La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el pasado viernes un paro armado en el país que durará 72 horas e irá hasta el próximo 17 de diciembre.
Durante las primeras 36 horas, el grupo armado ha perpetrado varias acciones violentas especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Santander y La Guajira.
Aunque no existe una definición única sobre los paros armados, sí se sabe que es una táctica usada en Perú por la guerrilla de Sendero Luminoso e imitado a partir de los años 90 en Colombia por grupos con las extintas FARC o el mismo ELN.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) una entidad de la Secretaría de las Naciones Unidas que coordina la respuesta global a emergencias humanitarias, define a un paro armado como “una acción armada generalizada en una zona designada y que típicamente se acompaña con prohibiciones de movilización de transporte y cubre tanto militares como civiles y, por ende se manifiesta a través de una declaración al público”.
Otras definiciones como la de los investigadores colombiano Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo, indican que se trata de un “uso de la violencia o la amenaza real de su uso por parte de un grupo armado para obligar a los ciudadanos a detener las actividades sociales y económicas por un tiempo determinado en un territorio especifico”.
Al final, es un mensaje político con el que un grupo armado busca presionar al Estado, mostrar poder y control territorial o infundir temor en las zonas donde hacen sus acciones violentas.
En la investigación Paros armados y guerra interna en Colombia, de Armando Mercado y Orlando Higuera, se afirma que una de las características sobre los paros es que implican la restricción de actividades, el tránsito y la movilidad.
“El paro armado implica el deseo del grupo irregular de, a través de la violencia o la amenaza de esta, la suspensión forzada de actividades económicas como el comercio, políticas como certámenes electorales o culturales como actividades festivas, recreativas o educativas”, dice la investigación.
Un paro armado es grave porque paraliza amplias regiones del país mediante el miedo, afecta directamente a la población civil y pone en evidencia la limitada capacidad del Estado para garantizar seguridad y movilidad.
Estas acciones suelen implicar confinamientos forzados -esto pasa, por ejemplo, en regiones como Chocó cuando la guerrilla impide la navegación por el río-, suspensión del comercio, cierre de escuelas y restricción al transporte, con impactos económicos y humanitarios inmediatos, especialmente en zonas históricamente abandonadas.
Además, el paro armado debilita la confianza en cualquier proceso de diálogo con ese grupo, refuerza su control territorial y envía un mensaje de desafío abierto al Gobierno, al demostrar que el ELN sigue usando la violencia como mecanismo de presión política y militar.
Justamente sobre esto, la delegación de Gobierno en ese proceso de paz -que está pausado hace un año- se pronunció y dijo que “la protesta contra las medidas del Gobierno norteamericano (que fue la razón que esgrimió el ELN para el paro) que se dirige contra las comunidades en el territorio carece de todo sentido”, dice el mensaje.
La Defensoría del Pueblo dijo en un comunicado de este lunes que los “paros armados” constituyen una “grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil, que no puede ser instrumentalizada ni sometida al miedo”.
Cilindros con explosivos, ataque a un peaje y otras acciones en este paro armado
Esto concuerda con las acciones que ha realizado el ELN. Los más recientes hechos violentos han sido un atentado contra el peaje La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. En el hecho una funcionaria resultó herida; y otra contrala una subestación de Policía de Cuatro Vías, en Maicao, La Guajira. Según el ministro de Defensa, hombres dispararon contra el lugar, aunque no se reportan personas heridas.
En carreteras de Norte de Santander el Ejército tuvo que desactivar controladamente dos cilindros bomba que paralizaron las vías entre Cúcuta y Pamplona y otro en la que comunica con Zulia.
En la Ruta del Sol, a la altura de Pelaya, en el sur del Cesar, la guerrilla atravesó una tractomula en la vía que dejó paralizado el tráfico por varias horas.
En Valdivia, Antioquia, hombres armados del ELN incineraron un bus intermunicipal que interceptaron en un retén ilegal en esa vía.
Según la investigación de Mercado e Higuera, entre 2000 y 2022 los grupos irregulares convocaron aproximadamente 87 paros armados en Colombia. De ese total, 31 fueron convocados por el ELN y 42 por las extintas FARC.
El documento afirma que la periodicidad está totalmente ligada con la coyuntura y que ello se ve con el ELN en que, por ejemplo, entre el 2005 y el 2009, está guerrilla no llevó a cabo ningún paro armado pues coincidían con las rondas de negociación que llevó a cabo ese grupo con Álvaro Uribe Vélez.
Así mismo, indica que en esos 22 años, Antioquia es el que más paros ha experimentado en la historia del conflicto armado en Colombia, seguido de Arauca. También han padecido este flagelo Putumayo, Chocó, Caquetá, Huila, Meta, Tolima o la zona del Sumapaz en Cundinamarca.
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