El pasado 2 de mayo, la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación reportó en su página web como un logro de gestión que, por primera vez, más de 500 familias de zonas rurales del Cesar tendrían energía eléctrica gracias a la instalación de paneles solares en varias veredas del municipio de Becerril. Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, asistió a la entrega del proyecto y explicó que esa obra había sido posible gracias a los recursos de Ocad-Paz, órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar y aprobar proyectos de inversión financiados con esos recursos que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz.
El contrato se dio, pese a que desde diciembre de 2020 la Presidencia de la República, la Procuraduría, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Cesar y la Personería y Alcaldía de Becerril venían siendo alertados de irregularidades en esa contratación. En junio de 2021, las denuncias se extendieron hasta la Fiscalía, Contraloría y Defensoría. Aun así, la licitación se celebró por más de $10.000 millones y quedó en manos de los contratistas Elier Jovanny Martínez Martínez, de la Unión Temporal Energía 2020, y James Martínez Gallego, de Proinges S.A.S. El primero es cuestionado por la Contraloría por pertenecer al cartel de los paneles solares y el segundo tiene investigaciones por posible responsabilidad fiscal en contratos similares en otros municipios.
La Unión Temporal Energía 2020, creada para participar del proceso de licitación, fue constituida el 3 de diciembre de 2020, quince días después de que la Alcaldía de Becerril (Cesar) publicara en el SECOP 1 el proceso de licitación obra pública LP-005-2020. Las empresas que participan de esa UT son Baz Marine Services S.A., una empresa mexicana con filial en Barranquilla desde noviembre de 2020, cuyo apoderado legal en Colombia es Juan Pablo Ballestas Juliao; Diseléctricos S.A.S., cuyo representante legal es, precisamente, Elier Jovanny Martínez, el mismo que representa de forma general toda la UT, y Esco-Compañía de Servicios Energéticos S.A.S., en cabeza de Saúl Samuel Sandoval Arraut.
El 28 de junio pasado, antes de que se conociera el escándalo de los recursos de la paz revelado por Blu Radio, la Contraloría ya había advertido que en ocho de nueve proyectos auditados de paneles solares las empresas que habrían ganado el contrato serían las mismas, pero camufladas en distintas uniones temporales que crearon para participar en cuantiosos contratos en Dibulla, Fonseca, Urumita (La Guajira) y en La Paz, Pueblo Bello, Becerril y Codazzi (Cesar). El ente de control también determinó que habrían incurrido en sobrecostos en todos estos proyectos de energía renovable.
Por el caso de Becerril (Cesar), Colombia+20 conoció un derecho de petición de junio de 2021 que enviaron los gobernadores de los resguardos indígenas Rosario, Bellavista, Yukatán (municipio de La Paz), Iroka (Agustín Codazzi) y Sokorhpa (Becerril) a todos los entes de control mencionados con la referencia: “Denuncia corrupción” por el proyecto de los paneles solares, advirtiendo que “dicho proyecto nunca fue socializado ni consultado de manera formal con la comunidad del resguardo Sokorhpa (uno de los beneficiarios) y mucho menos ha sido priorizado por nuestra comunidad. El proyecto en mención no refleja nuestras necesidades. Nuestra prioridad más apremiante es la vía estación Roncón - asentamiento Sokorhpa”.
(Vea: Las alertas que recibió el gobierno en el escándalo del Ocad-Paz)
En ese documento, las autoridades indígenas especifican que su resguardo hace parte del territorio PDET de la Serranía del Perijá y que el proyecto que desarrollaron salió de la cartera del Ocad-Paz; es decir, que todos los proyectos aprobados por esa cartera debieron pasar por la aprobación y el consenso de las comunidades beneficiadas, como lo determinó el Ministerio del Interior.
El 19 de julio pasado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) respondió a este derecho de petición asegurando que varios actores institucionales, entre ellos las autoridades indígenas, debían definir los proyectos de inversión de esta cartera. Al responder esta petición, la entidad confirmó que conocieron las denuncias que hizo la comunidad al haber violado el mecanismo de consulta previa. Sin embargo, la oficina de prensa del DNP aseguró sobre ese contrato: “Hicimos un reporte a organismos de control por ausencia de requisitos de contratación. Importante aclarar que sobre la ejecución no tenemos ninguna alerta”. Esto, a pesar de que en el derecho de petición en poder del diario se lee: “Como pueblo yukpa, vemos con sorpresa cómo el contratista da avances de obra cuando ni siquiera ha iniciado”. Esta alerta fue enviada el 25 de junio de 2021, en plena ejecución.
Sobre la petición de los gobernadores de entregar las actas de consulta previa realizadas para el desarrollo de este proyecto, el DNP no se pronunció ni envió dichas constancias. En los documentos adjuntos en el SECOP tampoco hay ninguno relacionado con estos procesos con comunidades étnicas. Raúl Machado, alcalde de Becerril, fue quien firmó, dio el visto bueno y adjudicó los contratos de esta obra PDET.
Según James Martínez Gallego, interventor de ese contrato, “el alcalde nos entregó la lista de las personas beneficiadas (541 paneles para beneficiar 2.582 personas) y allí no había nadie que perteneciera a una comunidad indígena. Por eso nunca hubo consulta previa. Tampoco conocemos dicho derecho de petición del resguardo”. Por su parte, la gobernadora indígena Esneda Saavedra Restrepo, del resguardo Sokorhpa, confirmó que la comunidad indígena que dirige sí recibió los paneles solares. Este diario intentó comunicarse con Raúl Machado, alcalde de Becerril, pero hasta el cierre de esta edición no había contestado a los mensajes, correos ni llamadas.
Las advertencias que la alcaldía no escuchó
Cristian Amilkar Jiménez, representante legal de la empresa Obair Electric S.A.S., fue el primero en solicitar que esta licitación fuera revocada, porque no cumplía con todos los requisitos de contratación pública ni dejaba garantías para los proponentes. Una de las observaciones que hizo, el 21 de diciembre de 2020, es que los estudios previos poblacionales no se hicieron con la población total rural de Becerril. “Se realizó un diagnóstico en el que se toman como referencia la población de los corregimientos de Estados Unidos y La Guajirita, pero no se hizo la caracterización de quienes sí iban a ser los beneficiarios”, se lee en los documentos.
Amilkar también advirtió que apenas hubo nueve días hábiles para hacer observaciones técnicas a la propuesta (la norma ordena que sean diez días). Algunas de las observaciones que Obair Electric S.A.S. iba hacer a la licitación estaban relacionadas con la inviabilidad de instalar paneles eléctricos sin que la administración municipal garantizara la empresa que les haría mantenimientos, además de cuestionar que la celebración de dicho contrato no estaba planeado en el plan de adquisiciones del municipio en 2020.
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También hablaron sobre irregularidades en los presupuestos que planteaba la licitación, además de asegurar que había un requisito para los contratantes que no era legal. “Una entidad estatal no puede rechazar una oferta porque el oferente no está inscrito en el Código de Clasificador de Bienes y Servicios del Objeto de Contratación (…) Esta clasificación del proponente no es un requisito habilitante, sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compra Pública”.
Arnulfo Molina Polo, el coordinador ejecutivo de la Veeduría Ciudadana contra la corrupción del Cesar también envió una carta en diciembre de 2020 para hacer un proceso de seguimiento de los oferentes a este contrato por posibles irregularidades sobre las que ya había denuncias. En diálogo con este diario aseguró que “ese fue uno de los contratos que se robaron en el departamento del fondo Ocad-Paz”.
El cuestionado interventor
Por este caso, la Contraloría ha puesto el ojo únicamente sobre los ejecutores del contrato, pero El Espectador conoció que el interventor de este proyecto, la empresa Proinges S.A.S., en cabeza de Martínez Gallego, también es un contratista recurrente del Estado, pues ha tenido por lo menos trece contratos como interventor en nueve departamentos del país en cuatro años y medio, que suman más de $5.500 millones. Su labor como interventor es como la de un consultor: se encarga de prestar un servicio de verificación para que el contrato se ejecute correctamente. “Nosotros no ponemos ni un tornillo, ni una tuerca, prestamos servicios, verificamos actas, acompañamos las etapas previas del proceso y nos aseguramos que se cumpla”, explicó el mismo James Martínez Gallego, en respuesta a este diario.
Sus interventorías han llegado hasta el Chocó, Cesar, Bolívar, Arauca, Atlántico, La Guajira, Magdalena, la isla de Providencia y Bogotá (contrato con el Ministerio de Minas y Energía) y han costado desde $39 millones por cinco meses de trabajo hasta $1.192 millones por un contrato que firmó el 3 de mayo de 2021 y culminó el 3 de junio pasado (duró trece meses) con el fin de hacer una auditoría técnica ambiental administrativa y financiera de un contrato de instalación de paneles solares en municipios de zona bananera como Tenerife, Retén, Chiboló y Pueblo Viejo (Magdalena). “Tenemos experiencia en procesos fotovoltaicos y por eso hemos cerrado bastantes proyectos de estos en el país, sobre todo en la Costa”, aseguró Martínez.
En dos de esos contratos en los que participó hubo investigaciones por responsabilidad fiscal en la Contraloría. El primero fue abierto en mayo de 2021 por un contrato en un municipio del PDET Sur de Bolívar por la construcción de infraestructura eléctrica para las comunidades de Llano Grande y Humaderita, en julio de 2016 (en zona rural del municipio de Simití, Bolívar) que costó más de $1.500 millones. James Martínez Gallego fungió como interventor de este contrato por tres meses, por un valor de $111,9 millones. La Contraloría abrió el proceso advirtiendo sobre “fallas en la supervisión” por parte del interventor al contratista, entre otras irregularidades. El ente de control confirmó a este diario que, aunque el proceso quedó archivado, no se emitió ningún fallo definitivo y podría reabrirse la investigación.
“En la revisión técnica realizada al sitio de la obra, esta no se encuentra concluida y no está prestando un servicio a la comunidad”, se lee en el documento. El ente de control también aseguró que “el interventor no veló por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, contempladas en el contrato y sus anexos”. En el documento explican que el contrato tuvo suspensiones en la construcción por más de seis meses y que, a pesar de ello, “no consta ninguna ampliación de la garantía suscrita desde el amparo del inicio del contrato; en ese sentido, el interventor incumplió con el deber real de cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de 2011″.
Por este mismo caso, la Procuraduría de Barrancabermeja abrió una investigación disciplinaria, el 22 de marzo de 2022, en contra del alcalde de Simití, el secretario de Planeación de ese municipio, el representante legal del consorcio que ejecutó el contrato y Martínez Gallego, como interventor.
Por este caso, James Martínez respondió que “el proyecto, inicialmente, tuvo una estructuración errada. Nosotros lo reestructuramos, lo acreditamos nuevamente al operador de red, pero además eso se realizó en una zona compleja en materia de conflicto armado por la presencia de actores ilegales, además de ser una zona lluviosa. Luego se metió la pandemia, entonces cuando la Contraloría fue a hacer la verificación el proyecto no se había terminado. Por eso se levantaron unos pliegos que ya fueron resueltos”.
El segundo contrato investigado -y fallado con responsabilidad fiscal- por la Contraloría se celebró en la isla de Providencia, en junio de 2014, para la asesoría en la elaboración de estudios previos y diseños para la reconstrucción del Fuerte la Libertad en esa isla por un valor superior a los $2.300 millones. Sin embargo, el contrato de interventoría se materializó trece meses después de que ya había iniciado la asesoría.
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Fue en octubre de 2015 cuando James Martínez encabezó la Unión Temporal Proisen (entre las empresas Proinges S.A.S. y Sentel Ltda.), fungió como interventor del contrato y cobró $209 millones por ese servicio que duró poco más de dos meses (que estaba planificado para durar seis meses). Tras 67 días de que comenzara el contrato de interventoría emitieron su concepto positivo sobre el contrato que supervisaron.
Según la Contraloría, el alcalde de Providencia y Santa Catalina, su entonces secretario de Gobierno y el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos habrían incurrido en un daño fiscal de recursos públicos por un desfalco de $109 millones, dado que los estudios iniciales del proyecto contemplaban que el servicio de interventoría tuviera una duración de seis meses (por los que se pagarían $229 millones). Sin embargo, la Unión Temporal en cabeza de James Martínez prestó ese servicio durante apenas 67 días.
“Se evidencia una lesión al patrimonio público por la falta de racionalidad y proporcionalidad de los recursos (…) toda vez que el valor presupuestado para el contrato —que debía durar seis meses— era de ($229 millones), pero el contrato se liquidó a los 67 días. No se recalculó el valor del contrato de interventoría”, se lee en el documento.
Aunque el representante legal de esa Unión Temporal fue James Martínez Gallego, sobre estos cuestionamientos aseguró que “el que manejó todo fue la empresa Sentel LTDA, ellos se encargaron de cerrarlo, yo no tengo información”.
El cartel de los paneles solares
En la alerta de la Contraloría del pasado 28 de junio se advirtió de la presencia de tres empresas que consolidarían el ‘cartel’ de los paneles solares que operaban cobrando un impuesto de obras civiles llamado AIU (que tiene como finalidad cubrir los gastos por altos riesgos) por un porcentaje del 30 % del contrato, aun cuando la mayor parte de las licitaciones era el suministro de implementos para la obra. Según una ingeniera civil consultada, la irregularidad se traduce en que siendo contratos con riesgo mínimo se cobró un porcentaje muy alto.
“Lo que más llamó la atención fue que los ocho proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas, configurándose una posible malla contractual, con el mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios camuflada en distintas uniones temporales”, dijo el ente de control.
Según la Contraloría hay 12 hallazgos fiscales por un valor superior a los $67 mil millones, de los cuales nueve son del sector de Minas y Energía relacionados, precisamente, con la implementación de paneles solares en distintas zonas del país. En el caso, por ejemplo, de Elier Jovanny Martínez Martínez ya había participado como representante legal de otra Unión Temporal llamada “Energías de la Sierra Nevada”, en la que participó para implementar otro sistema de paneles solares en el municipio de Pueblo Bello.
Además, la Contraloría relaciona la empresa Diselectricos S.A.S en la que es representante legal como contratista de otros proyectos de energía solar en La Paz, Pueblo Bello y Agustín Codazzi, además de Becerril. En cada una con participación de entre 30 % y 40 % en los valores de los contratos. También está Esco-Compañía de Servicios Energéticos S.A.S., representada por Saúl Samuel Sandoval, con la que licitaron seis de estos contratos.
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La empresa Baz Marine Services S.A. es otra de las que integran el cartel, pues participó también en seis de los nueve proyectos de energía solar en municipios PDET. Juan Pablo Ballestas Juliao, representante legal, aparece como representante del Grupo Baz Colombia, filial de Bazoil S.A., compañía panameña. También perteneció a la empresa Blastinaval de México S.A. (ahora Blastinaval Colombia), empresa que terminó con “múltiples órdenes de embargo registradas en su calidad de contratista” cuando trabajó en alianza con Ecopetrol, según la Superintendencia de Sociedades.
