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El viernes en la noche se conoció la resolución con la que el presidente Gustavo Petro decidió suspender la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, conocido como “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera.
La resolución, que se había firmado hacía un mes, el pasado 18 de noviembre, pero solo se conoció ese viernes, se dio pese al pedido formal que Estados Unidos le había hecho a Colombia para que entregara a Rojas y a que la Corte Suprema de Justicia había emitido un concepto favorable.
La decisión, adoptada por el Ejecutivo, se inscribe en la estrategia de paz total y vuelve a abrir un debate de fondo sobre los límites entre la cooperación judicial internacional, la política de paz y la lucha contra el narcotráfico.
“Araña” es requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Sin embargo, el Gobierno optó por frenar su envío al considerar que su permanencia en Colombia es clave para el avance de las negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura disidente que agrupa a los Comandos de Frontera y otros bloques armados, y que comanda Walter Mendoza.
De hecho, la resolución presidencial establece que la extradición queda suspendida mientras Rojas contribuya con aportes verificables y resultados concretos al proceso de consecución de la paz total, en el marco de la Ley 2272 de 2022.
El Ejecutivo condiciona la decisión a que “Araña” continúe actuando como miembro representante de la CNEB en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional y a que sus acciones estén orientadas de manera efectiva a ese objetivo, dejando claro que la medida puede revertirse si incumple esos compromisos.
“No es negar la extradición como se ha presentado es autorizar la extradición, pero suspende los efectos y los ata a que quien está siendo, por llamarlo de alguna manera ‘beneficiario’ de esa medida del Gobierno se compromete y continúe comprometido con los avances en los diálogos”, dijo a RTVC Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso.
“Araña” fue capturado en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá cuando se estaba dando fin al tercer ciclo de diálogo y es requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.
Hasta el momento, “Araña”, quien permanece en la cárcel La Picota de Bogotá, ha participado de manera virtual en los seis ciclos de diálogos que lleva el Gobierno con esa disidencia.
La suspensión de la extradición coincide, además, con un momento en el que el Ejecutivo busca mostrar resultados concretos en la negociación con la disidencia de Mendoza. El pasado 6 de diciembre, el Gobierno anunció el inicio formal de dos Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZOCIUT) para ese grupo, con una duración inicial de 10 meses, y que estarán ubicados en departamentos estratégicos como Nariño y Putumayo.
Si el cronograma establecido en esa ronda de negociaciones se cumple, la primera de estas zonas en la paz total de Petro será construida en Putumayo, justamente la región donde Rojas concentra su poder.
A esto se suma la incorporación de Uruguay como nuevo país garante en la mesa de diálogos, un movimiento con el que el Gobierno pretende fortalecer la legitimidad internacional del proceso y enviar señales de respaldo político a una negociación que enfrenta cuestionamientos internos y presiones externas.
La tercera extradición que frena Petro
La decisión de Petro sobre “Araña” no es aislada. Esta es la tercera vez que el presidente frena una extradición en el marco de la Paz Total. El 20 de mayo, el mandatario suspendió la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido “H.H.”, comandante de Comuneros del Sur, estructura que se separó del ELN y adelanta un proceso de paz con el Gobierno.
Posteriormente, el 1 de julio, hizo lo propio con Willington Henao, conocido como “Mocho Olmedo”, integrante del Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente.
Estos antecedentes refuerzan la idea de que el Gobierno está usando la extradición como una herramienta condicionada dentro de su estrategia de negociación, lo que marca un giro frente a la política tradicional de cooperación judicial automática con Estados Unidos.
La decisión de frenar la extradición de “Araña” se da, además, en un contexto sensible de la relación con Estados Unidos. Según cifras oficiales, el Gobierno colombiano tiene actualmente pendientes al menos 21 solicitudes de extradición con concepto favorable de la Corte Suprema, lo que incrementa la presión de Washington y alimenta las críticas de sectores que advierten un posible debilitamiento de la cooperación judicial bilateral.
Para el Ejecutivo, se trata de decisiones amparadas en la ley y orientadas a priorizar la paz, pero para la oposición l riesgo es que la suspensión reiterada de extradiciones termine enviando señales ambiguas frente al narcotráfico y erosione la confianza internacional.
El caso de “Araña” consolida un nuevo enfoque presidencial sobre la extradición, estrechamente ligado a los avances —o retrocesos— de la paz total. Lo que está en juego no es solo el futuro de un negociador armado, sino el alcance real de la política de paz, la relación con Estados Unidos y el equilibrio entre justicia, seguridad y negociación en el cierre del conflicto armado.
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