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“Convocamos a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera pero legal que acabe con el atraso de las regiones”. Con esta frase en su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro dejó ver que su intención de paz total incluía hablar con grupos armados ilegales de todas las denominaciones y pelambres y que le daría igual importancia a la negociación con el Eln que al diálogo con grupos posdesmovilización de las Farc, con los denominados grupos herederos del paramilitarismo y hasta las conocidas “oficinas” que funcionan en diferentes regiones.
“Las disidencias”
Apenas un mes después de su posesión, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, reveló una fotografía y un comunicado tras una sorpresiva reunión con cuatro integrantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc Ep (EMC), grupo que está liderado por mandos medios de las extintas Farc que no firmaron el Acuerdo Final en 2016. En la imagen también están el jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, Raúl Rosende, y el delegado de la embajada de Noruega, Dag Nagoda, hecho que también sorprendió, pues no se esperaba una representación de alto nivel de la comunidad internacional en un diálogo exploratorio.
Esto sucedía mientras el gobierno hundía el acelerador para retomar la mesa de negociación con el Eln -moviéndose entre Caracas y La Habana-, y quemaba sus cartuchos en plena luna de miel en el Congreso para sacar adelante la reforma tributaria -que garantiza recursos para implementar el Acuerdo Final- y la prórroga de la Ley de Orden Público que le entrega las herramientas legales para hablar con quien quiera.
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La reunión recibió muchas críticas entre quienes consideran que estas personas ya tuvieron su oportunidad de recibir los beneficios propios de una negociación política y que la única opción que tendrían sería un sometimiento a la ley o el combate militar. Parte de estas críticas se basan en la consideración de que las denominadas “disidencias” son un grupo homogéneo compuesto por personas que traicionaron el Acuerdo Final. Pero no es tan así.
Hay tres grandes facciones de disidencias. Está del EMC que estuvo liderada por “Gentil Duarte” (muerto en combate) e “Iván Mordisco” y se conformó, en principio por integrantes de los frentes 1 y 7 de las extintas Farc que no hicieron dejación de armas y se declararon en disidencia después de la décima conferencia guerrillera que se desarrolló en los Llanos del Yarí, en septiembre de 2016 y en la que se debía aprobar el Acuerdo Final.
Hay un segundo grupo que, liderado por Iván Márquez; Hernán Darío Velásquez, “El Paisa”; Henry Castellanos Garzón, “Romaña”; José Manuel Sierra Sabogal, “El Zarco”; Olivo Merchán, “Loco Iván”, entre otros, se rearmaron entre agosto y septiembre de 2018, tras haber firmado el Acuerdo. Se denominan Segunda Marquetalia.
La tercera facción que se hace llamar Comandos de Frontera, que opera específicamente en Putumayo y Caquetá y que en algún momento declararon su adhesión a la Segunda Marquetalia. Líderes de este grupo han revelado que se separan de la mayoría de preceptos que rige a los otros dos grupos y han admitido que pagan sueldos a sus militantes y comandantes, entre otras diferencias.
El alto comisionado para la paz ha dicho que ya tuvo contactos preliminares con el grupo de Iván Márquez e incluso confirmó que el exjefe negociador de las extintas Farc está vivo, desmintiendo el rumor de que había muerto en combate, como los otros líderes de la Segunda Marquetalia, en combates con sus antiguos compañeros de armas del EMC. No hay fotos ni comunicados oficiales que den cuenta de los resultados de esos diálogos.
Los mayores avances se evidencian con el Estado Mayor Central de las Farc. En aquella reunión exploratoria del 4 de septiembre, que se desarrolló en los Llanos del Yarí, se conocieron las caras visibles de este proceso: “Calarcá Córdoba”, “Alonso 45″, “Ermes Tovar” y “Erika Castro”. Ese día no estuvo Iván Mordisco, quien reapareció en público después, en un video, para desmentir la noticia que había dado el gobierno de Iván Duque de que había muerto en combate.
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En la reunión se discutió una agenda que incluye la protección de los parques naturales donde han hecho presencia histórica las Farc: Picachos, La Macarena, Sumapaz y Tinigüa y la solución definitiva a la sustitución de cultivos de uso ilícito. El comunicado conjunto marcó una ruta que empieza con la discusión de un cese al fuego bilateral y la necesidad de acordar un protocolo que garantice una cumbre de mandos de esta estructura con miras a ser consultados sobre este proceso. Gobierno y disidencias también dejaron por escrito la importancia que le dan a la participación de terceros neutrales como garantía en los diálogos.
El siguiente paso lo dio el propio “Mordisco”, quien apareció una semana después en un video en el que anunció el cese de ataques del EMC contra la Fuerza Pública, planteó la creación de un plan piloto de sustitución y desarrollo alternativo en la frontera cocalera y propuso que pequeños agricultores de marihuana sean los beneficiarios en un posible plan de legalización de la marihuana con fines medicinal, industrial y de uso recreativo.
Así había quedado sellada la voluntad del EMC de entrar en la negociación de la paz total de Petro. Poco después debía realizarse una segunda reunión para avanzar en los protocolos para las consultas que deben hacer “Mordisco”, “Calarcá” y los otros integrantes ese grupo y empezar a discutir los detalles de verificación de cese al fuego. Pero ese encuentro se ha dilatado por los continuos enfrentamientos entre esta facción y los Comandos de la Frontera y la Segunda Marquetalia que han dejado muertos y heridos en combate, secuestrados y desaparecidos. Los tres grupos han emitido videos y comunicados en los que se acusan mutuamente de ser aliados de los paramilitares y cuestionan la voluntad de paz de las otras facciones.
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Esto sin contar un video que se conoció el pasado 31 de octubre en el que un hombre que se identificó como Andrés Patiño, comandante del Comando Coordinador de Occidente, que hace parte del EMC, cuestionó la voluntad del presidente Petro de desmantelar a los grupos paramilitares y combatir las alianzas de los militares con esos grupos y los que llamó “falsos guerrilleros “.
Y ahí radica una de las principales dificultades de concretar en un cese al fuego con el EMC: sus guerras intestinas con sus excompañeros de armas y con otros grupos como el Eln y el Clan del Golfo. La posibilidad de que los contactos con la Segunda Marquetalia lleguen a una posibilidad de desarme están limitadas a que el Gobierno aclare cuál será la salida jurídica que utilizará teniendo en cuenta que los líderes de este grupo firmaron y traicionaron el Acuerdo Final. El argumento del entrampamiento y los incumplimientos por parte del Estado durante el anterior gobierno no convence a un amplio sector político -incluidos quienes lideraron la negociación en La Habana-. Habría que ver si la reunión que tuvieron el presidente Gustavo Petro y el expresidente Juan Manuel Santos -junto a algunos de sus alfiles- mitigan esos reparos.
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Grupos herederos del paramilitarismo
El alto comisionado para la paz ha confirmado que ha tenido contactos preliminares con el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y un número indeterminado de las llamadas “oficinas”, estructuras delincuenciales que operan en diferentes lugares del país. De los contactos con el Clan del Golfo y las “oficinas” no se conocen detalles, no hay comunicados conjuntos ni declaraciones oficiales de esas organizaciones.
En cambio, sí se conoce la propuesta que le presentaron las Autodefensas de la Sierra Nevada (grupo conocido como Los Pachencas) al comisionado, gracias a una entrevista que dirigentes de esa organización dieron a este diario. Allí se pudo conocer que piden declarar una zona de despeje en la Sierra, designar como gestores de paz a Hernán Giraldo y Fredy Castillo Carrillo, cancelar las órdenes de captura en contra de sus líderes e instalar una mesa de negociación con el Gobierno. No consideran que su proceso sea de sometimiento.
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Rueda confirmó que había recibido la propuesta por parte de abogados de los líderes de ese grupo y que se había reunido con dirigentes sociales de la Sierra para escuchar sus inquietudes, pero no avanzó en su respuesta a la propuesta.
La posibilidad de estos diálogos abre inmensos interrogantes. Aunque la Ley de Orden Público y sancionada por el presidente, le da facultades para adelantar “diálogos de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz con grupos armados organizados al margen de la ley, que tengan un mando responsable y control territorial que les permita hacer operaciones militares sostenidas y concertadas”, no se sabe si estos grupos puedan entrar en esta categoría o si los acercamientos con ellos irían orientados al “sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de alto impacto”, que es la otra facultad otorgada por la ley. El principal llamado -exigencia- al Gobierno es que los acuerdos que se pacten con estos grupos contribuyan al desmantelamiento de sus estructuras.
La Ley dice que el gobierno puede entablar diálogos con los “grupos armados organizados al margen de la ley” y describe qué características deben cumplir: tener una dirección bajo un mando responsable, ejercer control territorial, realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
También describe cuáles son las características de “las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”: tener una estructura jerárquica y/o red, una dedicación a la ejecución permanente o continua de conductas punibles como las tipificadas en la Convención de Palermo (adoptada por las Naciones Unidas en 2004 contra la delincuencia organizada y trasnacional), enmarcadas en patrones similares, incluyendo el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen y cumplan funciones en una o más economías ilícitas.
La decisión de con quién puede o no negociar el gobierno quedó en manos de una instancia de alto nivel que calificará las estructuras armadas organizadas y que estará coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional y contará con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz. De allí depende qué grupos podrían tener una mesa con el gobierno y a cuáles les quedaría la opción del sometimiento o acogimiento. En ambos casos, deben cumplirse procesos de verdad y reparación a las víctimas.
Otro interrogante que se abre tiene que ver con la implementación de la política de seguridad y defensa en consonancia con el cese al fuego bilateral que se está concertando con estos grupos y con el Eln. Y eso está muy relacionado con la participación de militares activos y en retiro en estos diálogos. Después de la negociación de La Habana con las Farc quedó claro que la participación de la fuerza pública en la paz es tan importante y determinante como lo es en la guerra.