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El fin de la guerra entre el Estado colombiano y las antiguas Farc sirvió para desescalar muchas formas de violencia en los territorios. Los secuestros fueron reducidos radicalmente, así como las tasas de reclutamiento forzado y las extorsiones. Sin embargo, tras La Habana persistieron en el país otras formas de atentar contra la vida de muchas personas, especialmente líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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Las cifras de este flagelo son escandalosas y revelan el dolor y las luchas de muchos pueblos. De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en la que se llevó a cabo la firma del Teatro Colón), hasta el primer semestre de 2021, más de 1.000 defensores de derechos humanos fueron asesinados -cerca de 760 durante el gobierno de Iván Duque-, donde los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Córdoba, Norte de Santander, Putumayo y Chocó encabezaron la lista de estos homicidios.
Este fenómeno, aunque es ajeno al Acuerdo de Paz, merece una atención especial para que la seguridad en los territorios sea un punto importante en la agenda política del país durante y después del posconflicto.
Así lo entiende el comisionado de la Verdad, Leyner Palacios, quien también apunta a que el informe final que emita la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en junio del próximo año sea “un insumo con un relato equilibrado en el que todos los colombianos puedan repensar los asuntos para consolidar la paz y defender la vida”. Y agrega: “en este momento estamos obligados a escuchar pluralmente, a contrastar información y a recomendar puntos clave para que este tipo de situaciones, espero, no sucedan más”.
Es por esto que el próximo jueves, 11 de noviembre, desde las 10:00a.m., la CEV organizará, junto con la Unión Europea, su primer diálogo sobre las recomendaciones que se expondrán en el informe final. En el encuentro Retos para garantizar la seguridad de los territorios se congregarán las voces de Julián Gallo, senador por el Partido Comunes; Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia; María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP); Rosa Emilia Salamanca, experta en organizaciones de paz, derechos de las mujeres y miembro de la Comisión de Garantías de Seguridad; José Jaime Uscátegui, congresista de la República y Jean Carlo Mejía, docente e investigador de la Universidad Militar Nueva Granada.
Para la CEV, que tendrá la moderación del evento por medio de los comisionados Marta Ruiz y Leyner Palacios, este será un espacio en el que se abordarán los temas de seguridad nacional y ciudadana, en el posacuerdo, desde una perspectiva amplia de protección integral de los derechos de las poblaciones rurales. También subtemas como la reforma a la fuerza pública y diálogos con el Eln tendrán un rol preponderante.
Encuesta de la CEV para conocer su opinión de cuáles creen que son las garantías de seguridad que están pendientes en los territorios y que deben ser implementadas.
A su vez, se van a tener en cuenta los avances investigativos dentro de esta materia y se buscarán abordar diversas líneas temáticas, como: la prevención y reversión del despojo y el abandono forzado de tierras y territorios; la gobernanza democrática y eficaz de la ruralidad desde arreglos y capacidades institucionales; la inclusión social y productiva de la población rural; y el sinfín de retos en relación con grupos especialmente vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, población LGBT y cabezas visibles de distintos liderazgos sociales y ambientales.
Si bien el enfoque buscará ser rural, no se descarta que en esta reflexión puedan mencionarse asuntos relacionados con el tratamiento de la movilización social, dado los hechos de protesta social del último año, periodo en el que se ha fortalecido el debate sobre el rol de la Policía Nacional y algunas de sus unidades.
Estos temas cargan en sí un un componente teórico extenso y por eso la contextualización sobre las amenazas concretas a la seguridad y recomendaciones del Diálogo Nacional para la No Repetición la darán Pedro Arenas, constructor de reformas de políticas de drogas, miembro del Grupo de Trabajo de Sociedad Civil ante la Comisión de Drogas de la ONU y cofundador de la Corporación Viso Mutop, y Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE).
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Para el comisionado Palacios, quien ha estado atento al desarrollo de los diálogos territoriales para la no continuidad y la no repetición de la CEV, en este espacio puede nacer una oportunidad importante para que “se visibilicen aún más los derechos de las víctimas que les ha tocado ver cómo sus familias sufren por un baño de sangre que nunca debió suceder. También está la meta de encontrar elementos para transformar el campo del sistema de seguridad para que estos hechos principalmente ocurridos durante la guerra no se repitan. El país quiere y merece esas verdades.”, concluyó.
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