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Hace un año, la fuerza pública irrumpió en el corazón del cañón del Micay con la Operación Perseo, la ofensiva con la que el Gobierno de Gustavo Petro buscó recuperar el control de El Plateado, un corregimiento de Argelia, en el Cauca, que se había convertido en el bastión de la disidencia de Iván Mordisco conocida como Estado Mayor Central (EMC).
El sábado 12 de octubre de 2024 circularon las imágenes de los combates y el avance de 1.200 uniformados del Ejército entre las montañas, en su totalidad llenas de cultivos de coca, tomadas por el frente Carlos Patiño del EMC, hasta instalar tropas permanentes en el casco urbano.
Un año después, los soldados siguen patrullando las calles, pero fuera del corregimiento el mapa apenas cambió: el resto del cañón continúa bajo dominio de ese frente, mientras nuevos actores —el ELN y grupos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), antes la Segunda Marquetalia y hoy en diálogos de paz con el Gobierno— se abren paso en los vacíos que dejó la ofensiva.
La muestra más real de lo que ocurrió con esa toma del Gobierno —que incluía no solo un poder militar, sino cambios sociales, programas, educación y salud (no se puede olvidar que varios ministros con chalecos antibalas se acercaron a la comunidad para escuchar sus quejas y ofrecer soluciones)— es el hospital que fue anunciado como el primer símbolo tangible de la “transformación estatal” en el corregimiento.
Un año después, la obra avanza, pero a paso lento: el terreno está cercado, hay estructuras en pie y obreros que trabajan por tramos, pero el edificio aún no supera el 40 % de ejecución. Las varillas y los muros a medio levantar —como se ve en las fotos recientes— contrastan con los anuncios de hace un año, cuando el Gobierno prometió un hospital moderno como prueba de la llegada integral del Estado.
Hoy, lo que hay es un campamento médico temporal mientras se termina la edificación. “El hospital de campaña se cambió a un lugar más seguro y sigue funcionando, pero los proyectos grandes enfrentan intereses políticos y resistencia”, dijo a Colombia+20 Kevin Arcos, presidente de la junta de acción comunal de El Plateado.
El control del Ejército en El Plateado solo llega hasta La Hacienda, casi un caserío, a unos 30 minutos en la vía hacia El Tambo. Desde ahí hacia lugares como San Juan de Mechengue, Honduras y Huisitó, la presencia armada sigue siendo del frente Carlos Patiño.
“El control militar lo tiene hoy el Ejército, pero solo en la zona urbana y hasta La Hacienda. El resto de veredas sigue bajo influencia del grupo armado. Que haya tropa no significa que no haya riesgo”, resume Jhonnatan Patiño, líder local y exalcalde del municipio de Argelia, que cobija a El Plateado.
Aunque los habitantes, afirman que en algunas ocasiones, hombres armados han aprovechado las noches para volver a cobrar cuotas a los comerciantes, también reconocen que varios pobladores han podido volver a sus casas y que los casos de extorsión han disminuido.
El repliegue del frente Carlos Patiño por Perseo no significó su derrota, sino una reconfiguración táctica. Los grupos se desplazaron a zonas del cañón. Allí también se han instalado pequeñas células del ELN y frentes de la CNEB, lo que ha fragmentado aún más la disputa territorial.
En las zonas de Santa Clara, El Pinche y los límites con López de Micay, las comunidades reportan la llegada de hombres armados con brazaletes diferentes, que imponen normas y recaudan “impuestos” bajo nuevos nombres.
Esa expansión ha generado roces entre los propios grupos, que se reparten veredas y corredores sin un dominio claro, mientras el Ejército mantiene su presencia concentrada en el casco urbano. El hecho es especialmente delicado con la disidencia de Wálter Mendoza, que está en un proceso de diálogo con el Gobierno Petro y de hecho se alista para entregar 14 toneladas de material de guerra la próxima semana.
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Aunque se presentan como grupos con otra agenda, su modo de operar se centra en el control de la producción de hoja de coca y la minería artesanal. Algunas de las denuncias de pobladores que hablaron con este diario apuntan a un aumento en los laboratorios de pasta base que se instalan por la trocha que une a esas veredas, pero también de la minería ilegal, un negocio que ha venido sustituyendo el cultivo de esa planta de uso ilícito desde la crisis del precio de la coca.
“Eso está jodidísimo. Tanto el río Mechengue como el río Micay están llenos de gente haciendo minería. Hay lugares donde se ve la veta de la montaña y cómo por ahí se meten y se ven sobre los ríos dragas, maquinaria amarilla. Desde los satélites se ve. Hay unas fotos de estudios satelitales que se ven muy claritas las lagunas de mercurio. De ahí se está sacando muchísimo oro”, dijo a este diario un líder de la zona que prefirió no dar su nombre por razones de seguridad.
¿Y los planes de transformación territorial?
En medio de ese panorama, las promesas de transformación territorial avanzan lentamente. El hospital en obra, la carretera que aún no conecta con el Pacífico y la sustitución de cultivos, que no despegó, resumen el estado de las cosas.
Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación hizo inversión de COP 2.237 millones para llevar conexión a 16 escuelas en el municipio de Argelia. También fue reparada una antena de señal de celular y se entregaron 305 computadores para las ocho sedes educativas de El Plateado.
La sustitución de cultivos de uso ilícito también fue una de las promesas del Gobierno tras la intervención de El Plateado, que de hecho recibió críticas en su momento tras el anuncio hecho por el presidente Petro de comprar la hoja de coca.
En cambio de eso, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, al mando de Gloria Miranda, aplicó Renhacemos, el plan que reemplazó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que focalizaba puntos del país con más plantas de coca como el cañón del Micay, Catatumbo, Nariño y Putumayo, entre otros.
El 23 de septiembre, durante un debate de control político sobre la paz total, Miranda mostró que en Argelia hay 1.055 inscritos en ese plan, 578 familias aprobadas para sustituir 538 hectáreas con líneas productivas como café, plátano, maíz, cacao, ají y caña; sin embargo, no mostró de cuánto es el avance.
En los listados oficiales se registran proyectos de cacao, café y piscicultura; en el terreno, apenas se ven algunos viveros improvisados. Los campesinos lo explican sin rodeos: “Nadie se mete a un programa de sustitución si la hoja está a COP 3.000 la arroba”. La economía ilegal sigue siendo la más estable del lugar.
Sin embargo, el exalcalde Jonathan Patiño tiene una mirada más optimista. Reconoce que, pese a las dificultades, han llegado programas sociales básicos que han servido de alivio para la comunidad.
“La llegada de la renta ciudadana ha sido muy positiva para la gente; en medio de la crisis, esa ayuda ha marcado una diferencia”, asegura. También destaca la atención humanitaria de Naciones Unidas, la Unidad de Víctimas y otras agencias internacionales, cuya presencia ha contribuido a sostener a las familias más afectadas. “Ha habido presencia de instituciones, de altos funcionarios del Gobierno, y eso ha levantado un poco la moral y la confianza en el Estado”, agrega.
Riesgo electoral
Mientras tanto, el calendario electoral añade otro frente de tensión. Según el Ministerio del Interior, Argelia es uno de los 104 municipios del país con alto riesgo electoral por la presencia de grupos armados y economías ilegales.
En su alerta temprana, la Defensoría del Pueblo advierte sobre el constreñimiento de líderes comunitarios y presidentes de Juntas de Acción Comunal, usados como intermediarios de mensajes políticos por las estructuras armadas. En Cauca, menciona expresamente a Argelia y López de Micay.
En contexto: 104 municipios están en riesgo electoral: se prenden alertas por problemas de orden público
Aunque los pobladores advierten que la campaña aún es muy fría en el departamento —las consultas de los partidos no suelen llegar a la periferia del país—, la presión se está empezando a sentir. Varios líderes han recibido advertencias para “alinearse” con determinadas campañas. “Aquí nada se mueve sin permiso”, dice un habitante. “Si un candidato quiere entrar a una vereda, tiene que avisar. Si no lo hace, lo marcan. Eso no es democracia, es miedo”, explican.
En las elecciones pasadas, el material electoral llegó con retraso, custodiado por militares, y hubo zonas donde simplemente no se pudo votar. De hecho, este diario reveló un acuerdo entre el Gobierno y la disidencia de Mordisco que condicionaba la presencia del Ejército en El Plateado durante las elecciones del 29 de octubre de 2023.
El caso de El Plateado ilustra el límite de la estrategia estatal en el suroccidente: una intervención militar sostenida sin una respuesta social de igual profundidad.
Las propuestas del Gobierno, centradas en la recuperación territorial y la presencia de la fuerza pública, necesitan tiempo y no han logrado traducirse en transformaciones reales para la población. La ofensiva se consolidó en lo militar, pero se quedó corta en lo social como las obras avanzan con lentitud, los programas productivos no despegan y el tejido comunitario sigue fracturado.
Mientras el Ejército mantiene el control del casco urbano, las montañas circundantes continúan siendo un escenario de disputa entre viejos y nuevos actores armados. Un líder local lo resumió así: “Recuperar la plaza fue posible; recuperar la confianza, no.”
Tras un año de la Operación Perseo, el cañón del Micay sigue siendo el mismo tablero de guerra, solo con las fichas movidas de lugar.
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