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Los hechos violentos ocurridos este domingo en Guaviare, en los que murieron siete militares y otros cinco fueron retenidos a manos de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) podrían abrir una nueva grieta en la mesa de diálogo que el Gobierno lleva con esa estructura.
Aún se desconoce si fue una emboscada de ese grupo armado o una acción en medio de combates con el Ejército. El ataque, al parecer, fue perpetrado cuando un pelotón del Batallón de Infantería N°19 Joaquín París se movilizaba para para prestar seguridad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Charras. En ese momento fueron atacados por el Bloque Jorge Suárez Briceño de esa disidencia de las FARC.
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Esta no solo es la primera acción armada entre la disidencia de Calarcá y el Ejército tras la decisión del Ejecutivo el pasado 15 de abril de no ampliar la medida de cese al fuego, sino que también marca uno de los mayores ataques perpetrados por ese grupo contra la fuerza pública en lo que va del Gobierno Petro.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el hecho y lo calificó como una “traición a la transformación del territorio hacia la paz”, especialmente porque, pese a que no se extendió el cese al fuego, el Gobierno ordenó suspender las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra esa disidencia durante un mes, hasta el próximo 18 de mayo.
El ataque pone en jaque uno de los procesos más avanzados de la paz total, que atraviesa por un momento decisivo, pues el decreto del pasado 18 de abril también ordenó que el Bloque Magdalena Medio, que opera en Catatumbo, empiece a avanzar en el el tránsito hacia las zonas de ubicación y que, eventualmente, también lo hagan las otras estructuras.
Este lunes, la disidencia respondió a ese decreto con una carta dirigida a Petro en la que dijo que solo aceptaría la zona de ubicación de Catatumbo por la crisis ocurrida en esa región de Norte de Santander (por la arremetida del ELN), pero no las otras que pretende el Gobierno por ser algo que no se ha tratado en la mesa.
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1. Se aleja la posibilidad de extender el cese al fuego
Más allá de lo cruento de este ataque, de fondo quedan varias preguntas sobre la motivación de esta disidencia para ejecutarlo.
Aunque en su comunicado oficial la disidencia de Calarcá asegura que fue una acción en “legítima defensa” en medio de combates, desde el Ministerio de Defensa aseguran que se trató de una emboscada.
Según el profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos, esa distinción es clave: “Si fue una emboscada, necesariamente habría premeditación, un plan de guerra de esta estructura para dar un golpe. La pregunta es por qué en un contexto en el cual el Gobierno había limitado la acción ofensiva contra el EMBF esperando la concentración de sus unidades, la estructura de este golpe”.
Aunque la misma disidencia pidió una prórroga en su comunicado de este lunes, este ataque hace más difícil que el Gobierno piense hacer una extensión del cese, especialmente de cara a la opinión pública.
El propio presidente Petro ordenó que una comisión independiente que “examine las circunstancias del ataque” para tomar acciones.
Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, la respuesta del mandatario al respecto no es clara.
“Hay un ambiente general de confusión porque ya no sabemos exactamente qué va a hacer el Gobierno. Hay un espacio de incertidumbre. No sabemos si estamos en paz, si estamos en guerra, si va a haber cese, no va a haber cese y en eso hay un espacio para la confusión, que es finalmente el estado emocional en el que está reinando todo y eso también incluye a los grupos armados”, señaló Bonilla.
En efecto, mientras un ala del Gobierno intenta mostrar resultados endureciendo su ofensiva militar, otra aboga por apostarle a la salida negociada al conflicto. En medio de esa disyuntiva, sostiene el profesor Trejos, Petro quedó “en el peor de los mundos”.
2. ¿Qué puede pasar en la mesa de diálogos?
Aunque todo indica que no habrá una respuesta oficial de la delegación de paz del Ejecutivo en estos diálogos, el ataque sí podría tener consecuencias en la mesa de diálogos pero, según analistas, no terminarla.
“Aparte de la mesa de Comuneros del Sur (la disidencia del ELN en Nariño), el proceso con el EMBF de Calarcá es el que más avances y resultados puede dar en medio del panorama negro que es la paz total. En ese orden de idea, lo que creo es que este va a ser un sapo que se va a tragar el gobierno, y lo que puede suceder es que haya una negociación en medio de la confrontación, que el gobierno pase a la ofensiva pero sin romper la mesa”, plantea Trejos.
Dentro de ese mundo de repercusiones que podrían caer sobre la mesa de diálogo con la disidencia, Bonilla resalta que el mandatario podría retroceder en su decisión de suspender las operaciones militares ofensivas contra el EMBF, pero habría que tener en el radar las implicaciones en materia de capacidad y planes de contingencia.
“Creo que en este caso la voz del ministro va a pesar más, pero Colombia, en este momento, no tiene la capacidad para entrarle a una política de mano dura con las estructuras y menos si empiezan a atacar a todas al mismo tiempo”, explicó Bonilla.
Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que, pese a que no está en funcionamiento por la no vigencia del cese al fuego, la misma disidencia comunicó del incidente al Gobierno por el Mecanismo de Verificación, Monitoreo y Veeduría.
De hecho, en su comunicado, la disidencia afirmó. “Le expresamos a la población nuestras sinceras disculpas poniendo de manifiesto nuestro compromiso de la paz con justicia social y ambiental (...) La idea fundamental no es entrar a matarnos entre colombianos, pero resulta que hubo intercambios de balas y sucedió lo que iba a suceder”, dijo la disidencia en un comunicado publicado el domingo.
3. Se evidencia la negativa de Calarcá a las zonas de ubicación
La respuesta de la disidencia a las zonas de ubicación y que justo se dio en medio de este ataque también pueden tensar el diálogo de ambas delegaciones.
Aunque la carta enviada a Petro sigue sosteniendo que quieren seguir en el proceso de diálogo, no aceptan la propuesta de las zonas de ubicación -excepto la de Catatumbo- y de hecho califican el hecho como un ultimátum que podría traer más guerra.
“Pareciera que nos ha tendido una celada, porque ese tema de “zonas de ubicación” nunca ha sido expuesto de manera generalizada por ninguna de las partes en la Mesa de Diálogos. Señor Presidente, estas incursiones fuera de lo dialogado confunden al pueblo colombiano, al afirmar contenidos que nunca hemos abordado, lo que significa que una de las partes en diálogo está violando la confianza del pueblo, y esa parte es la de su gobierno, incumpliendo la palabra y desandando lo avanzado, persiguiendo romper la Mesa y sentar la guerra”, dice la misiva.
En el documento, el grupo armado también pide crear un “Comité de Verificación del Cumplimiento de todo lo Acordado” donde participen “países garantes, países acompañantes, Comunidad Internacional, la Iglesia, ONU, OEA, dirigentes sociales y populares, el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego, miembros de las FARC-EP y del Gobierno Nacional”.
Según la carta, el grupo armado propone que de esa verificación se derive una programación expedita de reuniones y que el pueblo “tenga la vocería principal, con la condición de que las decisiones del pueblo allí sean un mandato de obligatorio cumplimiento”.
“El presidente puede escuchar a quienes le piden más firmeza con el grupo armado y levantar la mesa argumentando poca voluntad de paz. Lo que lo frena es que tiene poco que mostrar y este grupo está adelantado, pero la respuesta no solo es infortunada, sino que viene en un mal momento, en medio de este ataque”, dijo a este diario una fuente cercana a ese diálogo.
4. Se refuerza la disyuntiva del Gobierno entre la estrategia de paz y la de seguridad
Tras los hechos violentos de este domingo, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, hizo un llamado al diálogo para que las comunidades no sufran los efectos.
“Hubo un pronunciamiento del gobierno del cese al fuego y el decreto en el cual no se adelantarían más operaciones militares en el país. Ahora es un revés, el ataque a la Fuerza Pública por parte de Calarcá y es una tragedia, no son más que familias colombianas nuestras. Se debe disponer de una nueva mesa de negociación con reglas más claras”, señaló el mandatario local en una entrevista a Caracol Radio.
En medio del ambiente de confusión que resalta la investigadora Bonilla, es evidente que los grupos armados actúan de manera errática, como en cierta medida estaría actuando el mismo Gobierno. Y a eso se le suma la incertidumbre en el rumbo que estaría marcando la política de seguridad y paz.
“No sabemos qué Petro vamos a tener mañana. Tiene dos voces en el oído, una voz del ministro de Defensa que dice ‘Presidente, esto no se puede’, y una voz de su comisionado de paz que le dice ‘Hay que insistir en que la paz es posible. Ya estamos logrando llegar a unos acuerdos y a unos puntos importantes con este grupo’. Y en eso es única y exclusivamente Petro el que toma decisiones”, agregó la analista.
Aunque, por ahora, hay más dudas que certezas, lo cierto es que el ataque de la disidencia de Calarcá contra este grupo de militares en Guaviare significa un golpe certero a la confianza entre las partes que negocian y le resta legitimidad a este proceso de paz, que ya atravesaba dificultades en la percepción de la ciudadanía frente a los acuerdos y avances.
Los próximos días serán claves no sólo para esclarecer el futuro de la mesa de diálogos con el EMBF, sino del rumbo general de la apuesta de paz total que, como han reconocido incluso funcionarios del gabinete de Petro, “no ha salido bien”.
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