Colombia + 20

13 Sep 2022 - 10:45 p. m.

¿Gobierno Petro tiene a la deriva la implementación del Acuerdo de Paz?

Las principales entidades y agencias encargadas de la puesta en marcha de lo pactado en La Habana siguen sin dirección. Política de drogas, reincorporación y Centro Nacional de Memoria, entre otras, siguen acéfalas.
ITUANGO (COLOMBIA), 27/08/2022.- El presidente de Colombia Gustavo Petro llega a la instalación del PMU (Puesto de Mando Unificado) Por la Vida en Ituango, Antioquia (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.
ITUANGO (COLOMBIA), 27/08/2022.- El presidente de Colombia Gustavo Petro llega a la instalación del PMU (Puesto de Mando Unificado) Por la Vida en Ituango, Antioquia (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.
Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

“El Gobierno Petro está dejando huérfano el Acuerdo de Paz”, dijo el exalto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo en entrevista a Noticias Caracol. El exfuncionario, clave en las negociaciones con las antiguas Farc, dijo que las prioridades del nuevo Gobierno parecen estar orientadas a retomar el proceso con el Eln y alcanzar el sometimiento a la justicia de otros grupos al margen de la ley. ¿La implementación del Acuerdo va de última en la fila?

Hasta hoy, poco más de un mes después de que el presidente Gustavo Petro se posesionara, no se ha nombrado a nadie en propiedad a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz, en lo que venía siendo la Consejería para la Estabilización, que durante el Gobierno Duque estuvo a cargo de Emilio Archila.

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El nombre de la defensora de Derechos Humanos y exalcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, ha sonado para hacerse cargo de esta tarea, pero no desde de la Alta Consejería para la Estabilización, entidad que desaparecería, según los anuncios del nuevo gobierno. Cuartas sería la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, un departamento que se crearía en Oficina del Alto Comisionado para Paz que ocupa Danilo Rueda. Esto en el ánimo de la administración Petro de unificar esfuerzos en esta tarea que en el gobierno anterior había quedado dispersa. Por eso, hasta ahora ha ejercido como consejera encargada Sandra Ramos, quien venía de ser la gerente de la entidad, a cargo de temas administrativos y presupuestales.

No es la única entidad clave para la implementación del Acuerdo que está acéfala. De hecho, la máxima instancia para hacerle seguimiento a lo pactado, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), en la que se sientan el Gobierno y el hoy Partido Comunes, no ha entrado en funcionamiento. Así lo explica Federico Montes, delegado de Comunes ante esa instancia: “Una de las preocupaciones es que la CSIVI tiene a cargo la constatación normativa de todos los proyectos de ley, decretos y otras normativas que se creen para la implementación del Acuerdo y el Gobierno aún no ha designado quiénes serán sus tres delegados para la instancia”.

Durante el Gobierno Duque, quienes ejercieron como delegados ante la CSIVI eran el consejero Emilio Archila, el alto comisionado para la Paz Juan Camilo Restrepo y el ministro del Interior Daniel Palacios.

Para Montes, la preocupación central hoy es que “no está claro el papel que le va a dar el nuevo Gobierno a la arquitectura institucional derivada del Acuerdo de Paz”.

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Política de drogas

Una de las principales apuestas del Gobierno Petro es transformar el enfoque de la política de drogas y durante la campaña habló de avanzar hacia la regulación. Una vez posesionado, nombró como director del empalme para tema de drogas al investigador Felipe Tascón, cuyo equipo recomendó crear una nueva consejería/oficina/entidad que concentrara las funciones en esta materia, ya que encontraron que ahora mismo hay 27 entidades en 10 ministerios y en la Presidencia que tienen que ver con el tema.

Sin embargo, aún no está claro si el presidente seguirá esa ruta de una nueva consejería y, por tanto, tampoco hay alguien a cargo de esa tarea. Según supo Colombia+20, el nombramiento de Felipe Tascón, quien asumiría como tal, quedó congelado.

Por ende, no es claro tampoco el futuro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pactado en el cuarto punto del Acuerdo de Paz y en el que están vinculadas 99.000 familias cocaleras actualmente. Como reconoció en su momento el equipo de empalme, líderes campesinos y expertos en la materia, el programa necesita ajustes de fondo para poder cumplirles a esas familias, pero el nuevo Gobierno no ha dejado ver qué rumbo le dará.

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Hasta el momento, el programa sigue a cargo de Hernando Londoño, quien lo dirigió durante el Gobierno Duque, y depende de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), que tampoco tiene director nombrado todavía. Es la misma entidad que está a cargo de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y, por ahora, está ejerciendo como directora encargada Marcela Castro, quien es la secretaria general de la institución.

Reincorporación

Uno de los puntos en que se avanzó durante el Gobierno Duque en materia del Acuerdo de Paz fue la reincorporación de los más de 13.000 excombatientes que se acogieron a lo pactado. Según el último informe de la Misión de la ONU, por ejemplo, el 67% de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos individuales o colectivos, y se compraron tierras para 10 de los 24 antiguos espacios de reincorporación. Aun así persisten algunos retos: a la fecha son más de 330 excombatientes asesinados y hay colectivos completos de exguerrilleros que se han tenido que desplazar para salvaguardar su vida porque el Estado no los pudo proteger, casos que se han presentado en Antioquia y Meta.

Pese a ello, hoy la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), no tiene director nombrado en propiedad. Durante el Gobierno anterior la agencia estuvo a cargo de Andrés Stapper y tras su renuncia protocolaria con la entrada del nuevo Gobierno ha ejercido como director encargado Luis Alberto Donoso, quien es el secretario general de la entidad. Por eso, la última vez que sesionó el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), donde se sienta el Gobierno con el partido Comunes, fue en julio. En esta instancia, por ejemplo, se aprueban nuevos proyectos productivos colectivos para los firmantes de la paz.

Garantías de Seguridad

Quizá el reclamo más fuerte que se le hizo al Gobierno Duque fue el incumplimiento a las garantías de seguridad en los territorios, a los líderes sociales y a los excombatientes de las Farc. Y la crítica se debía, en concreto, a que en el Acuerdo de Paz estaba contemplada una estrategia que debía avanzar en la protección de esas poblaciones y en el desmonte definitivo de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

En esta instancia tienen asiento varias entidades del Gobierno Nacional y del sector Defensa, así como delegados de la sociedad civil y las plataformas de derechos humanos. La crítica de estas últimas durante el Gobierno anterior es que, pese a que la instancia debía sesionar una vez al mes con los delegados de alto nivel, durante el cuatrienio fueron contadas las veces en que se reunió. Producto de ello, no existe hoy la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, principal tarea de esa comisión, pese a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió varias órdenes dirigidas a que eso se cumpliera.

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En el Gobierno Petro quien estaría al frente de esta tarea sería Franklin Castañeda, reconocido defensor de derechos humanos en el país y quien, de hecho, era uno de los delegados de la sociedad civil en esa comisión de garantías desde que se creó. Conoce la normativa al pie de la letra, las funciones de la comisión y estuvo al frente del plan de protección a líderes sociales que se le entregó al Gobierno Petro poco antes de su posesión. Se ha anunciado que Castañeda será el próximo director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, pero aún no se ha posesionado.

Memoria

Uno de los funcionarios que más polémica levantó durante el Gobierno Duque fue el director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, quien pese a ello permaneció en su cargo hasta el 6 de agosto pasado. Acevedo fue nombrado por el presidente Duque seis meses después de la posesión presidencial, es decir, en febrero de 2019, luego de que varios de los candidatos a ese mismo cargo recibieran fuertes críticas que terminaron tumbando sus nombramientos.

Luego de más de un mes de la llegada del Gobierno Petro, aún no se conoce quién será el sucesor de Acevedo en la dirección del CNMH. La situación es aún más grave puesto que, como lo reveló Colombia+20 en su momento, Acevedo le pidió y le aceptó la renuncia a las principales cabezas de la entidad para antes de que se posesionara Petro, por lo cual hasta hoy la entidad ha estado sin prácticamente ningún director ni siquiera de nivel secundario.

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Esto, pese a que uno de los principales alfiles del hoy Gobierno, el senador Iván Cepeda, fue un acérrimo crítico del director Acevedo e incluso interpuso ante la JEP una solicitud de medidas cautelares para proteger la exposición Voces para Transformar a Colombia, nacida del CNMH.

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