Tras 28 años, víctimas de la masacre de Puerto Patiño siguen exigiendo justicia

Las víctimas de las masacres del sur del Cesar llevan casi tres décadas pidiendo que se esclarezcan los hechos y se les repare.

Foto: Comisión Colombiana de Juristas

Cuando Eladia Galván Urquijo se convirtió en madre soltera, el primero en respaldarla fue su hermano José Trinidad. Le dijo que no se preocupara, que le ayudaría con sus hijos y, mientras él estuviera, no les faltaría nada. Unos años antes, José Trinidad dejó de lado el sueño de estudiar para ayudarles a sus padres. Era un hombre entregado a su familia que se ganaba la vida pescando en las aguas del sur del Cesar. Pero todo cambió el 15 de enero de 1995.

Ese día, hace exactamente 28 años, un grupo de 40 hombres armados -unos, vestidos con prendas de las fuerzas militares, otros, en traje de civil- irrumpieron en dos bares del corregimiento de Puerto Patiño, en el municipio Aguachica, Cesar. Los verdugos les ordenaron a los clientes tirarse al suelo, identificaron a ocho personas a las que tildaron de ser guerrilleras y se las llevaron.

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Horas después, los pobladores iniciaron la búsqueda de sus vecinos y encontraron sus cadáveres con impactos de bala cerca de una quebrada. Todos, excepto el de José Trinidad Galván Urquijo, quien aún continúa desaparecido.

Este domingo 15 de enero de 2023, los familiares de las víctimas y la comunidad se reunieron en el cementerio del pueblo para hacer un acto simbólico en conmemoración a sus muertos y para exigir, como lo han hecho durante casi tres décadas, que se limpien sus nombres, que se sepa la verdad de lo que pasó, se establezca quiénes fueron todos los responsables de la masacre de Puerto Patiño y que se les repare por el daño causado.

“Nuestras familias hemos venido luchando para encontrar la verdad y que se haga justicia. Esa masacre acabó con la paz y la tranquilidad de todos, y a veces nos ponemos a pensar: ¿Qué es lo que espera el estado? ¿que todos nos muramos para decir ‘ya tienen su reparaciòn’? Eso es lo que se está viendo. Ya han sido muchos los que han partido de este mundo, que nunca vieron nada, nunca supieron la verdad ni los repararon”, dice Eladia Galván.

Las víctimas de la masacre fueron Jesús Ropero Contreras, de 22 años; Jhon Hoimar Beltrán Galván, de 20; Elibardo Montalvo Pérez, de 26 años; Miguel Ángel Cáceres Padilla, de 28; Fernando López Osorio, de 21; Giovanni Pérez Guzmán, de 29; Lorenzo Padilla Pedroza, de 36 años, y José Trinidad Galván Urquijo, de 23. Todos eran pescadores de la región.

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Para Sebastián Saavedra, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) que representa a algunas de las víctimas, los hechos de Puerto Patiño están conectados geográficamente y por el modus operandi a otra serie de actividades violentas que evidencian presuntas alianzas de paramilitares con miembros de la Fuerza Pública.

De hecho, en 2022 la CCJ les entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad informes en los que detalla las masacres de Puerto Patiño y el Marqués, en el sur del Cesar, entre 1994 y 1995.

En el caso del poblado El Marqués, ubicado en Río de Oro, uno de los documentos expone cómo se dieron los asesinatos de los campesinos Simón Rojas Guerrero, Miguel Antonio Barbosa García y Juan Albeiro Carrascal Sánchez, el 27 de marzo de 1994, a manos de 20 hombres encapuchados que se identificaron como paramilitares. Luego, el 29 y 30 de junio de ese año, los ‘paras’ asesinaron a cuatro pobladores: Dimas José Bermúdez, Germán Bermúdez Ruiz, Ciro Alfonso Cruz y Ramón de Jesús Torres Carrascal.

Las tres masacres fueron incluidas en la sentencia dictada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en contra de los integrantes del frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra (denominado así luego de la desmovilización de las Auc en 2006, pero conocido como el grupo de “los Pradas” para la época de los hechos).

Reparación, en veremos

Aunque la sentencia ordenó varias medidas de reparación colectivas e individuales para las víctimas de Puerto Patiño y El Marqués, ellas y sus representantes aseguran que no se han cumplido a cabalidad, a pesar de los recursos que se han presentado para que las ejecuten.

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De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya admitió el caso para su estudio, ante la presunta falta de garantías del Estado colombiano para dar respuesta a las víctimas.

“Hay medidas como la realización de actos de perdón y la implementación de actividades de búsqueda de la persona que continúa desaparecida, pero también hay otras que son más estructurales, por ejemplo, la disposición de medidas de atención pscicosocial para la población o la adecuación de puestos de salud, espacios recreativos y de deporte. Eso supone la entrada del Estado a estas veredas, que son muy apartadas. Por eso también es importante que las entidades den respuesta e implementen la sentencia, porque con esas medidas además de reparar a las víctimas de esos hechos, se logra garantizar derechos básicos que debería tener esa población”, dice Saavedra.

Víctimas esperan que más responsables sean condenados

Por estas tres masacres fueron condenados los paramilitares Fredy Ramiro Pedraza Gómez, Roberto Prada Delgado y Rafael Emilio Ramírez Hernández. No obstante, en el punto resolutivo 78 de la sentencia se le ordenó a la Fiscalía esclarecer la participación del paramilitar Jesús Pacheco Carpio y el mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel, quien para 1994 ostentaba el puesto de comandante del puesto de mando Aguachica, dentro del Batallón de Infantería No. 15.

“Lázaro Vergel fue vinculado en el caso de Puerto Patiño y luego desvinculado. Sin embargo, los testimonios e información que hemos recogido dan cuenta de su presunta participación también en las masacres de El Marqués, y esperamos que se determine su responsabilidad en esos hechos”, dice el abogado de la CCJ.

Además del oficial, en los informes entregados a la JEP y la Comisión de la Verdad se exponen los perfiles de otros miembros del Ejército que presuntamente habrían participado en las masacres y no han sido procesados, como el teniente Félix Roberto Suárez Rodríguez, el suboficial Simón Medina Murcia y el sargento José David Cano Murillo.

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La CCJ también señala como presuntos responsables a paramilitares como Juan Francisco Prada Márquez (Juancho Prada), Alfredo Ballena (Rancho), Carlos García Barrera (Veneno), Alberto Pérez Avendaño (Ramoncito), Alfredo García Tarazona, Audilio Barrientos Barbao, Ciro Pacheco Carrascal, Fabio Herrera Vergel, Felipe García Velandia, entre otros

Para pedir cuentas sobre la implementación de estas órdenes, el Juzgado Penal del Circuito con función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional citó a una audiencia de seguimiento entre el 20 y 21 de abril de 2023.

Las víctimas esperan que la diligencia sirva para que, por fin, puedan empezar a encontrar verdad, justicia y reparación por los asesinatos de sus familiares y la cadena de desplazamientos y hechos de violencia que tuvieron que enfrentar tras las masacres.