar las heridas que las FARC habían dejado en su familia, sino que podría trabajar por otras víctimas.

Ella dice que la JEP abrió una ventana para conocer la verdad que por tantos años buscó y no encontró. Y recuerda el día que empezó su calvario, el 26 de septiembre de 1998, cuando su papá fue secuestrado por el frente 13 de las FARC en una finca de su propiedad. “Como hija mayor empecé a tocar puertas, fui a la zona de distensión, a donde llegaban la mayoría de secuestrados del Huila. Conocí a muchas personas de la guerrilla, pero eran mando

s medios y bajos y no obtuve respuestas. Pagamos un dinero y nos entregaron a mi papá el 24 de diciembre de 1999; mientras tanto se estaban llevando a una hermana media y a una prima”.

En lugar de celebrar, tuvieron que seguir pagando por sus otros familiares, hasta que el papá decidió rebelarse y no pagar más. Dio dos entrevistas en televisión contando todo lo que había vivido y eso le costó la vida. La guerrilla lo mató el 3 de octubre de 2000. Ella lideró entonces las denuncias y por eso también intentaron matarla. Huyó de su tierra desilusionada porque ninguna autoridad hizo nada para ayudarla.

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“En la JEP tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo Londoño y me di cuenta de que me estaba acercando a las personas que me darían un poco de tranquilidad, que me darían a conocer la verdad que había buscado por 20 años, conocí a personas maravillosas y empezamos a gestionar la vinculación de los responsables a la Fundación”.