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Este martes el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó el quinto informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, en el que se muestran algunos avances en la ejecución, aunque se advierte que el ritmo sigue lento.
“A la paz le asignaron recursos importantes para garantizarle su consolidación en el país, pero no hay mayores avances. Nos preocupa la forma como los están destinando”, dijo Camargo.
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El Defensor, quien en varias ocasiones ha puesto en duda la voluntad de los grupos armados con los que se ha sentado a dialogar el Gobierno, dijo que la dependencia de acuerdos con esas estructuras está haciendo que la implementación del Acuerdo sea más lenta.
Según Camargo, la paz total está ralentizando el cumplimiento del Acuerdo Final “mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, no habrá reforma rural, los desplazados verán como una utopía el retorno a sus territorios; además, habrá un retraso con el cumplimiento a cabalidad de la política de restitución de tierras”, dijo.
Este punto se liga con la ejecución del punto uno del Acuerdo de Paz. Según el informe expuesto por el defensor, el retorno de los desplazados y la restitución de tierras se ven obstaculizados por la presencia de grupos armados que “promueven ocupaciones ilegales y actividades ilícitas en las regiones”, según advierte el informe.
Pese a ello, la entidad reconoce la prioridad que el Gobierno Nacional le ha otorgado a la implementación de la reforma rural integral. “Esto se ha visto reflejado en un incremento histórico del presupuesto para la Agencia Nacional de Tierras; asimismo, se destaca la construcción del instrumento dinamizador de la política para la celebración del convenio suscrito con Fedegán relacionado con la adquisición de predios”, dice el documento.
Se destacó que la política de restitución de tierras presenta un serio atraso histórico, con metas que no alcanzan el 50% de su ejecución hasta diciembre de 2023.
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A pesar de algunos avances en la implementación del Acuerdo, como la creación de la Jurisdicción Agraria y la constitución de Zonas de Reserva Campesina, el informe recomienda trabajar en la coordinación de la implementación del Acuerdo y destaca la importancia de la puesta en marcha de un órgano de articulación dedicado exclusivamente a este fin.
En el caso del punto 2 del Acuerdo de Paz, sobre la participación política, el informe recalca que persisten los asesinatos con líderes y lideresas sociales, así como para firmantes de paz. Justamente este martes, organizaciones que trabajan por la paz en Colombia convocaron a un “duelo colectivo” a las 5 p. m. en la plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas principales de varios municipios como parte de una movilización para pedir que cesen estos asesinatos.
“Como parte de los factores de amenaza se hace referencia al sostenimiento de la violencia en contra de las personas defensoras de DD. HH. y líderes sociales y se resalta, como un dato de especial gravedad, que de los 111 homicidios de liderazgos sociales ocurridos en los primeros siete meses del 2023, 18 también eran precandidatos, militantes o representantes de partidos políticos”, dice el documento.
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En el caso de reincorporación, la Defensoría o identificó tres aspectos principales que contribuyen a aumentar los riesgos para la población en proceso de reincorporación: la poca presencia institucional, las nuevas dinámicas del conflicto y las vulnerabilidades y capacidades territoriales
Las alertas de seguridad para los antiguos espacios territoriales abarcan los departamentos de Atlántico, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Risaralda. En el caso de tierras y vivienda, su acceso aún no avanza.
En el punto 4 sobre la solución a los cultivos de uso ilícito, el informe hace énfasis en la nueva política de drogas.
“La Defensoría del Pueblo ha evidenciado varios aspectos que requieren mayor precisión por parte del Gobierno Nacional. Entre ellos, la necesidad de definir metas, indicadores y presupuesto para la implementación del “Modelo de Intervención Integral para el Tránsito a Economías Lícitas”, el cual busca disminuir gradualmente los cultivos de uso ilícito”, dice el informe.
Además, el documento resalta la importancia de superar las condiciones de desigualdad social en los municipios con presencia de cultivos de coca. A pesar de las inversiones realizadas en municipios prioritarios, no se han generado cambios estructurales significativos.
En cuanto al enfoque de género, se informó que las mujeres continúan enfrentando barreras en el disfrute de sus derechos, con un avance precario en la adjudicación de tierras a favor de las mujeres rurales provenientes del Fondo de Tierras.
El informe concluyó que, tras siete años de la implementación del Acuerdo Final de Paz, es fundamental redoblar los esfuerzos para superar los obstáculos y avanzar hacia una paz estable y duradera en Colombia.
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