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Este lunes, a la 1:30 de la tarde, se instalará la instancia nacional del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVM) del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC), grupo que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016.
Se trata de una instancia de la que hacen parte cinco integrantes de esa guerrilla; cinco miembros de la Fuerza Pública, encabezados por el general Gerardo Benavides, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares (CCOET); delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Ministerio de Defensa y de la Conferencia Episcopal, que estará representada por el padre Eliécer Soto.
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El acto de instalación será privado y contará con la participación de la embajada de Noruega, que ha acompañado este proceso desde la primera reunión de exploración en septiembre del año pasado, y otras representaciones diplomáticas. El Gobierno gestionó el levantamiento de órdenes de captura para los representantes del EMC FARC.
El Estado Mayor Central de las FARC es el grupo más grande liderado, en su mayoría, por mandos medios de la extinta guerrilla que no se acogieron al Acuerdo Final. Se cree que tiene cerca de 3.200 personas en armas y un número no determinado de milicianos, distribuidos en 23 frentes y cinco grandes estructuras o bloques. Nació cuando Gentil Duarte e Iván Mordisco decidieron no firmar el Acuerdo Final y siguieron en la guerra.
El acuerdo que prevé la creación de este MVMV se firmó el pasado 8 de febrero y dispone que esta instancia nacional sesione en Bogotá y cuente equipos locales que se desplegarán en un número aún no determinado de lugares donde hace presencia este grupo armado.
El documento define el cese al fuego bilateral como la suspensión de acciones ofensivas entre las partes que está vigente desde el pasado 1 de enero hasta el 30 de junio de este año.
La instalación ocurre una semana después de que se llevara a cabo, en las sabanas del Yarí (Caquetá) un acto en el que participaron los principales jefes del EMC FARC y cerca de 10 mil personas de organizaciones sociales de 16 departamentos del país.
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Entre las funciones del mecanismo están monitorear el cumplimiento del acuerdo, emitir conceptos técnicos sobre los incidentes que ocurran, hacer recomendaciones y analizar de manera imparcial los posibles incumplimientos. Además, deberán presentar informes cada dos meses. Los integrantes de este mecanismo no pueden usar armas de ningún tipo.
Los integrantes del mecanismo han sostenido varias reuniones tendientes a acordar varios protocolos que aún faltan, como la definición de los lugares donde funcionarán los equipos locales y los lugares donde se ubicarán las tropas del EMC FARC para entregar la información de georreferenciación al Ministerio de Defensa.
El acuerdo firmado el 8 de febrero establece que: “Cualquier grupo armado diferente al Estado Mayor Central de las FARC EP que incursione con intenciones hostiles en el área de los frentes previamente georreferenciados, estará sujeto a la acción legítima del Estado para el uso y aplicación de la fuerza.
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También prevé que las autoridades militares y policiales continuarán sus operaciones ofensivas frente a aquellos grupos con los que no hay cese al fuego.
En las zonas donde hacen presencia las estructuras de esa guerrilla el Estado podrá adelantar procedimientos judiciales y policiales, pero deben ser comunicados al mecanismo de monitoreo, veeduría y verificación y a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP. Las autoridades civiles y las Juntas de Acción Comunal tienen plena autonomía y su labor no será obstaculizada.
También se acordó que las partes respetarán la misión médica, la atención de emergencias, la prestación de los servicios médicos y la vida e integridad de los pobladores que habiten las zonas donde estén las estructuras guerrilleras.
No podrán atentar contra la población civil, impedir el transporte de víveres ni obstaculizar la labor del mecanismo y están obligados a presentar la información para que este cumpla su labor. Los integrantes de la guerrilla no pondrán estar armados en los centros poblados ni interferir en procesos electorales. Tampoco podrán transitar por vías primarias.
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Las guardias indígenas, campesinas y cimarronas que estén en los territorios podrán entregar información para prevenir e informar al mecanismo.
Antes de que se instalara este mecanismo funcionó de manera informal una comisión de crisis, conformada por un delegado de las disidencias, representantes de la Fuerza Pública, del ministerio de Defensa y la oficina del comisionado de paz. La MAPP OEA, la Misión de Verificacion de la ONU y la embajada de Noruega estuvieron acompañando las sesiones que se desarrollaron cada semana. A través de whatsapp estas personas coordinaron acciones para solucionar incidentes y mantener un canal de comunicación directa que permitiera evitar enfrentamientos entre las partes.