Colombia + 20

12 Nov 2022 - 3:10 p. m.

No más dilaciones: las exigencias de víctimas de masacre de El Aro 25 años después

Movilidad y reparación fueron las principales peticiones de las víctimas de la masacre de El Aro de Ituango (Antioquia) a las entidades locales, departamentales y nacionales. En este encuentro conmemoraron los 25 años de la masacre, en la que paramilitares destruyeron el pueblo y la comunidad que habitaba allí.
Silvia Corredor Rodríguez

Silvia Corredor Rodríguez

Redactora Colombia +20
El 12 de noviembre de 1997, dos semanas después de la masacre de El Aro, el Colombiano captó las primeras imágenes de la destrucción causada por las autodefensas. / Cortesía Jesús Abad Colorado.
El 12 de noviembre de 1997, dos semanas después de la masacre de El Aro, el Colombiano captó las primeras imágenes de la destrucción causada por las autodefensas. / Cortesía Jesús Abad Colorado.

El pasado 6 de noviembre en el corregimiento de El Aro, ubicado en las montañas del municipio de Ituango (Antioquia), se realizó la primera Audiencia Pública por la Vida, con la que sus habitantes conmemoraron los hechos ocurridos 25 años atrás, cuando paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) perpetraron una masacre en contra de la comunidad y desplazaron a cientos de personas, dejando casi despoblado el lugar.

“Vamos a conmemorar con mucho dolor pero también con mucha rabia estos 25 años de olvido e injusticias”, resaltó Nubia Ciro Zuleta, socióloga y coordinadora de Agenda Ituango, organizadora del evento. Desde 2020, Agenda Ituango nació como una articulación de la academia, organizaciones sociales, colectivos y medios de prensa alternativos para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos y necesidades insatisfechas del campesinado de Ituango.

Por ello, con esta audiencia buscaron hacerle seguimiento y control a compromisos previos asumidos por el Ministerio de Salud, la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas y Empresas Públicas de Medellín (EPM), este último por afectaciones a la población con el proyecto Hidroituango. Los compromisos son, por ejemplo, la construcción de la vía para acceder a El Aro, la implementación de la medida de reparación en salud, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano en 2006 y la formulación y ejecución del Plan Integral de Reparación Colectiva.

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Pese a que la invitación se hizo directamente a los gerentes, directores o ministros de estas instituciones, todas las entidades invitadas enviaron delegados, que no tenían capacidad de decisión. Esto generó descontento e indignación en la comunidad, pues se sienten cansados de los múltiples incumplimientos de la institucionalidad.

“El Aro era de 10.000 habitantes y ya son si acaso 150. Necesitamos éxito y prosperidad para la comunidad, no necesitamos más fracaso ni pañitos de agua tibia, necesitamos que cumplan”, expresó un habitante del corregimiento durante la audiencia que se realizó en la parroquia San Isidro Labrador, ubicada en el parque central del corregimiento.

Vías, salud y reparación colectiva: las peticiones de las víctimas de El Aro

El corregimiento de El Aro se encuentra al oriente de Ituango, hacia la frontera con el municipio de Valdivia. Esta conexión con el territorio vecino fue clave para que la empresa EPM construyera una vía que conectara Puerto Valdivia e Hidroituango para el transporte de maquinaria y obreros. Es clave recordar que Ituango y Valdivia son dos de los doce municipios de Antioquia ubicados en la zona de influencia de este megaproyecto.

En la mitad de esa vía se encuentra un camino de herradura que conduce a El Aro, por el cual se puede acceder a lomo de mula por las condiciones del terreno. En esta época de invierno se dificulta mucho más, generando niveles de riesgo para quienes transitan por allí. Como El Aro entra en la zona de influencia de Hidroituango y uno de sus caminos sí fue adecuado en pro del megaproyecto, en 2015 la empresa firmó un convenio con la Gobernación de Antioquia para construir una vía de 8 km que conecta el corregimiento con la vía principal de zona de presa y Puerto Valdivia.

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El mal estado del camino de herradura dificulta la movilidad de los campesinos de El Aro y la venta de alimentos producidos en todo el corregimiento. Quienes tienen mulas pueden sacar sus productos de esta forma, pero deben asumir un esfuerzo físico y de distancias para ello. Quienes no tengan estos animales para comercializar sus productos en zonas cercanas o en el casco urbano, deben pagar un flete de 45 mil pesos para alquilar mulas u otro medio de transporte.

“La vía es lo que necesitamos en el corregimiento de El Aro, en este momento hay muchas cosas que nos afectan para ejecutar proyectos por el motivo de no tener la vía”, expresó un habitante de El Aro durante la audiencia.

Esta obra está avalada en 40.000 millones de pesos y por la contingencia de 2018, las labores se suspendieron y hasta el momento no se han retomado. “La empresa no tiene recursos. Por eso, se convocaron entidades para sumar esfuerzos y la única que aceptó fue la Agencia de Renovación del Territorio”, explicó José Miguel García, delegado de EPM durante la audiencia del pasado 6 de noviembre.

En una conversación de Colombia +20 con Nubia Ciro, la socióloga itanguina manifestó que tiene conocimiento de que EPM generó en el último trimestre ingresos de 26 billones de pesos, por lo que no entiende cómo no va a tener recursos para construir la vía en El Aro. Además, Ciro agregó que durante la audiencia acordaron con las comunidades hacer una acción popular para la construcción de la vía y una jornada de veeduría para que se cumplan los compromisos que llevan años pactados, pero sin respuesta.

Al no tener una vía en buen estado, la población tampoco puede acceder a los servicios de salud de la cabecera municipal de Ituango o de otros territorios aledaños, pues en el corregimiento no tienen equipos ni personal capacitado para ello. Esta fue otra de las peticiones durante la audiencia pública, en la que una habitante del corregimiento resaltó las dificultades que viven en términos de salud y la imposibilidad de asistir a citas médicas fuera de El Aro por falta de recursos. “Le dan a uno una cita en Ituango y allá no hay equipos. Lo mandan para Yarumal u otro lugar donde salga la cita y toca esperar a que salga y encima, tener con qué ir”, señaló.

Las personas delegadas del ministerio manifestaron que trabajarán en la posibilidad de aplicar un modelo de salud preventivo que cuente con médicos veredales. Desde la curul de paz del Bajo Cauca, se comprometieron a capacitar a los comités de salud de las Juntas de Acción Comunal para que aporten a la mejora del sistema.

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Para finalizar los puntos de discusión de la agenda, la comunidad resaltó la importancia de avanzar en las actividades de reparación colectiva, a cargo de la Unidad de Atención a Víctimas. Algunas de ellas son conmemoraciones, reparación a través de infraestructura y productividad, prácticas sociales, entre otras.

“¿Cuál es la economía para sostener estos proyectos? Si sacamos producción y no tenemos vía para sacar los productos entonces, ¿cuál es la reparación colectiva? Llevamos 25 años en esto y no ha pasado nada”, resaltó un habitante durante la audiencia.

Ante este reclamo de la población, Natalia Vergara, una de las delegadas de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, respondió que siguen avanzando pero que el alcance es limitado. “Estamos elaborando proyectos y falta el diseño para las obras de infraestructura que están a cargo de los entes territoriales. Se espera aprobar en el primer trimestre del próximo año. El alcance es limitado, no se puede reparar el 100% de lo que era antes de la masacre, estamos cumpliendo desde lo humanamente posible y desde el marco de la ley”.

Para la población, las medidas de reparación colectivas e individuales son urgentes, pues han pasado 25 años y las heridas aún no se han cerrado, el tejido social de la comunidad no se ha podido restaurar y se exige que no se vuelva a repetir un suceso de esta magnitud en su comunidad.

25 años de dolor, olvido e injusticias en El Aro

El 22 de octubre de 1997, por Puerto Valdivia, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ingresaron al corregimiento de El Aro. Su entrada a este lugar fue destruyendo y arrojando al río Cauca una carga de alimentos no perecederos como arroz, enlatados, azúcar, sal y otros víveres para la comunidad.

Durante nueve días, los paramilitares asesinaron a diferentes campesinos de la zona e incluso a un menor de edad llamado Wilmar de Jesús Restrepo Torres. También destruyeron la casa de los habitantes con granadas y la inspección de Policía.

“Llegaron los paramilitares, quemaron el pueblo, mataron algunas personas y al resto los hicieron ir”, se lee en uno de los relatos de habitantes de la zona recopilados en el documento “Soñando la paz”: informe de memoria y resistencias de la pujanza itangüina entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2021 por el Colectivo para la memoria itangüina y el acompañamiento de la Universidad de Antioquia.

Cuatro meses después de este hecho, el 26 de febrero de 1998 el líder y abogado Jesús María Valle Jaramillo interpuso una demanda ante la Fiscalía de Medellín sobre la situación de conflicto que se estaba viviendo en la zona y la arremetida paramilitar vivida. “Mi intención es que cese el terror en mi pueblo, que cese el terror en Antioquia”, se lee en la declaración.

Esta no era la primera vez que Valle Jaramillo denunciaba lo que sucedía en su comunidad, pues el 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el Gobernador de Antioquia de esa época, Álvaro Uribe Vélez, y el Defensor del Pueblo de Medellín para alertar la presencia paramilitar en la región y solicitar protección para la comunidad de todo Ituango.

En contexto: Corte Suprema blinda el derecho de las víctimas en el caso Jesús María Valle y El Aro.

El 27 de febrero de 1997, un día después de realizar la denuncia en la Fiscalía, fue asesinado en su oficina ubicada en el centro de Medellín. Su asesinato y las masacres de El Aro, La Granja y San Roque fueron clasificados como delitos de lesa humanidad por la Corte Suprema de Colombia en 2018, 12 años después de la condena al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos hechos.

Para habitantes como Edilberto Gómez Rueda es clave continuar los procesos de memoria y por eso, fue quien lideró la creación del informe entregado a la JEP desde el Colectivo por la Memoria Itangüina. Con este documento buscaron preservar la memoria de los habitantes de sus municipios, recolectar los relatos y experiencias con el conflicto armado y los aportes que han realizado para construir paz en su territorio. Además, la JEP también recibió un análisis de prensa realizado por investigadores locales y una base de datos que contiene la caracterización de las víctimas de la zona.

Aunque han pasado 25 años y este suceso sigue atravesando la vida de los habitantes de Ituango, muchos de los cuales padecen aún el conflicto que se vive en la zona, continúan soñando con alcanzar la paz y que la institucionalidad y el Estado cumplan con los compromisos para repararlos.

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