Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En las montañas de Arenal se camina con temor. Antes de dar cada paso, los campesinos de este municipio del sur de Bolívar revisan con atención el suelo e intentan cerciorarse de que no haya minas antipersonales ni artefactos explosivos ocultos entre la tierra. Hace solo un par de días, cansadas de esperar respuestas del Gobierno nacional, cientos de familias decidieron abandonar el albergue del casco urbano donde vivieron por un mes tras ser desplazadas en medio de la disputa territorial entre el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.
“Decidimos retornar al territorio sin ninguna garantía”, denuncia un líder social de la región que pide mantener su nombre en reserva. “Nosotros mismos estamos inspeccionando el terreno, mirando que no haya minas dentro de los caseríos, los cultivos, las viviendas y el colegio. Llevamos rato viviendo esto y el Gobierno no ha puesto ninguna alerta sobre nuestro territorio”, agrega el líder.
La siembra de artefactos explosivos se ha incrementado durante los últimos meses, en medio de la guerra de estas organizaciones ilegales por el sur de Bolívar, un corredor de movilidad estratégico que, además, guarda una de las mayores reservas de oro del país y es la cuarta región con más cultivos de coca en Colombia. Entre julio y agosto, el Instituto Internacional de Estudios del Caribe registró tres eventos de explosión de minas en este territorio. El más reciente se presentó en el municipio de Montecristo, donde murió un civil y cinco quedaron heridos.
El presidente Gustavo Petro está al tanto de la situación. El 5 de septiembre, tres días después del desplazamiento de las 500 familias, el jefe de Estado se refirió al caso en su cuenta de X. “El ELN mandó desalojar las veredas de San Agustín y Santo Domingo, en Arenal, Bolívar. Previo trabajo de detección de minas y trampas, ordeno al Ejército copar el territorio. No puede haber terreno vedado para el Ejército ni para el pueblo de Colombia”, escribió el mandatario.
Además: Benedetti sobre verdad de ‘exparas’: “Es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato”
El ELN mandó desalojar las veredas de San Agustín y Santodomingo, en Arenal, Bolívar. Previo trabajo de detección de minas y trampas ordeno al ejército copar el territorio. No puede haber terreno vedado ni para el ejército, ni para el pueblo de Colombia. pic.twitter.com/auqGV5TsMl
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025
Sin embargo, pasaron más de tres semanas y, según varias fuentes consultadas por este diario, no llegaron medidas efectivas a la región.
“En el albergue hubo atención del Ministerio Público, las autoridades locales y la Unidad de Víctimas, también se supo de la llegada de militares al municipio, pero en la zona de donde salieron desplazadas las familias la situación sigue igual y, por esa falta de acción, la comunidad prefirió regresar, así no tuviera el acompañamiento de las instituciones”, cuenta una persona que hace trabajo humanitario en el sur de Bolívar.
“En el caso de la atención estatal, es indignante la labor del gobernador y de sus secretarios: el de Seguridad, el de Víctimas y el del Interior, puesto que hay toda una serie de normas y leyes que obligan al ente territorial a brindar la asistencia y el acompañamiento a estas personas que vivieron este desplazamiento forzado (...) Pero cada vez que ocurre un evento o una acción armada en el departamento, específicamente sobre el sur, estos funcionarios lo que hacen es endilgar su responsabilidad constitucional al Gobierno nacional. No tienen capacidad de gestión a nivel departamental para solventar las ayudas”, explicó a este diario Francisco Méndez, investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe.
Por su parte, Luis Fernando Trejos, investigador y profesor de la Universidad del Norte, dijo que la situación de Arenal evidencia un doble fracaso institucional. “Primero, es que no se anticipan los hechos, no se previene la afectación humanitaria —en este caso particular de un desplazamiento forzado— y, segundo, el fracaso de la atención humanitaria de esas personas afectadas o de esas víctimas, tan es así que prefieren correr el riesgo de retornar a los territorios por cuenta propia, ya que la acción institucional, municipal, departamental y nacional es insuficiente o nula.”
Lea también: EE. UU. critica a Petro y pone en duda apoyo a renovar mandato de Misión de ONU en Colombia
Trejos advierte que no se trata de un fenómeno nuevo, pues “esta no sería la primera experiencia de retorno voluntario de comunidades que lo hacen de manera autónoma o independiente del Gobierno”, y alerta que los liderazgos locales están intentando “mapear las zonas que están minadas”, lo que configura “territorios de nadie” donde el Estado ha perdido toda capacidad de acción.
La guerra puede agudizarse
La crisis de violencia en el sur de Bolívar no es nueva. Como lo ha documentado Colombia+20 en varios reportajes, desde hace más de tres años el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, que está en negociaciones con el Gobierno Petro— ha intentado incursionar en esta zona del país, que ha tenido una presencia histórica del ELN y, en menor medida, de la disidencia de FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) —que se mantiene en la región y también tiene un proceso con el Ejecutivo—.
Puede leer: Así se vive la guerra por el oro entre el Clan del Golfo y ELN en sur de Bolívar
De acuerdo con balances del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, entre junio y octubre de este año el sur de Bolívar fue escenario de más de 60 combates y hostigamientos armados entre el ELN, el Clan del Golfo, el EMBF y la fuerza pública. En esos cuatro meses se reportaron 62 homicidios, siete ataques con drones, cuatro incidentes con minas antipersonales o campos minados, seis secuestros de líderes sociales y civiles y al menos cuatro desplazamientos masivos en los municipios de Arenal del Sur, Santa Rosa del Sur y Montecristo, además de más de una veintena de comunidades confinadas por el fuego cruzado.
Los enfrentamientos más intensos se concentraron en Santa Rosa del Sur, Morales, Simití, Cantagallo, Norosí y Montecristo, especialmente en las zonas mineras de La Marisoza, Fátima, San Francisco, Panamá 9, Mina Estrella, Cañaveral y Mina Nueva, donde confluyen los corredores de oro, coca y armas que conectan el sur de Bolívar con el Bajo Cauca antioqueño y el Magdalena Medio.
En Santa Rosa del Sur se documentaron más de una decena de combates y 20 homicidios selectivos asociados a la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo; en Montecristo y Morales, los registros incluyen dos explosiones y afectaciones por minas antipersonales. La más reciente, en Caño de Piedra, dejó un civil muerto y cinco heridos. También hubo ataques con drones contra unidades militares.
En total, según el Instituto, los municipios de Santa Rosa del Sur, San Pablo y Simití concentraron cerca del 60 % de los hechos violentos, seguidos por Arenal del Sur, Montecristo y Morales, donde el actuar del Clan del Golfo y el ELN produjo confinamientos prolongados, destrucción de viviendas, cierre de escuelas rurales y suspensión de la producción minera y agrícola.
“Los desplazamientos y confinamientos en los últimos tres meses se han convertido en un arma de guerra cotidiana, en donde los actores armados logran el cese total de las actividades comerciales, productivas, educativas y sociales, además del desplazamiento masivo de las comunidades rurales”, explica Méndez.
Además de ser uno de los principales enclaves del oro y la coca del país, es uno de los territorios con menor presencia estatal: no hay universidades, los centros de atención médica son escasos y la conexión vial es tan deficiente, que los pobladores deben viajar un día entero por ríos y trochas para llegar a ciertas veredas.
La ubicación del sur de Bolívar es estratégica para la guerra y las economías ilícitas: tiene conexiones con el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio santandereano, el sur del Cesar y el Catatumbo, el paso hacia la frontera con Venezuela. Todas esas condiciones han convertido a esta región en un botín estratégico que los grupos ilegales intentan conquistar.
El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, se refirió este domingo a lo que ocurre en el sur de Bolívar. “¿Qué estamos haciendo? Operaciones militares. Lo que corresponde a la fuerza militar es operaciones ofensivas para estabilizar el territorio y permitir que la población regrese de manera segura hacia sus sitios de vivienda”, dijo a Caracol Radio.
La paz total tampoco llega al sur de Bolívar
Aunque el sur de Bolívar ha sido una de las subregiones priorizadas por el Gobierno Petro en la estrategia de paz total, los esfuerzos de diálogo no han logrado traducirse en una reducción de la violencia ni en un fortalecimiento de la presencia institucional.
Esta zona fue incluida entre las ocho subregiones de emergencia humanitaria identificadas en el proceso con el ELN, aparece en la mesa de conversaciones con el Estado Mayor de los Bloques y Frente por el frente 36 y ha sido mencionada también en los acercamientos exploratorios con el Clan del Golfo. Sin embargo, las dinámicas armadas muestran que, pese a los anuncios, los grupos ilegales mantienen el control territorial, los corredores de economías ilícitas y la capacidad de imponer normas sobre las comunidades rurales.
Amaranto Daniels, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, señala que los diálogos con el Clan del Golfo pretenden una “humanización del conflicto”, pero advierte que los resultados aún no se reflejan en regiones como el sur de Bolívar y explicó que, “cuando uno mira esta apuesta y lo que está sucediendo en esta zona desde hace más de tres años, surge una pregunta sobre qué efectos puede tener esta negociación.
Ya no es una negociación de carácter político como en su momento se hizo con las FARC y el ELN, sino un diálogo sociojurídico”. Para Daniels, aunque este proceso busca presentarse como un ejercicio de humanización del conflicto, sus resultados aún no son visibles en los territorios más afectados por la guerra.
“Los negociadores de este grupo han planteado lo que denominan líneas rojas: una humanización del conflicto, el desescalamiento de la violencia en más de ocho subregiones del país y el respeto por el derecho internacional humanitario. La reflexión que surge es muy sencilla: ¿por qué el Clan del Golfo no toma como experiencia piloto no solo el sur de Bolívar, sino también los Montes de María, donde su control territorial es diferente, para demostrar hechos verificables de esa supuesta humanización del conflicto?”, cuestiona.
El investigador Trejos tiene una mirada más pesimista. Según él, es muy poco probable que la mesa de diálogo de Catar tenga un impacto directo en el sur de Bolívar, dado que la confrontación entre los grupos armados continúa escalando y no hay condiciones reales para pactar medidas humanitarias.
“En este momento hay una confrontación abierta que está escalando. Creo yo que lo peor aún está por venir, y en este sentido es muy difícil que el EGC haga algún tipo de acuerdo o pacto en términos humanitarios, porque eso significaría entregarle una ventaja estratégica al ELN en ese territorio, en el cual el ELN no tiene ningún tipo de compromiso humanitario porque su mesa de negociación está suspendida”.
El docente advierte además sobre un riesgo de recomposición territorial del conflicto: la posible llegada de nuevas estructuras del EMBF desde el norte de Antioquia y el Magdalena Medio podría aumentar la presión sobre el sur de Bolívar y desatar una nueva ola de desplazamientos y homicidios.
“No se descartaría la llegada de otras estructuras, que buscarían recuperar territorios perdidos y ampliar su presencia en la Serranía de San Lucas, donde se concentran los yacimientos de oro y los cultivos de hoja de coca”, dice.
Mientras los combates se intensifican y las comunidades retornan por su cuenta a zonas minadas, el panorama electoral en el sur de Bolívar es incierto. Este mes empezarán a moverse las elecciones, con las consultas de partidos. Por eso, líderes sociales y organizaciones locales advierten que las condiciones de seguridad ante los comicios de 2026 no están dadas para garantizar el voto libre y seguro en varios municipios, especialmente en Arenal del Sur, Montecristo, Santa Rosa del Sur y Morales.
El sur de Bolívar sigue siendo un territorio atrapado entre la promesa y el abandono. A pesar de los anuncios de diálogo, las cifras de violencia y los retornos sin garantías muestran que la paz total aún no aterriza en la región.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com oaosorio@elespectador.com.