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Las obras del Museo Nacional de la Memoria volverán a ponerse en marcha después de tres años de parálisis marcados por problemas contractuales, disputas judiciales y falta de recursos. El proyecto —concebido como uno de los principales espacios para narrar el conflicto armado colombiano— entrará en una nueva fase que busca, al menos, abrir parcialmente el edificio al público finalizando el primer trimestre del 2027, y toda la obra en 2029.
El plan ahora es poner en funcionamiento una parte del edificio que se alza sobre la carrera 30 con avenida Las Américas en Bogotá, mientras continúa la construcción del resto. Con los recursos disponibles se desarrollará una primera fase que permitirá adecuar 5.277 metros cuadrados, cerca de un tercio del museo, suficientes para habilitar algunas salas y áreas operativas y permitir que el espacio empiece a recibir visitantes.
“No queríamos retomar la obra en desorden. Porque seguramente, si yo soy arquitecta, entonces sé cuando una obra está en desorden que tiene todos unos obstáculos que no queríamos volver a tener. Yo sé que eso creó una gran tensión, tanto en la población víctima, pero sobre todo en lo mediático: ‘que se estaba cayendo el edificio, que se estaba inundando, que culturalmente tenía deficiencias’. Nada de eso es cierto (...) Ya estamos listos, retomando. Aquí están representantes del consorcio memorial, quienes están a cargo de la obra”, señaló María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica -entidad que custodia el Museo-, desde las instalaciones de la obra.
La primera etapa de la que se denomina la Fase II -la Fase I es lo que está hecho hasta ahora- contempla terminar el vestíbulo principal, donde estarán los espacios de recepción de visitantes, tienda y cafetería, además de zonas exteriores de acceso. También se habilitará una primera sala de exposiciones, un espacio denominado “Voces para transformar Colombia”, y áreas destinadas a actividades públicas.
Además, en el sótano se adecuará parte de los parqueaderos, así como zonas técnicas necesarias para el funcionamiento del edificio y bodegas para resguardar colecciones.
En el segundo piso se construirá otra sala de exposición y un conjunto de oficinas que permitirá que el equipo del museo empiece a trabajar desde el edificio. La idea es que ese conjunto mínimo de espacios permita poner en servicio una parte del proyecto mientras continúan las obras del resto del complejo.
“En esta segunda fase de contratación y reactivación de la obra se va a habilitar, en el primer nivel todo lo que tiene que ver con el café para la paz, el muro para las personas víctimas de desaparición forzada, las constelaciones de la memoria, la operación funcional del museo, el punto de información, la biblioteca del Centro Nacional de Memoria Histórica”, explicó Adriana González, directora del Museo de la Memoria.
Y agregó: “En el segundo nivel, la primera sala se llamará conflicto. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Vamos a poder contar toda la línea de tiempo, desde los finales de los años 30, de qué pasó con la reforma y contrarreforma agraria, qué ha pasado con el surgimiento de los distintos grupos armados organizados, ¿dónde entró el narcotráfico? ¿Qué ha pasado con el asesinato de líderes y lideresas en el país? Iremos contando narrativamente, hasta el 2016, todo lo que ha venido surgiendo en este conflicto".
Para lograrlo, el proyecto consiguió una nueva inyección de recursos. Para 2025 ya están asignados COP 21.000 millones, que se suman a recursos disponibles del proyecto y permiten reunir una bolsa cercana a COP 37.000 millones para reactivar las obras. Para 2026 se esperan otros COP 29 mil millones. Según González, el costo total de la construcción estaría sobre los COP 100 mil millones.
El contrato de obra de cerca de 14.000 metros cuadrados quedó en manos del Consorcio Memorial, integrado por constructora Ossa López S.A.S. Telval S.A.S. y Bernardo Ancízar Ossa López.
Otro paso que destrabó el proyecto fue la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de levantar las medidas cautelares que tenía la exposición “Voces para transformar Colombia”. Esas medidas se habían dictado años atrás después de que organizaciones de víctimas alertaran sobre el riesgo de que el museo avanzara en su guion y contenidos sin garantizar su participación ni la pluralidad de memorias sobre el conflicto armado.
Esa exposición tendrá su propio espacio, y, según el Centro de Memoria, será la base para el guion de todo el museo cuyo documento está en trámite de ser aprobado por las organizaciones sociales.
“Ya tenemos plan y guion museológico actualizado. Los guiones entramos en procesos de validación con las organizaciones de víctimas. Ya hay todo un proceso un proceso. Estamos implementando y desarrollando la metodología para arrancar en el territorio. Con esos guiones validados, de los seis espacios principales, que es donde van, vamos a tener todas las narrativas, que no son solamente espacios experienciales. Es el inicio para entregarle al siguiente gobierno, acá está la narrativa del Centro, y así, en la medida de los recursos, se empiezan a habilitar parcialmente los sectores del museo”, dijo a este diario la González.
¿Hay problemas de sismorresistencia?
El otro lunar del proceso fue un informe de 2023 realizado por Ana María Trujillo, quien fue la directora encargada del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) luego de la salida de Darío Acevedo y antes de que llegara la directora actual, María Gaitán. en el que sostenía que los muros del Museo estarían construidos sin cumplir los requisitos de sismorresistencia que exige la reglamentación colombiana.
En un apartado titulado Comentarios y alertas a la construcción del proyecto Museo de Memoria de Colombia, el informe dirigido a la nueva dirección recomienda: “Reiterar la posición del Centro Nacional de Memoria Histórica al respecto de la mala calidad de los concretos arquitectónicos a la vista que están ejecutando en el proyecto de obra civil del Museo de Memoria de Colombia en fachada, placa del umbral y muros interiores”.
Por medio de correo electrónico el día 7 de septiembre del 2022, se comunica a la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM) que las evidencias de los defectos constructivos observados en obra muestran que existen muros en todos los niveles del proyecto en los cuales el desplazamiento del aligeramiento durante el vaciado ha producido secciones con recubrimientos por fuera de los límites de tolerancia, y secciones transversales muy diferentes a las consideradas en el diseño estructural”.
Allí mismo se lee que esos defectos en los muros “producen cambios importantes en el comportamiento y resistencia de la sección (…) sobrepasando los límites de tolerancia y comprometiendo el desempeño mecánico de la misma”.
Sobre esto, la director Gaitán le respondió a este diario: “No conozco ese informe Es muy raro porque esto nunca ha tenido problemas de sismorresistencia y ella (Trujillo) no es la persona que tiene que publicar el informe, sino la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, entonces me extraña. Jamás ha tenido problemas de sismorrresistencia. Eso hace parte de las ondas mediáticas que han intoxicado la evolución de la obra del Museo de Memoria de Colombia y no le compete a nadie del Centro Nacional de Memoria Histórica emitir un concepto técnico de obra. Eso le compete al ANIM".
Los problemas jurídicos del Museo
La reactivación de las obras llega ahora con la apuesta de avanzar por fases y abrir el museo gradualmente mientras se consiguen los recursos para completar el edificio. La iniciativa es impulsada por la actual dirección del Museo de la Memoria que logró destrabar un proyecto que lleva casi una década entre ajustes presupuestales, retrasos y litigios.
El camino para llegar a esta nueva fase ha sido largo. La construcción del museo quedó en manos de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, entidad encargada de ejecutar grandes proyectos de infraestructura del Estado.
El diseño del edificio surgió de un concurso arquitectónico organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Sin embargo, desde el comienzo el proyecto arrastró un problema estructural: el presupuesto aprobado por el Estado fue mucho menor que el costo estimado del diseño ganador, lo que obligó a recortar partes del proyecto para ajustarlo a los recursos disponibles.
La construcción fue adjudicada en 2020 a la firma española OHLA por unos 64.000 millones de pesos. Pero la obra acumuló retrasos desde el inicio y el contrato venció en octubre de 2022 cuando el proyecto apenas superaba la mitad de avance.
Tras el cierre del contrato comenzó una disputa judicial. La empresa demandó al proyecto por cerca de 23.000 millones de pesos, argumentando problemas con los diseños y la ejecución del contrato.
“¿Qué fue lo primero que se hizo con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM, entidad encargada de ejecutar grandes proyectos de infraestructura del Estado.)? El cierre legal y financiero para entender cuánto, a partir del incumplimiento declarado por la ANIM, a OHLA, a partir de ese momento, cuánto nos costaba reactivar nuevamente el proyecto. La cifra, alrededor casi de los cien mil millones de pesos, y iniciamos con un nuevo proyecto de inversión, vigencias veinticinco, veintiséis y veintisiete. ”
A su vez, la Agencia Nacional Inmobiliaria presentó una contrademanda por unos 55.000 millones, alegando incumplimientos y fallas en la calidad de la obra. Ambos procesos siguen en curso y podrían tardar años en resolverse.
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