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La disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente envió este lunes una carta al presidente Gustavo Petro en la que se refiere al decreto emitido el pasado 18 de abril en el que, entre otras cosas, se le da una plazo de un mes, hasta el 18 de mayo, al Bloque Magdalena Medio de ese grupo y que opera en Catatumbo, para avanzar en medidas para unas zonas de ubicación.
En ese decreto también se suspendía por igual periodo las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares contra esa disidencia.
“El Gobierno Nacional considera necesaria la suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de Policía en contra del citado grupo armado organizado al margen de la ley, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad logísticas necesarias para el preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del EMBF, en la Región del Catatumbo”, dice el decreto.
El decreto también afirmaba que se debía avanzar en las condiciones para que el restante de los Bloques y frentes del EMBF “transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, mediante el preagrupamiento y ubicación en zonas especificas, como parte del proceso de tránsito hacia la vida civil”.
En la carta, la disidencia le responde al presidente que no acepta las zonas de ubicación generalizada pues era algo que no se había puesto en consideración en la mesa por ninguna de las partes.
“Pareciera que nos ha tendido una celada, porque ese tema de “zonas de ubicación” nunca ha sido expuesto de manera generalizada por ninguna de las partes en la Mesa de Diálogos. Señor Presidente, estas incursiones fuera de lo dialogado confunden al pueblo colombiano, al afirmar contenidos que nunca hemos abordado, lo que significa que una de las partes en diálogo está violando la confianza del pueblo, y esa parte es la de su gobierno, incumpliendo la palabra y desandando lo avanzado, persiguiendo romper la Mesa y sentar la guerra”, dice la misiva.
Sin embargo, la disidencia aclara que sí se hizo una salvedad de tener una zona de ubicación en el Catatumbo -donde opera el Frente 33 que hace parte del Bloque Magdalena Medio-, dado lo ocurrido en esa zona de Norte de Santander a inicio de año con el ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los posteriores enfrentamientos entre ambos grupos armados que derivaron en una de las mayores crisis humanitarias de los últimos 20 años con al menos 65.000 desplazados.
“Ahora bien, cosa distinta es la singular salvedad decidida en la Mesa de Diálogos con relación a la región del Catatumbo, que por móviles inusitados, a comienzo de este año, deformó su situación social, política, militar y geoestratégica (...) Conforme a lo acaecido y tomando en cuenta la necesidad de las comunidades de organizarse y volver a su territorio, hemos convenido con su gobierno propiciar otro paso de inigualable trascendencia, cuya finalidad es emplear toda nuestra voluntad en función del ejercicio de crear una “zona de ubicación” con el propósito colectivo que, desde allí, se continúe el diálogo y la construcción de las transformaciones que con firmeza hemos impulsado”, explica la carta.
Y precisan que ello implica que “no es extensiva tal especificidad del Catatumbo de las ‘zonas de ubicación’ a las otras áreas donde las FARC-EP hace presencia, al no ser procedente generalizar las particularidades de la realidad colombiana, colmada de diversidad”. Además, dicen que ello no responde a alguna división interna del grupo.
En la carta también afirman que no se puede permitir que esa “imprecisión” del decreto “opaque” ese paso. “Fundemos esas zonas como verdaderas aldeas de paz, siendo un genuino intento de avanzar en los preliminares hacia el tránsito a la Nueva Colombia. No despreciemos los avances, ni le abramos paso a la frustración", afirma el grupo armado.
Y un detalle que no es menor es que en el documento se afirma que ese diálogo no supone, por ahora, una entrega de armas. Autoridades del Gobierno habían dicho que sí se esperaba que el tránsito a esas zonas de ubicación se diera con la entrega de los materiales de guerra. “Los Frentes, Comando Conjunto y Bloques de las FARC-EP que decidimos continuar en las conversaciones con el gobierno del Presidente Gustavo Petro, siempre hemos sido claros en nuestro planteamiento, que se encuentra plasmado en los distintos acuerdos firmados en los ciclos y reuniones. A la vez, hemos sido transparentes con el mismo gobierno al decirle: nuestras armas no serán comprometidas en acuerdos, mientras no se acaben las causas que generaron el conflicto social y armado en Colombia”, dice la carta.
Al final le piden al presidente no insistir en esas zonas de ubicación. “Si insiste con la política de ultimátum, la situación que nos depara sería de Guerra Civil permanente. Usted no la quiere, Presidente Petro, nosotros tampoco; sus enemigos y los del pueblo, en cambio, están buscando sin cesar esa hecatombe".
Las características de dichas zonas a las que se espera que lleguen los integrantes de la disidencia quedaron establecidas en la Ley 2272 de 2022, o Ley de Paz Total, específicamente en el artículo 8.
Las zonas podrían funcionar como las que se dispusieron para la entrega de armas y tránsito a la vida civil de los exguerrilleros de las extintas FARC. Sin embargo, es importante anotar que la Ley de Paz Total aún no ha sido regulada por el Gobierno, a pesar del pedido de la Corte Constitucional en noviembre de 2023, por lo que se desconoce cómo se daría este proceso.
Esos puntos son zonas remotas de ubicación, donde se haga el tránsito a la vida civil, se decidan los proyectos territoriales y su participación en ellos y eventualmente se haga una entrega de armas -aunque esto aún no está especificado-, entre otras.
Según detalla la Ley, en las zonas de concentración no podrán ubicarse en áreas urbanas y en ellas se debe garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. En ese contexto, será el Gobierno el encargado de definir el funcionamiento de las instituciones para garantizar los derechos de la población.
Piden cese al fuego y un comité de Verificación
En la carta, la disidencia también le pide al presidente entre líneas que piense la extensión del cese al fuego cuya vigencia no se prorrogó el pasado 15 de abril. “En lugar de seguir inundando con sangre a Colombia, las FARC-EP lo invitan a surcar vías alternas conducentes a la paz y que no sea la de los disparos a partir de un mes”, explican.
“Sabemos que usted también escucha al pueblo, y tendrá patente que el pueblo no ha quedado en silencio ante su decisión de suspender el cese al fuego y del mencionado Decreto, rechazados a nivel nacional e internacional por ser opuestos a los intereses de los colombianos. Por eso, acompañamos el clamor del pueblo por retornar a los diálogos de paz, estableciendo un nuevo Cese al Fuego, y esperando que no se repitan estas decisiones unilaterales y arbitrarias. La Paz no se impone con Decretos", dicen.
Esta carta se conoce un día después de las confrontaciones entre esa disidencia y el Ejército en Guaviare que dejó como saldo seis muertos, cinco soldados y un suboficial. De acuerdo con lo expuesto por el bloque Jorge Suárez Briceño, que opera en esa región, actuaron “en legítima defensa”.
Otras fuentes indicaron que los enfrentamientos se produjeron debido a una emboscada por parte de la disidencia, lo que habría generado la respuesta del Ejército que, además, se encontraba en desventaja numérica. Así mismo, cinco uniformados fueron retenidos durante varias horas y liberados el mismo domingo.
En contexto: Disidencias de alias Calarcá aceptan responsabilidad por ataques en Guaviare
En la misiva, el grupo armado también pide crear un “Comité de Verificación del Cumplimiento de todo lo Acordado” donde participen “países garantes, países acompañantes, Comunidad Internacional, la Iglesia, ONU, OEA, dirigentes sociales y populares, el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego, miembros de las FARC-EP y del Gobierno Nacional”.
Según la carta, el grupo armado propone que de esa verificación se derive una programación expedita de reuniones y que el pueblo “tenga la vocería principal, con la condición de que las decisiones del pueblo allí sean un mandato de obligatorio cumplimiento”.
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