“Nuestro llamado es a la participación directa en los diálogos de paz con el ELN porque de nada sirve que el Gobierno de Petro se siente con el ELN y los grupos étnicos no participemos de esos diálogos. Las luchas que venimos dando en defensa del territorio y los recursos naturales también se dan sentados en la mesa, que nos escuchen porque la realidad que viven las comunidades del Chocó son diferentes al proceso de paz que adelantan”.
Estas fueron las palabras de la delegación del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) sobre su aporte en la nueva edición de la revista ‘Noche y Niebla’ sobre derechos humanos y violencia política en Colombia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). El FISCH participó en la construcción de la edición número 67 de la revista, denunciando la crisis humanitaria que viven las comunidades indígenas y afrocolombianas del Pacífico chocoano.
En 2022, Chocó ocupó el primer lugar en afectaciones por confinamiento con más de 100 mil víctimas y el segundo por desplazamiento forzado con 5.923 personas afectadas. Estos hechos también generaron despojo de tierras; falta de acceso a servicios básicos y alimentos; hacinamiento y aumento en el riesgo de violencias basadas en género.
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En este territorio, históricamente ha hecho presencia el Frente de Guerra Occidental ‘Omar Gómez’ del ELN, que el pasado 6 de agosto -junto a otras estructuras de esa guerrilla- manifestó que acatará y apoyará el cese al fuego bilateral de 180 días, a pesar de tener una postura crítica frente a esos diálogos de paz.
Para las organizaciones sociales del Chocó como el FISCH, el pronunciamiento de este frente generó una posibilidad de frenar las confrontaciones que se dan en el territorio, principalmente con las AGC o Clan del Golfo.
Además de participación directa, el FISCH señaló la importancia de que el gobierno acate el ‘Acuerdo Humanitario Ya’, una iniciativa que crearon desde 2017 en los primeros acercamientos entre el gobierno de Colombia y el ELN en Quito. El propósito de ese acuerdo -que consta de 11 exigencias- es el cese de las hostilidades para bajar la intensidad al conflicto, proporcionar alivios humanitarios para las comunidades étnicas del Chocó, que según el FISCH, son los mínimos para que una comunidad viva tranquila.
“Somos las comunidades las que hemos vivido la guerra, conocemos realmente lo que está sucediendo en los territorios entonces nuestra propuesta es que las negociaciones incluyan esa visión para poder vivir en paz en sus territorios”, aseguraron a Colombia+20 representantes del FISCH.
Aunque las delegaciones de ambas partes (Gobierno y ELN) crearon el Comité Nacional de Participación —mecanismo que se instaló el pasado 2 de agosto en Bogotá— conformada por 81 delegados de 30 organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos del país para recoger las propuestas de la sociedad civil en el proceso de paz y llevarlas a la mesa de negociación, el FISCH asegura que para Chocó esa participación debe funcionar diferente.
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El Foro señaló que todo el departamento está inmerso en la conflictividad y se deben realizar diálogos en las subregiones de San Juan, Pacífico, Baudó, Atrato y Darién. Dentro del protocolo que creó el Comité Nacional de Participación (CNP) hay encuentros regionales en diversas zonas, incluida una en Litoral Pacífico, que abarca Nariño, Cauca, Valle de Cauca y Chocó.
El FISCH pide que uno de esos encuentros sea exclusivamente hecho en Chocó con voceros de todas sus subregiones. “No hay una subregión del Chocó, ningún rincón donde no se esté viviendo el conflicto. Necesitamos atención integral y coordinada del Estado, y una jornada de gobierno para tomar decisiones estructurales para atender la crisis”, añadieron.
El diálogo de paz con el ELN cumplirá su quinto ciclo en noviembre en México. Mientras tanto, avanzan el cese al fuego bilateral que irá hasta febrero de 2024 y los preparativos para los diálogos regionales y nacionales del CNP.
Violencia en Colombia: 523 casos de violaciones de DD.HH. en primer semestre del 2023
La conflictividad en ese departamento no solo se ha dado a nivel rural, sino también urbano. Según documentó el FISCH en la revista ‘Noche y Niebla’, en Quibdó han asesinado 600 jóvenes entre 2016 y 2022 y tan solo en el primer trimestre del 2023, se reportaron 57 homicidios.
Esta situación ha posicionado a la capital del Chocó como una de las más violentas del país. Para frenar este tema, el gobierno Petro instaló un espacio de conversación sociojurídico -el pasado 18 de agosto- con tres de las cinco bandas criminales de Quibdó (Los Mexicanos, RPS y Locos Yam). Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), la tasa de homicidios se ha reducido un 54% desde que este proceso se inició.
El padre Javier Giraldo, investigador y fundador del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep manifestó que uno de los propósitos de la participación del FISCH en la revista es visibilizar las propuestas de paz de las comunidades étnicas del Pacífico que llevan décadas luchando por la paz y defensa de sus territorios
El lanzamiento de esa edición de ‘Noche y Niebla’ se realizó este miércoles 27 de septiembre en Bogotá. El documento, de 263 páginas, condensa 523 casos de violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violencia política-social cometidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año.
De los 523 casos, 210 corresponden a violaciones de derechos humanos a nivel individual, que afectaron a 116 hombres, 45 mujeres y 49 casos más de los que no se obtuvo información. Santander concentra la mayor cantidad de casos (52), seguido de Cauca con 37 victimizaciones y Antioquia con 36. El 84% de los casos fueron perpetrados por grupos paramilitares como AGC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, según documentó Cinep.
Las infracciones al derecho internacional humanitario documentadas en el primer semestre del 2023 fueron 102, de las cuales, 65 ocurrieron en Cauca y 16 en Nariño. El 96% de los casos fueron perpetrados por disidencias de las antiguas FARC y el ELN, actores que tienen control territorial en esos departamentos. Los homicidios y las amenazas fueron los hechos que más se perpetraron en este marco, principalmente contra hombres (70 casos).
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El Cinep documentó 360 victimizaciones bajo la categoría de violencia político-social, ocurridas mayoritariamente en Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, La Guajira, Putumayo, Bolívar y Nariño. En esta categoría entran acciones como judicialización arbitraria, desplazamiento forzado colectivo y violencia sexual.
El Banco de Datos del Cinep también documentó que en el primer semestre del año, 60 líderes sociales perdieron la vida y el asesinato de ocho firmantes de paz del Acuerdo de Paz. Uno de ellos fue el líder social Temístocles Beltrán, asesinado el pasado mes de junio en Copey (Cesar) por presuntos paramilitares. Aunque no se ha identificado claramente el autor de los hechos, en la zona hacen presencia las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo o AGC.