El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, principal figura de la oposición y cabeza de lista del Centro Democrático, sacudió de nuevo el escenario político colombiano.
Más allá de la condena generalizada, dos voces con un peso histórico en el proceso de paz —Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, principales negociadores del Gobierno en La Habana— emitieron una carta conjunta este martes en la que calificaron el crimen como “cobarde y doloroso” y advirtieron que se trata de “un durísimo golpe” al espíritu y a las garantías consagradas en el Acuerdo de Paz de 2016.
“Como colombianos, condenamos de la manera más enérgica el cobarde y doloroso asesinato del senador de la República y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y extendemos a su admirable familia y a su partido toda nuestra solidaridad”, escribieron. Para los exnegociadores, la gravedad del hecho radica en que Uribe no solo era un líder político, sino también “la cabeza de la oposición política en Colombia”, y su asesinato “es también un durísimo golpe al Acuerdo de Paz de 2016”.
De la Calle y Jaramillo recordaron que uno de los principios esenciales del Acuerdo fue romper el vínculo entre política y armas.
“Eso supuso, por una parte, el desarme de las FARC y su tránsito a la vida civil en el marco de un acuerdo que deja sin piso cualquier noción de lucha armada. Y por la otra, como dice el Acuerdo, que en un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política, y en particular unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”.
En ese marco, destacaron la aprobación en 2018, tras 27 años de intentos fallidos, del Estatuto de Garantías para la Oposición Política (Ley 1909), tramitado por “fast track” como parte de la implementación del Acuerdo. “Es gracias al Estatuto que hoy en Colombia partidos declarados de oposición adquirieron derechos como disponer de los mismos medios que el Presidente de la República para responder a su intervención en la instalación del Congreso o asumir de forma automática cuando no ganan las elecciones una curul en Senado, Cámara, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales y Distritales”, recordaron.
Pero para los firmantes, ningún derecho es más importante que la protección física de los opositores. “Por eso el Estatuto establece ‘programas de protección y seguridad para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición’, en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que crea el Acuerdo de Paz y que fue reglamentado por el Decreto 895 de 2017”, puntualizaron. También subrayaron que el Acuerdo exige “la promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización” para garantizar el respeto a quienes ejercen oposición. “Estas no pueden seguir siendo palabras sin sentido”, advirtieron.
La carta es crítica con el actual Gobierno y dice que el presidente Gustavo Petro ha tenido una actitud de “desdén e indiferencia”.
“La actitud del presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad ha sido la misma que ha tenido frente a todo el Acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”, señalaron. Acusaron, además, que el alto comisionado de Paz ha admitido un “divorcio” interno en el Ejecutivo y que la responsabilidad de implementar el sistema ha quedado en manos de “un funcionario de tercer nivel”.
Sobre las primeras hipótesis que apuntan a la Segunda Marquetalia como responsable del crimen, De la Calle y Jaramillo advirtieron: “Veremos toda la dimensión de esta terrible equivocación. Que les caiga todo el peso de la ley”. Para ellos, la estrategia de sentarse con grupos armados “sin unos propósitos y métodos claros y sin un marco legal” ha terminado empoderando a las bandas y disidencias, en lugar de garantizar paz y seguridad.
En su reflexión final, recurrieron a un ejemplo internacional: “La bomba más mortífera del conflicto de Irlanda del Norte la detonó una disidencia del IRA cuatro meses después de la firma del Acuerdo de Viernes Santo. Pero el gobierno británico persistió de altibajo en altibajo hasta que luego de casi una década logró que se asentara algo parecido a la paz”.
Y agregaron: “La historia de Colombia no tiene por qué repetirse si el Gobierno hace lo que tiene que hacer. Es imperativo que se tome en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz”.
El mensaje concluye con un homenaje personal: “Miguel Uribe fue un fiel y brillante opositor, entregado a la cosa pública, y un demócrata. Paz en su tumba”.
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